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MP presenta 44 medios de prueba en audiencia inicial contra exempleados del INP

El Ministerio Público propuso 11 medios de prueba testificales, 30 documentales y 3 periciales en el caso por fraude contra seis imputados de cobrar la indemnización que correspondía a familiares de reos que murieron en un incendio en el antiguo centro penal de San Pedro Sula, Cortés en 2004.

Sin embargo, por la complejidad del caso, los cinco defensores solicitaron la suspensión de la audiencia para revisar la carga probatoria. Se programó la continuación de la audiencia para el miércoles 3 de enero de 2024.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), en la audiencia inicial de los exempleados del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Silvio Javier Morales Rodríguez, Carlos René Aguilar Sevilla y Albertina Eduviges Gómez Canales, así como de los notarios públicos Laureano Carvajal Rivas, Pedro Armando Santos Martínez y Farid Sanabria Polanco, presentó los medios de prueba.

A estas personas se les acusa del delito de fraude porque, según el ente fiscal, «se valieron del dolor de 50 familias que perdieron a sus seres queridos en el incendio del centro penal de San Pedro Sula en mayo de 2004, donde lamentablemente fallecieron más de 107 personas privadas de libertad».

Los hechos

Según la relación de los hechos investigados, tras las trágicas muertes, los familiares de los fallecidos presentaron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso conocido como «Pacheco Teruel y Otros».

En 2012, se determinó mediante sentencia que el Estado de Honduras debía pagar una indemnización de L317,289.72, a cada una de las familias.

Estos fondos empezaron a pagarse en 2017, después de que la directora del INP creara una comisión para cumplir con la sentencia.

No obstante, el Ministerio Público descubrió que 49 cheques pertenecientes a igual número de familias no fueron cambiados en el Banco Central de Honduras (BCH) por las personas autorizadas.

«Se encontraron inconsistencias en la documentación, firmas y huellas de los afectados, así como la falta de autorización de muchos expedientes por parte de la comisión creada en el INP», explica en un comunicado la Fiscalía.

Se determinó que una misma persona, con poderes no otorgados por las víctimas, cambió ilegalmente estos cheques, privando a varias familias de la compensación que se ordenó pagar».

Las capturas relacionadas con este caso fueron llevadas a cabo por equipos de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Nacional.

Estos equipos continúan investigando a otras personas involucradas en este caso.