Juicio en Nueva York devela la “captura” del Estado

Las primeras dos semanas del juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, han bastado para conocer cómo la narcoactividad fue penetrando y capturando un Estado en donde las elites políticas abrieron las puertas a sus organizaciones para que ingresara el dinero sucio e ilícito en las campañas, avanzara hacia la institucionalidad legalizando sus empresas y lavando el dinero bajo la mirada cómplice de la autoridad que custodiaba la droga y pavimentaba sus carreteras para que la mercancía no llegará estropeada a los puertos fijados por carteles mexicanos y colombianos. Todo ello, de acuerdo a los testimonios de los testigos presentados por el gobierno estadounidense.

Poco a poco, la Fiscalía de Nueva York va configurando en el estrado que dirige el juez Kevin Castel, su tesis de conspiración por la cual se acusa al dos veces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.Los testigos que hasta ahora han subido al estrado, en su mayoría narcotraficantes confesos que han hablado bajo juramento, han ido relatando sin aspavientos cómo ha sido su relación con la política, los políticos y las autoridades para concretar sus ilícitos negocios y hacer de Honduras un país estratégico “y seguro” para el transporte de droga de importantes grupos mafiosos, entre ellos el cártel de Sinaloa, que dirigía Joaquín, “El Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Nueva York, sin que ello represente la disolución del cártel, el cual sigue operando bajo la dirección del otro socio fundador Ismael “El Mayo Zambada”, junto a los hijos de El Chapo.

La presencia en este país centroamericano del cártel de Sinaloa va quedando retratada a medida que salen de la corte de justicia de Nueva York las narraciones: encuentros del Chapo Guzmán en Honduras con capos mafiosos hondureños; uso de las instalaciones portuarias para el transporte de cientos de kilos de cocaína con complicidad de las autoridades, custodia de la droga por parte de autoridades policiales y militares, residencia temporal en el país de los principales operadores del cártel de Sinaloa para Centroamérica para asegurarse del éxito de sus operaciones y afianzar los millonarios sobornos hechos por doquier: autoridades del orden, alcaldes, diputados, expresidentes y presidentes, funcionarios de gobierno, entre otros actores para ellos de interés para sus negocios.

Asimismo, el exterminio por parte de las autoridades hondureñas y capos de la droga de aquellos enemigos del cártel de Sinaloa que quisieron hacer de este territorio una de sus plazas estratégicas. Los cárteles colombianos también han tenido su presencia, pero en los relatos en Nueva York, el de Sinaloa parece haberse apropiado de la plaza hondureña.

La “captura” del Estado

Las más frías ejecuciones de bandas contrarias, autoridades nacionales que investigaban las redes de narcotráfico o que conocían de sus operaciones han sido develadas en este juicio, unas ya conocidas en los testimonios que condenaron a Fabio Lobo, Juan Antonio “Tony” Hernández, Ramírez Fuentes, y otros, pero ampliadas con mayor detalle en el proceso que enfrenta el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), identificado por los mafiosos con “Juan” “JO” y “Juancho”, según lo aseverado en la corte.

Mientras las crónicas de la prensa ahí acreditada se centran en el hecho informativo de los testigos que han desfilado, las estrategias de la fiscalía de Nueva York y la de la defensa del expresidente JOH, y que si las narco libretas son válidas o no—aceptadas como medio de prueba por el tribunal y usadas en el juicio de Tony Hernández–, el juicio contra Hernández va dibujando sin piedad como el narcotráfico avanzó de tal forma en el país que ha permeado casi toda la institucionalidad a vista y paciencia de quienes gobernaban y del resto de autoridades, dado su alto nivel de complicidad.

La narcoactividad en el país, que tuvo sus orígenes a mediados de los años setenta, evolucionó tanto que Honduras dejó de ser un país de tránsito para convertirse en un país productor, procesador, consumidor y comercializador de la droga hasta llegar a una de las más altas aspiraciones de los capos de la droga: la narcopolítica, estar en la cima del poder y desde ahí manejar a un país.

En Colombia y México, Pablo Escobar y El Chapo Guzmán, respectivamente, lograron que sus cárteles tuvieran influencias en el poder político, aparte del control de autoridades y otros sectores de interés para ellos. De ahí que la Fiscalía de Nueva York en sus argumentos para acusar al expresidente Hernández configure el delito de la conspiración.

En sus argumentos, los fiscales de Nueva York para presentar el caso a los tribunales señalan que JOH siendo parlamentario se asoció con los narcotraficantes para hacer negocios, recibió sobornos, que sus campañas fueron financiadas por los cárteles del narcotráfico locales e internacionales (el cartel de Sinaloa), que siendo presidente sigue aceptando sobornos y haciendo negocios, es decir, usando el poder desde el poder mismo para poner al Estado al servicio del crimen organizado, con énfasis en el narcotráfico.

