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Madres embarazadas y organizaciones demandan proteger ciudadanía por derecho de nacimiento

En el primer día de su segundo mandato como presidente, Donald Trump firmó una serie de decretos y en particular, el entorno de la inmigración acaparó las miradas, luego de que uno de esos decretos, denominado “Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, apunta a redefinir la ciudadanía por derecho de nacimiento, el proceso que garantiza a todos los nacidos en Estados Unidos obtener automáticamente la ciudadanía, no así el caso de los hijos de inmigrantes.

Ante la polémica decisión, un grupo de gobernadores del Partido Demócrata llevó a los tribunales una de las medidas aplicadas por el presidente en su primer día, pero no fueron los únicos en alzar la voz, pues cinco madres embarazadas y las organizaciones CASA y el Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP) presentaron una demanda en respuesta a la emisión de la Orden Ejecutiva.

Mediante un comunicado conjunto, la demanda  acusa que se pretende poner fin al derecho constitucional de ciudadanía por nacimiento previsto explícitamente en la Decimocuarta Enmienda.

Dicha demanda fue presentada en el Distrito de Maryland y está siendo litigada por ASAP, CASA y el Instituto de Defensa y Protección Constitucional (ICAP) de la Facultad de Derecho de Georgetown.

¿Qué dice la orden firmada por Trump?

Según detalló la propia Casa Blanca, “La 14ª Enmienda nunca ha sido interpretada como una extensión universal de la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos… siempre ha excluido de la ciudadanía por derecho de nacimiento a las personas que nacieron en Estados Unidos, pero (que) no ‘están sujetas a su jurisdicción’”.

En ese sentido, el Gobierno Federal establece que los hijos de inmigrantes indocumentados no están “sujetos a la jurisdicción” de EE.UU. y, por lo tanto, no deberían ser considerados ciudadanos.

Demandas desde el vientre

“Cuando huí de la persecución en mi país, encontré un nuevo hogar en Estados Unidos y estoy orgullosa de la vida que mi marido y yo hemos construido en este país durante los últimos seis años”, dijo Mónica, una madre embarazada, miembro de ASAP, solicitante de asilo y demandante nombrada en la demanda.

Estoy sorprendida de que el gobierno no quiera que mi hijo nacido en Estados Unidos tenga la ciudadanía estadounidense. Tengo miedo por mi hijo y por nuestra familia, especialmente porque no podemos regresar a nuestro país ni conseguir que nuestro hijo obtenga otra ciudadanía; no sé qué haremos”, continuó.

Otra demandante es Maribel, miembro de CASA y que ha vivido en los Estados Unidos durante casi dos décadas.  Tiene dos hijos que nacieron en este país y que hoy de nuevo se encuentra embarazada compartió: “Tengo miedo de que a mi hijo por nacer se le nieguen los derechos básicos que disfrutan mis otros hijos, incluido el acceso a la atención médica y a una educación de calidad. Sin las protecciones de la ciudadanía estadounidense, la administración Trump podría incluso intentar arrebatarme a mi bebé a mí y a nuestra familia y deportarlos a un país que nunca han conocido. Es profundamente incorrecto someter a un bebé recién nacido a tal crueldad”.

“Esta Orden Ejecutiva socava la esencia misma de nuestra democracia y representa un ataque directo a la constitución. Al intentar negar la ciudadanía estadounidense a los niños nacidos dentro de nuestras fronteras, basándose únicamente en el estatus migratorio de sus padres, el presidente Trump está tratando de poner patas arriba siglos de historia y protecciones legales establecidas mediante decretos ejecutivos. Esto no se puede tolerar”, dijo Nicholas Katz, Asesor General de la organización CASA.

“CASA está comprometida a proteger a nuestros miembros y defender sus derechos, mientras continúa luchando por un sistema de inmigración justo y equitativo, basado en la dignidad y el respeto por todas las personas”, aseguró.

“La ciudadanía por derecho de nacimiento está garantizada por la Decimocuarta Enmienda y ha sido reconocida por la Corte Suprema como ley del país durante más de 100 años”, dijo Rupa Bhattacharyya, Directora Jurídica de ICAP. “El Presidente de los Estados Unidos no tiene poder para enmendar la Constitución de un plumazo en una Orden Ejecutiva. Confiamos en que la Corte corregirá esta extralimitación y garantizará que todos los bebés nacidos en los Estados Unidos reciban su ciudadanía legítima y todos los privilegios y beneficios que se derivan de ella”.

“Esta orden ejecutiva ha creado caos y confusión en las comunidades inmigrantes y entre nuestros miembros, ya que muchos solicitantes de asilo se preguntan si sus hijos nacidos en Estados Unidos tendrán que solicitar asilo”, dijo Swapna Reddy, codirectora ejecutiva de ASAP.

“Nuestros miembros, como tantos otros padres inmigrantes en los Estados Unidos en este momento, tienen miedo: miedo de que sus hijos no puedan vivir una vida estable sin temor y miedo de que sus hijos no pertenezcan al único país que han conocido. Hace más de 150 años, las personas negras trabajaron juntas para garantizar un derecho más igualitario a la ciudadanía estadounidense, y ahora estamos orgullosos de defender este derecho para nuestros miembros, más de 90,000 de los cuales son negros”, sentenció.