Los partidos Nacional y Liberal calificaron este martes como persecución política las acciones de la comisión investigadora del Congreso Nacional, que investiga al exfiscal general, Óscar Chinchilla, y el exfiscal general adjunto, Daniel Sibrián.
El Partido Liberal, en su comunicado, denuncia «la mala intención de instrumentalización con fines de persecución política» por parte de la junta directiva del Congreso Nacional, liderada por el presidente Luis Redondo.
El partido sostiene que la comisión investigadora es «ilegal» y que «está orquestando acusaciones infundadas contra Sibrián».
Por su parte, el Partido Nacional acusa a la Junta Directiva «ilegal» del Congreso Nacional de instrumentalizar el Ministerio Público para «perseguir al fiscal general adjunto, Sibrián, y a la oposición política».
Según el comunicado del Partido Nacional, la comisión de diputados estaría presentando informes espurios con el objetivo de intimidar a la oposición política, en especial al jefe de la bancada, Tomás Zambrano.
Ambas fuerzas políticas coincidieron en solidarizarse y respaldar al fiscal general adjunto, Daniel Sibrián, alegando que las acusaciones en su contra «son infundadas y forman parte de una estrategia del gobierno de Libre para silenciar a la oposición».
Controversia
El 31 de agosto, Daniel Sibrián, quien desempeñaba el cargo de fiscal general adjunto durante el período 2018-2023, y el exfiscal general Óscar Chinchilla concluyeron su mandato constitucional de cinco años.
No obstante, Sibrián optó por mantenerse en su posición y asumir las responsabilidades propias del fiscal general, respaldándose en una interpretación de la Sala de lo Constitucional de la CSJ respecto al artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Dicha interpretación permite a los funcionarios elegidos por el Congreso Nacional permanecer en funciones hasta que se designen a sus sucesores.
Sin embargo, el 1 de noviembre, la Comisión Permanente del Congreso Nacional, presidida por Luis Redondo y compuesta por ocho diputados afiliados al oficialismo, designó de manera interina a Johel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal general adjunto, argumentando la existencia de una vacancia absoluta.
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