La inteligencia artificial estaría reduciendo las barreras de entrada al crimen y permite que redes delictivas multipliquen estafas, suplantaciones y ataques digitales, mientras el crimen organizado diversifica sus negocios, penetra sectores de la economía legal y amplía sus operaciones a través de las fronteras.
La advertencia forma parte de Crime and Justice in a Changing World, un análisis global del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI), publicado el 28 de septiembre. El organismo concluyó que las organizaciones criminales se adaptan a la tecnología, los mercados y los cambios regulatorios con mayor rapidez que muchas instituciones encargadas de combatirlas.
Según UNICRI, las redes criminales aprovechan plataformas digitales, comunicaciones cifradas, activos virtuales y modelos de “crimen como servicio”, mediante los cuales pueden contratar capacidades técnicas sin desarrollarlas por su cuenta. Estas estructuras son además cada vez más “policriminales”, al combinar diferentes actividades ilícitas con negocios aparentemente legales.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha documentado que la IA aumenta la escala y eficiencia de las operaciones delictivas, desde campañas de phishing y suplantaciones mediante deepfakes hasta malware optimizado con inteligencia artificial.
INTERPOL estimó en su Evaluación Mundial de Amenazas de Estafas Financieras de 2026 que las estafas facilitadas por IA pueden ser 4.5 veces más rentables que los métodos tradicionales. También detectó servicios de deepfake-as-a-service en la web oscura, donde se ofrecen clonación de voz, avatares generados por IA y otros componentes para crear identidades sintéticas.
“Las estafas han evolucionado hasta convertirse en una actividad mundial cada vez más sofisticada y organizada”, advirtió INTERPOL, que señaló que los videos, imágenes y audios falsificados mediante deepfakes facilitan a los delincuentes hacerse pasar por personas de confianza.
Estafas a escala industrial
El impacto se refleja en el número de víctimas. UNICRI cita el Global State of Scams 2025, basado en una encuesta entre 46,000 adultos de 42 países: 57% aseguró haber enfrentado alguna estafa durante los 12 meses anteriores y 23% perdió dinero. Las pérdidas en los mercados analizados fueron estimadas en unos $442,000 millones de dólares.
En Sudamérica, 72% de los encuestados reportó haber encontrado alguna estafa y 41% perdió dinero, según un análisis del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
En Estados Unidos, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI recibió en 2025 un total de 22,364 denuncias relacionadas con el uso de inteligencia artificial, con pérdidas superiores a $893 millones de dólares.
Carteles diversifican sus negocios
La transformación digital coincide con una mayor diversificación del crimen organizado. UNICRI encontró que organizaciones históricamente vinculadas al tráfico de cocaína, heroína y metanfetaminas están extendiendo sus actividades hacia sectores como agricultura, minería, pesca y explotación de recursos naturales.
El análisis menciona al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en México, así como al Primeiro Comando da Capital y al Comando Vermelho, en Brasil. Estas organizaciones aprovechan rutas comerciales, cadenas de suministro, empresas y vínculos con actores corruptos para conectar actividades legales e ilícitas.
También buscan nuevos mercados mediante alianzas con redes locales e intermediarios en países de tránsito y destino.
“El homicidio está disminuyendo en gran parte del mundo, pero el crimen nunca ha sido más rentable, más interconectado o más difícil de ver”, resumió UNICRI durante la presentación de su estudio.
América Latina paga una factura elevada
El costo del crimen y la violencia alcanzó en 2022 el equivalente al 3.44% del PIB de América Latina y el Caribe, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esa carga equivale aproximadamente al 78% del presupuesto público destinado a educación, al doble de lo invertido en asistencia social y a 12 veces el presupuesto para investigación y desarrollo.
“Nuestro estudio muestra que el crimen es una carga significativa para nuestras sociedades y el desarrollo económico. Limita el crecimiento, impulsa la desigualdad y desvía la inversión privada y pública”, afirmó el presidente del BID, Ilan Goldfajn.
UNICRI advierte además que América Latina y el Caribe, junto con África subsahariana, concentran aproximadamente dos tercios de las víctimas de homicidio del mundo, pese a la reducción registrada en la tasa global.
Niños, entre las víctimas
El avance de organizaciones criminales y grupos armados también afecta a niños y adolescentes. Naciones Unidas verificó en Colombia el reclutamiento y utilización de 371 menores durante 2025, principalmente en zonas disputadas por el ELN, disidencias de las FARC-EP y otras facciones.
En Haití fueron documentados 892 niños reclutados y utilizados por bandas armadas durante ese año, además de 620 menores muertos o mutilados y 277 secuestrados.
Ecuador refleja otra dimensión de la violencia: los homicidios de niños y adolescentes pasaron de 104 en 2019 a por lo menos 770 en 2023, un incremento de 640%, según cifras oficiales recogidas por UNICEF.
La tecnología también desafía a la justicia
La expansión de la IA plantea al mismo tiempo un desafío para las autoridades. Mientras los delincuentes incorporan nuevas herramientas, las fuerzas de seguridad recurren a reconocimiento facial, cámaras inteligentes y análisis automatizado de información para prevenir delitos y apoyar investigaciones.
UNICRI advierte que las normas y mecanismos de supervisión no siempre avanzan al mismo ritmo. Los sistemas de IA pueden introducir errores, sesgos o información incorrecta en investigaciones si carecen de controles adecuados.
El desafío es doble: las mismas tecnologías que ayudan a perseguir organizaciones criminales también están haciendo que el delito sea más accesible, escalable y rentable. Para UNICRI, esta transformación obliga a fortalecer la cooperación internacional ante redes capaces de moverse cada vez con mayor facilidad entre el ciberdelito, el crimen organizado, los mercados legales y las economías ilícitas.
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