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Otros tres imputados en caso “Casas Contenedores” se defenderán en libertad

El Juzgado en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dicto este jueves medidas sustitutivas a la detención judicial a tres personas, entre ellas la exdirectora de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza), por el caso “Casas Contenedores”.

Los imputados son Sonia Margarita Morales (exdirectora de Coalianza), Lizeth VillatoroEdmundo Cuadra, acusados de la comisión del delito de administración fraudulenta.

La audiencia inicial fue programada para el viernes 16 de agosto.

Por este caso ya se han presentado el arquitecto Mario León GómezFany Michell Montoya y Juan Ramón Cruz (exdirector de Fosovi), quien fue capturado, pero está con medidas por ser de la tercera edad.

El pasado 30 de julio, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción en contra del exministro de la Presidencia, Ebal Díaz y más de una decena de exfuncionarios de gobierno.

Según la acusación, el exministro Díaz presidió el consejo de administración del Instituto de la Propiedad (IP) y dirigió una estructura criminal para orquestar un fraude para el desarrollo de un proyecto habitacional para más de 10 mil familias hondureñas.

Los otros imputados son: Zonia Margarita Morales (expresidenta de Coalianza), Lizeth Guadalupe Villatoro (delegada de una institución bancaria), Mario León Gómez (exfuncionario de la Secretaría de la Presidencia).

Igualmente, son imputados Rolando Federico Poujol, Juan Ramón Cruz Carbajal, Edmundo del Carmen Cuadra, José Fernando Cálix Bonilla, Myrna Isabel Mejía Flores, Dino Rieti, Francis Yamileth Rodríguez, Lis María Moncada Pineda, Luis Roberto Aparicio Godoy, Óscar Rolando Mendoza Cáceres y Tania Michelle Montoya, quienes estaban relacionados con la unidad ejecutora y coordinadora de proyectos.

Estas personas son señaladas por el proyecto habitacional “Residencial Morazán” en la que se defraudó al Estado 294 millones de lempiras.