Esa configuración de la conspiración, uno de los delitos por los que se acusa a JOH, empieza a tomar forma con el primer testimonio del exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander “Chande” Ardón, al retratar con detalles como desde lo local se fue ascendiendo hasta lo nacional penetrando instituciones, colocando piezas en puestos claves de gobierno, asegurando la custodia de la droga a tal punto que hasta las carreteras les pavimentaban para que la mercancía no llegara dañada, dijo el exedil. Chande retrató cómo el narcotráfico se ha apropiado de las elites políticas en gran parte de los gobiernos locales; su relación con El Chapo Guzmán, y la expansión junto al cártel de los Valle Valle de la zona de occidente, estratégica para el cartel de Sinaloa.

La plaza de Sinaloa, ampliamente custodiada

Luego vinieron los testimonios de exintegrantes del cártel de Sinaloa relatando esa complicidad con las autoridades, la protección que tenían “desde arriba”, los trabajos de asesinatos que lideraban y coordinaban altos oficiales policiales, reuniones en una brigada militar, entre otros detalles que poco a poco van dibujando la “captura” del Estado. El testimonio de un “contador” que huyó del país luego que entregara información sensible a la fiscal Marlene Banegas—asesinada dos semanas después de esa entrega—así como otra información a otra persona conocida—asesinada una semana después de haberlo hecho—y el crimen de Magdaleno Meza en una cárcel de máxima seguridad, bajo la custodia del Estado, son elementos que reflejan el grado de penetración de las redes criminales en la institucionalidad. Magdaleno Meza fue asesinado cuando se aprestaba a cooperar con la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, según ha trascendido.

La condena a cadena perpetua más 30 años del hermano del expresidente JOH, la sentencia en contra de Fabio Lobo, y ahora el juicio que enfrenta el expresidente Hernández, no solo han sacudido a las élites y sus partidos políticos por el nivel de cooptación del narcotráfico por medio del financiamiento de campañas, también ha estremecido a un país que por largas décadas ha estado “capturado” por mafias criminales de complejo y difícil desmontaje.

Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del extinto cartel de “Los Cachiros”, fue otro de los mafiosos que retrató en sus descarnados testimonios esa “captura” del Estado: crearon empresas que fueron legalizadas por el Estado al otorgarles millonarios contratos con los cuales lavaban el dinero y fueron expandiendo su imperio en negocios de infraestructura, minería, turismo, entre otras modalidades. El Cachiro no dejó títere con cabeza, al relatar cómo invertían en los políticos corruptos de Honduras, con énfasis en los partidos Liberal, Nacional y Libertad y Refundación (Libre).

Fue tanta la jactancia del Cachiro que aseguró que, durante sus años activo en el negocio, nunca fue capturado por las autoridades, y que en una ocasión que fue retenido, hizo gala de sus influencias para que lo dejaran ir en cuestión de horas. El Cachiro, en los arrepentimientos propios de los mafiosos, acusó al expresidente JOH de ser “un socio” de su cártel, era uno más, dijo. La defensa de JOH intentó que esa parte fuera borrada del testimonio, pero el juez Castel se negó al decirle a la defensa: hiciste una pregunta abierta, se queda.

Estados Unidos versus JOH

Fabio Lobo con un nivel económico y social distinto al de los capos que han atestiguado, representa el ejemplo—junto a Tony Hernández—de como la narcoactividad llega al precio de su ambición y los vuelve cómplices y hasta socios en sus operaciones. Fabio Lobo contó cómo usó la inteligencia del Estado—apoyado por el exministro Julián Pacheco—para dar protección a los carteles de la droga.

Usó su seguridad personal para custodiar la droga, sus contactos en el Ministerio Público en la época del extinto exdirector de fiscales y posterior director de la OABI, Humberto Palacios Moya, para avisar a Los Cachiros de operativos en su contra, incautación de bienes o cuentas bancarias, dándoles tiempo para que hicieran sus movimientos.

Los testimonios hasta aquí han retratado cómo los principales partidos políticos y sus elites han sido embarrados, y la fragilidad institucional de un país que de acuerdo con el Informe de Riesgo Político 2024, Honduras está dentro de los cinco países latinoamericanos en donde las élites corruptas y el crimen organizado se han tomado el sistema político. Estos países son Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras, Guatemala.

Los agentes de la DEA y otras agencias estadounidenses que ha presentado la Fiscalía han retratado como Honduras se volvió una plaza de interés para los cárteles de la droga, su expansión por el territorio nacional y la colusión de la autoridad. Dejaron sentado en el imaginario, cómo el discurso gubernamental de que Honduras era “territorio hostil” para los narcotraficantes no fue tan real. Los capos operaban a sus anchas y extendían sus acciones hacia otras partes del país.

Hasta ahora, en las primeras dos semanas del juicio, se colige que la narcoactividad se afincó no solo en el occidente, atlántico y caribe hondureño, también coordinó varios de sus movimientos ejecutivos de operación y efectividad en la zona norte: San Pedro Sula y Cortés eran el otro punto de despegue. Y cuando algo era urgente, Tegucigalpa, la capital, era punto de encuentro. Es la conspiración que piensa probar en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales que llevan el caso: Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández.