El Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción en audiencia de declaración de imputado dictó medidas sustitutivas a dos exfuncionarios públicos implicados en el arrendamiento de propiedades sin soporte legal.
Los imputados son el extitular de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Rigoberto Portillo Mejía; y el exdirector de fiscales del Ministerio Público, Jaime Banegas.
El Ministerio Público acusa a los dos profesionales del derecho de la comisión de los delitos de estafa, asociación para delinquir, uso de información privilegiada, concusión y malversación por aplicación oficial diferente.
Ambos deberán presentarse cada 15 días en la secretaría de los Juzgados, no podrán salir del país, prohibido comunicarse entre ellos mismos y acudir al domicilio del testigo protegido.
La audiencia inicial fue programada para el miércoles 7 de mayo a las 10:00 de la mañana.
Según el requerimiento fiscal, un empresario hotelero firmó en 2024 un contrato de arrendamiento con la OABI tras la incautación de varios bienes inmuebles.
No obstante, los empleados y funcionarios utilizaron la información privilegiada en asociación con un abogado realizaron contratos ficticios sin entregar copias a los arrendatarios, cobrando altas sumas de dinero que depositaban en cuentas personales, sin registrar los ingresos en las cuentas oficiales de la OABI.
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