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Ministro admite participación de exmiembros de fuerzas de seguridad en desapariciones

El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, confirmó este miércoles la implicación de exmiembros de la Policía y exmilitares en las recientes desapariciones masivas en el norte de Honduras.

Aunque no ofreció detalles específicos debido a que las investigaciones están en curso, mencionó que los secuestros ocurridos en Tela (Atlántida) y Baracoa (Cortés) involucran a elementos previamente vinculados a las fuerzas de seguridad.

Sánchez respondió a las declaraciones del abogado Carlos Chajtur, quien afirmó que expolicías y exmilitares están involucrados en estos secuestros. El ministro señaló que Chajtur “dice algunas verdades a medias” y que es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad proporcionar un panorama completo y equilibrado.

“Uno de los secuestrados que él menciona que es ingeniero es hermano de alias ‘Chafalo’ pedido en extradición y está en la PN (Penitenciaría Nacional). El abogado Chajtur es el abogado de él, es una acción lícita profesional de él porque es abogado, pero coincidentemente también fue abogado de (Julissa) Bandy, de Magdaleno Meza, fue abogado de otro narcotraficante pedido en extradición que no recuerdo”, puntualizó Sánchez.

El ministro reconoció la existencia de expolicías y exmilitares tanto entre los secuestrados como entre los secuestradores, pero subrayó que esto no implica que la Policía como institución sea el problema. Sánchez describió que las fuerzas de seguridad del Estado están enfrentando a “estructuras criminales uniformadas con un gran equipo táctico”.

“Lo que hay que dejar claro es que las bandas criminales como se han atomizado por el descabezamiento y la histórica extradición de personas están replanteando un mercado criminal”, explicó el ministro.

Además, Sánchez indicó que han solicitado al Poder Legislativo una reforma que incremente las penas en un tercio para aquellos que porten uniformes o vestimentas similares a las de policías y militares durante la comisión de delitos.

Finalmente, argumentó que los uniformes policiales están registrados e inventariados con chip, lo que dificulta que un miembro de la institución los preste, ya que esto conlleva el riesgo de ser imputado por un delito penal.

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