¿Dónde está Rocío?”
Este fue el mensaje y la etiqueta en redes sociales que durante días se desplegaron en Venezuela y cruzaron fronteras. Y se refería a Rocío San Miguel, activista de derechos humanos y conocida crítica del gobierno de Nicolás Maduro.
El pasado viernes fue detenida y no fue hasta el domingo que el fiscal general del Estado, Tarek William Saab, confirmó su aprehensión y la acusó de participar en una supuesta conspiración para atentar contra la vida del presidente venezolano.
Este martes la presentaron ante tribunales bajo los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, pero sin que pudiera comunicarse con su equipo de abogados.
Cuatro días después de su detención, su equipo de abogados supo por fin que se encuentra recluida en el Helicoide, cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Se le imputaron los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.
San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, no fue la única detenida el pasado fin de semana dentro de su entorno cercano.
Su hija, dos de sus hermanos, su exmarido y otra expareja de San Miguel también fueron detenidos. Este martes excarcelaron a cuatro de ellos pero con la prohibición de salir del país o declarar a los medios y con la obligación de presentarse periódicamente ante la justicia.
En cambio, Alejandro González De Canales, expareja de San Miguel, sigue detenido en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Tanto San Miguel como González están incomunicados desde su detención, se desconocen sus condiciones de salud y no han podido contar con defensa privada.
Diversas ONGs venezolanas denuncian que estas detenciones están dentro de un “patrón de persecución política”.
Y apuntan que se intensificó en las últimas semanas.
Solo en lo que va de año 36 personas críticas al gobierno fueron detenidas, sin contar las del entorno de San Miguel.
Todo en el marco de un año en el que, aunque aún sin fecha, se espera que se celebren elecciones presidenciales.
Y también en medio de un tira y afloja de acuerdos y conversaciones sostenidas en Barbados entre el gobierno de Maduro y la oposición para que los comicios se celebren de manera libre y justa.
Un escenario que, para los grupos de derechos humanos es, más que de avance, de retrocesos como lo demuestra la inhabilitación de la candidata opositora, María Corina Machado.
Estados Unidos relajó sanciones para luego volver a endurecerlas como reflejo del vaivén político.
El caso de San Miguel
El viernes 9 de febrero San Miguel estaba en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, cuando la detuvieron. Por ahora se desconoce también por qué organismo de seguridad.
El domingo 11, en horas de la tarde en Venezuela, el fiscal general Saab, denunciado por la oposición como un aliado de Maduro, confirmó la detención de la activista.
El motivo era que está “presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada Brazalete Blanco, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del Jefe de Estado Nicolás Maduro y otros altos funcionarios”, escribió Saab en su cuenta de X (antes Twitter).
También por su vinculación con el ataque a varias unidades militares en el país.
Saab dijo que el procedimiento era acorde a lo establecido por “la Constitución, las leyes de la República y las normas nacionales e internacionales de protección a los Derechos Humanos”.
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