Honduras destaca entre los países peor evaluados de la región en los índices internacionales en materia de libertades ciudadanas destacó este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en el marco de la séptima entrega de la serie Estado de país, donde concluye que el espacio cívico en Honduras es cerrado.
Con acciones como ataques contra periodistas, defensores del medio ambiente y comunidades indígenas, en medio de conflictos sociales y políticos, las puntuaciones para Honduras lo colocan entre las últimas posiciones, donde también están Nicaragua, Venezuela y Cuba.
“Lastimosamente el espacio cívico en Honduras también está bajo presión, es un espacio cerrado, es un espacio que se ha ido desconstruyendo”, señaló el director de Transparencia y Democracia de ASJ, Juan Carlos Aguilar.
El capítulo hondureño de Transparencia Internacional alertó sobre el deterioro del espacio cívico abierto, libre y seguro, mediante el debilitamiento de libertad de expresión y prensa, participación ciudadana y defensa de grupos vulnerables, con base en mediciones internacionales de organizaciones como: Freedom House, Civicus Monitor, Reporteros sin fronteras, World Justice Project y Transparencia Internacional.
“Los derechos humanos de libertad de opinión y de reunión en Honduras van en picada, Xiomara Castro, será que su gobierno se pone a analizar y generar los espacios y respeto pertinente”, pidió el dirigente del Partido Liberal, José Luis Moncada.
Libertades restringidas
El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Osman Reyes expresó que no se puede negar que la reducción de los espacios cívicos es notable. “Hoy usted dice algo y levanta la voz, y usted inmediatamente es corrupto, usted defiende la narcodictadura, por qué usted no dijo nada durante los últimos 12 años”, dijo Reyes al enfatizar que “ejercer el periodismo en Honduras, es una profesión de altísimo riesgo”.

El periodista dijo que los comunicadores cada día tienen más dificultades para realizar su trabajo y recordó que más de 100 personas vinculadas a los medios de comunicación han fallecido en los últimos años, donde la investigación es nula, con apenas un 3 % de casos resueltos.
La impunidad hace más vulnerable a los comunicadores sociales, a lo que se le suma la delincuencia común y organizada que también ha hecho que muchos periodistas callen, que se autocensuren y haya temas que no entren en la agenda.
Por otra parte, la situación del gobierno, dónde “estamos en un momento complicado, en una atmósfera bastante difícil”.
“Como pocas veces, el periodismo se ha visto golpeado en los últimos años, ya no se trata de debatir la idea, no se habla de combatir el contenido que llevamos sino que descalificar, mancillar la imagen del mensajero”, lamentó.
Reyes mencionó que en la actualidad la amenaza es directa, y enumeró casos como el de la periodista y defensora de la libertad de expresión, Dina Meza donde la amenaza de hostigamiento es directa, igual que el más reciente de la periodista Thelma Mejía, quien denunció ataques y amenazas de tropas digitales y activistas ligados al oficialismo.
Una Sociedad civil dividida
Dunia Orellana, de Reportar sin Miedo, dijo que la investigación se quedó corta porque no recoge todas las violaciones a derechos humanos que hay en el país, como las denuncias que ha realizado la líder garífuna Mirian Miranda por la complicidad del Estado de no hacer cumplir los derechos de los garífunas.
“Cuando se es una mujer periodista en este país y disidente sexual abiertamente y funda un medio como Reportar sin miedo, el odio es manifestado a través de múltiples plataformas”, afirmó al agregar que el odio no solo viene del gobierno, también hay otros sectores.
“¿Cómo es posible que Radio Progreso el año pasado perdió 15 años de su historia por un ataque digital justamente cuando iban a presentar un informe de opinión pública?”, cuestionó.
Orellana lamentó que los espacios cívicos cada vez son menores, mientras la sociedad civil está dividida entre los pro gobierno y los anti gobierno.

La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos concluyó que el ataque de manera frontal y directo es contra todos los sectores que no están de acuerdo con lo que está pasando con el gobierno.
“Cuando hablamos de la poca libertad, si es que todavía la tenemos, podemos referirnos a que se ve puesta en riesgo por el uso desmedido e intimidatorio de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional suele ser en este momento instrumento para generar un esquema de control y acondicionar una garantía poca a la ciudadanía”, dijo Castellanos.
La abogada Castellanos refirió a la descomunal ola de ataques y acciones de desprestigio a opositores por medio de redes sociales a través de granjas de bots y más allá de los funcionarios públicos polémicos que atacan de manera desmedida y que reaccionan de manera compulsiva a los informes que desde las organizaciones de sociedad civil se presentan.
«Tanto los periodistas como los representantes de sociedad civil hemos vivido esos ataques de manera visceral, directa y continúan haciéndolo y no importa la crítica, lo que importa es contrarrestar los números, las letras que nosotros estamos diciendo de manera objetiva», afirmó.
Mediciones internacionales
Las mediciones en referencia incluyen al Índice Internacional Cívicus, donde desde 2018, considera que Honduras posee un espacio cívico reprimido.
Con un índice de 37/100 en 2022 y 36/100 en 2023, Civicus apunta que “en Honduras, aquellos trabajando en temas relacionados a tierra, el ambiente y conflictos agrarios continúan en gran riesgo de violencia, particularmente las comunidades indígenas y garífunas”.
Es alarmante que, en 2023, Honduras ocupaba el segundo lugar del mundo con más asesinatos de defensores de derechos humanos per cápita. Desde 2012, más de 176 defensores han sido asesinados, incluyendo algunos que gozaban de medidas de protección, según Frontline Defenders.
Por su parte, Freedom House, indica que Honduras es considerado un país parcialmente libre, con 48 puntos de 100 posibles. A nivel regional, solo Nicaragua posee un menor grado de libertades cívicas y políticas reales.

Según Reporteros sin fronteras, también la libertad de prensa se ha venido deteriorando en los últimos años. El Global Score de Reporteros sin fronteras calificó a Honduras con 32.6 puntos en 2023, 39.4 menos que en 2015.
“La prensa hondureña vive un lento descenso al infierno desde hace más de una década, tras el golpe de Estado de 2009. El país sigue siendo uno de los más mortíferos para el periodismo en el continente americano, lo cual crea un clima de autocensura y miedo en la prensa”, indica el informe.
En cuanto a protección de grupos vulnerables, los homicidios de mujeres aumentaron un 23 % el último año y los de miembros de la comunidad LGBTIQ+ subieron 12 %.
Otro de los estudios presentados durante la jornada fue el Índice de Ambiente Habilitante donde Honduras ocupa la posición 77 de 109 países.
Este ranking mide el ambiente en que trabaja la sociedad civil en el país, “las trabas que se generan desde los gobiernos, donde no solamente son los ataques, insultos y la desacreditación de los informes y las organizaciones sino que ir más allá, con herramientas legales en contra de las organizaciones de sociedad civil”, pormenorizó Aguilar.
Un cese a las campañas de odio
Ante la situación imperante, ASJ hace un llamado al gobierno a cesar las campañas de odio y desprestigio contra ONGs, diplomáticos, periodistas y otros, y permitirse escuchar las críticas constructivas para hacer los cambios necesarios que la población hondureña merece.
En particular, insta a la Secretaría de Derechos Humanos a fortalecer el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y al Ministerio Público, a reducir la impunidad de homicidios de defensores, activistas y periodistas.
“Estado de país” es una iniciativa de ASJ y su centro de pensamiento, el Instituto de la Justicia, lanzada en 2022 para identificar problemáticas que afectan a la ciudadanía y, a partir de estas, generar recomendaciones de mejora.
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