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Oficialismo y oposición nombran comisiones paralelas que evaluarán candidatos al TSC

La Comisión Permanente del Congreso Nacional, junto con la oposición autoconvocada, designaron comisiones paralelas para evaluar a los aspirantes a magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), evidenciando la división que existe en el Legislativo.

La convocatoria oficialista de una comisión especial para evaluar a los aspirantes a magistrados del TSC del período 2023-2030 que presenten sus hojas de vida entre 27 de noviembre y el 4 de diciembre, incluye a diputados de todos los partidos políticos.

En esta comisión se nombró a Luz Smith, Rafael Sarmiento, Isis Cuéllar, Luis Ortega y Mario Portillo, de Libertad y Refundación (Libre); Mario Segura y Héctor Cerrato, del Partido LiberalRicardo Jaar, del Partido Nacional.

Asimismo, Román Morán, del Partido Salvador de Honduras (PSH); Karen Martínez, del Partido Anticorrupción (PAC); y Carlos Raudales, de la Democracia Cristiana (DC).

Simultáneamente, la oposición autoconvocada, integrada por los partidos Nacional, Liberal y PSH, también formó una comisión para examinar requisitos y presentar al pleno legislativo la nómina de candidatos.

Esta comisión cuenta con Valeska VelenzuelaKathia Crivelli Rumy Bueso, del Partido LiberalEder Mejía, Tania Pinto y Teresa Calix, del Partido NacionalRafael Sarmiento, Silvia Ayala y Luz Smith, de LibreOsman Chávez, Suyapa Figueroa y Carlos Umaña, del PSH.

Los requisitos para los aspirantes a magistrados del TSC incluyen ser hondureño por nacimiento, mayor de 35 años, ciudadano en ejercicio de sus derechos, reconocida honradez, y poseer título universitario en áreas económicas, administrativas, jurídicas o financieras.

La elección de las nuevas autoridades del TSC para el período 2023-2030 requiere 65 votos, y los actuales magistrados dejarán sus cargos el próximo 6 de diciembre.

Crisis y división

Sin embargo, el problema radica en la crisis política por la constante divergencia entre el oficialismo y la oposición respecto a la Comisión Permanente nombrada el 31 de octubre y la extensión del periodo de sesiones aprobada por más de 65 diputados de la oposición.

El conflicto se agravó el 1 de noviembre cuando la Comisión Permanente designó interinamente a Johel Zelaya Mario Morazán como fiscal general y fiscal general adjunto, respectivamente.

Esta acción, basada en el artículo 208 de la Constitución, es cuestionada por la oposición, que ha solicitado mediación internacional y de la sociedad civil de cara a la inauguración de la tercera legislatura el 25 de enero de 2024.