El ascenso de Bernardo Arévalo a la cima del poder en Guatemala se ha vuelto una carrera de obstáculos que ni siquiera su amplio triunfo electoral eliminó por completo.
Luego de ser elegido presidente guatemalteco en un balotaje el 20 de agosto con un 60.9% de apoyos y con un discurso anticorrupción, Arévalo ha denunciado un intento de “golpe de Estado” para evitar que asuma el cargo el 14 de enero.
Este sociólogo y diplomático de 65 años denuncia que las tentativas de burlar los resultados electorales por parte de funcionarios públicos corruptos incluyen la suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla, el partido progresista cofundado por él.
El Ministerio Público asegura que hay irregularidades en la constitución del partido del presidente electo.
Arévalo señala en concreto a la fiscal general Consuelo Porras, a la que pide que dimita después de que ordenara allanar el Tribunal Supremo Electoral alegando presuntas anomalías en los comicios ganados por Arévalo.
Porras ha sido incluida por Estados Unidos en una lista de actores corruptos y antidemocráticos por su polémica gestión, pero cuenta con el respaldo del actual presidente, Alejandro Giammattei.
El conflicto generó protestas las últimas semanas en Guatemala a favor de Arévalo, que dio la sorpresa en las elecciones y se convertirá en el presidente más progresista desde el retorno a la democracia hace casi 40 años
“Están fabricando causas para tratar de criminalizar a distintos actores. No me cabe duda que lo pueden llegar a hacer en contra mía y de los demás”, dice Arévalo en una entrevista con BBC Mundo.
Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con este experto en resolución de conflictos, que fue electo diputado en 2019 poco después de entrar a la política y es hijo de Juan José Arévalo, considerado el primer presidente democráticamente electo en Guatemala.
Usted ha dicho que en Guatemala parece haber un “golpe de Estado en cámara lenta” para evitar su investidura el 14 de enero. ¿Puede identificar quiénes concretamente buscan impedir que asuma como presidente?
Ha sido muy claro que la persecución política contra el proceso electoral, que se ha ampliado incluso a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la está llevando a cabo el Ministerio Público: la fiscal general de la República con fiscales a su cargo. Entre ellos, el fiscal especial Rafael Curruchiche.
Es una persecución política que se hace de manera absolutamente ilegal, violando competencias establecidas constitucionalmente.
Y es por ese medio que se está intentando violentar la voluntad popular expresada libremente en las elecciones.
Usted ha denunciado que estos funcionarios que menciona no actúan a nombre propio sino que defienden los intereses de otros…
En Guatemala hemos sufrido en las últimas dos décadas un proceso de cooptación de las instituciones del Estado por una élite política criminal que, organizándose en partidos políticos, pasó a asaltar las alcaldías, el Congreso de la República y otros espacios del Estado.
Es desde ahí donde se ha montado este aparato. Y convergen una serie de actores. Políticos corruptos, evidentemente. Hay por ejemplo constructores corruptos. Una serie de actores en distintos espacios que están articulados como una élite político criminal que busca facilitar la corrupción en el Estado.
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