l representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró que la política arancelaria de la administración de Donald Trump se mantiene intacta, pese al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró ilegal la imposición unilateral de varios gravámenes amparados en una ley de emergencia de 1977.
“La política no ha cambiado. Lo que podría cambiar es la herramienta legal para implementarla”, afirmó Greer en entrevista a medios de EE.UU., subrayando que la Casa Blanca busca “la mayor continuidad posible” para dar certidumbre a las empresas.
El viernes, el máximo tribunal determinó, en una decisión de 6-3, que el presidente se equivocó al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para justificar aranceles globales. La mayoría sostuvo que la facultad de imponer impuestos recae en el Congreso.
Lejos de retroceder, Trump respondió anunciando un nuevo arancel general del 10% —que al día siguiente elevó a 15%— utilizando la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición que permite aplicar gravámenes temporales por hasta 150 días sin aprobación legislativa.
Nuevas vías legales y presión política
Greer reconoció que el fallo limita la flexibilidad del Ejecutivo, pero insistió en que Washington recurrirá a otros instrumentos legales, como las secciones 301 y 232, para sostener su estrategia comercial. “Seguiremos adelante”, dijo en el programa “This Week”.
El funcionario también afirmó que los acuerdos arancelarios alcanzados con socios como la Unión Europea, Japón y el Reino Unido no están en riesgo. “No he escuchado a nadie decir que el acuerdo está cancelado”, declaró a CBS, aunque admitió que varios gobiernos esperan claridad sobre los próximos pasos de la Casa Blanca.
Desde el Capitolio, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, celebró la decisión judicial y acusó a Trump de extralimitarse. “Un presidente no puede ignorar al Congreso e imponer aranceles unilateralmente”, dijo.
En contraste, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la estrategia y sostuvo que la meta es relocalizar fábricas y reducir los déficits comerciales. Aseguró que las proyecciones de ingresos por aranceles para 2026 se mantienen sin cambios.
Mientras tanto, la administración deja en manos de tribunales inferiores la posible devolución de aranceles ya cobrados a empresas estadounidenses. Para Greer, la prioridad sigue siendo clara: mantener la presión comercial y enviar el mensaje de que la dirección económica del gobierno no se modifica, pese al revés judicial.
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