Honduras prepara reformas penales para atacar al crimen organizado

 Pese a que Honduras ha mostrado una baja sustancial en la tasa de homicidios en los últimos años, el país sigue siendo golpeado por las operaciones de la criminalidad común y organizada. Las modalidades del narcotráfico y el accionar de las maras tienen de rodillas a la población a través de flagelos como la extorsión, masacres y la muerte cruenta de mujeres.

– Expertos proponen tipificar a los grupos criminales como terroristas, e igualmente contemplar la figura de cadena perpetua para cierto tipo de delitos.

– Existen zonas del país donde gobierna las estructuras criminales en contraste con la casi nula presencia de los operadores de justicia.

– La discusión de estas reformas iniciaría después de Semana Santa, una vez que los proyectos sean presentados ante la Secretaría del Legislativo y remitidos para opinión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Con 2 mil 332 homicidios al cierre de 2025, la tasa de homicidios de Honduras se ubicó en 23,2 el año pasado, por debajo del 25,3 registrado en 2024. Durante años, el país ha estado marcado por altos niveles de violencia de pandillas, una situación agravada por la corrupción en los niveles más altos del Estado.

Una investigación de la Asociación para Una Sociedad Más Justa (ASJ), reveló que los hogares víctimas de extorsión en Honduras aumentaron de 266 mil en 2022 a 304 mil en 2024. Reportes posteriores en 2025 sitúan la cifra en alrededor de 311,000 familias.

Las operaciones del narcotráfico, la recomposición del hampa en departamentos que forman parte de la ruta del narco, las siembras de marihuana y coca, y el microtráfico, también son parte del cóctel que dispara la violencia en este país centroamericano.

El tamizado de inseguridad hace que surjan propuestas de reformas al sistema penal que plantea cambios profundos en varios artículos del Código Penal y Procesal Penal, con endurecimiento de penas, ampliación de delitos y nuevas herramientas para el combate eficaz al crimen organizado.

La junta directiva del Congreso Nacional, junto a la cúpula de la Secretaría de Seguridad, acordaron impulsar una reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal, orientada a fortalecer el combate contra la extorsión y otorgar la facultad de declarar como “terroristas” a diversas estructuras criminales que mantienen de rodillas a miles de hondureños.

La iniciativa fue discutida esta semana en una reunión de alto nivel entre el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, y el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, junto con la plana mayor de la Policía Nacional.

El proyecto de ley busca dotar a los operadores de justicia de nuevas herramientas legales para frenar el cierre de negocios y el asedio al sector transporte, incluyendo una revisión exhaustiva del tipo penal de extorsión y el endurecimiento de sus agravantes.

El presidente Nasry Asfura dijo que se tiene que responder de acuerdo a las necesidades, es por ello que el ministro de Seguridad, las Fuerzas Armadas y la Policía en conjunto se está evaluando las políticas que se deben de tomar para el tema de los hechos delictivos.

“Estas políticas van de la mano con las leyes, la revisión del Código Penal para endurecer penas y tener una eficacia en los resultados y es por ello que se debe de reforzar el 911”, apuntó.

Endurecer penas

El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, Marco Paz, anunció que se preparan reformas clave al Código Penal y al Código Procesal Penal orientadas a endurecer las penas contra estructuras criminales y fortalecer la lucha contra la violencia en el país.

El congresista explicó que la discusión de estas reformas iniciaría después de Semana Santa, una vez que los proyectos sean presentados ante la Secretaría del Legislativo y remitidos para opinión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Secretaría de Finanzas.

Entre los principales cambios, se contempla declarar como organizaciones terroristas a grupos delictivos que generan miedo en la población, especialmente aquellos que afectan sectores como el transporte, la producción y la ganadería, entre otros sectores.

Reconfiguración integral del sistema penal

La reforma plantea una reconfiguración integral del sistema penal. Incluye el aumento generalizado de penas, la ampliación de conductas punibles y la incorporación de nuevas figuras jurídicas.

Entre los delitos que sufrirían modificaciones figuran asesinato (artículo 193), sicariato (193-A), secuestro (239), secuestro agravado (240), revelación de secretos (272), extorsión (373) y su nueva modalidad (373-A), asociación para delinquir (554) y todo el bloque de terrorismo (587 al 592), entre otros.

El catálogo de agravantes se amplía e incluye el uso de tecnología, participación desde cárceles, simulación de autoridad, uso de menores y afectación a personas vulnerables.

En paralelo, los atenuantes incorporan beneficios por colaboración con las autoridades, como la desarticulación de estructuras criminales o la entrega de bienes ilícitos.

El uso indebido de uniformes e insignias policiales o militares también se endurecerá. Se amplía a fabricación, distribución y uso, con penas de hasta 10 años cuando se utilicen para cometer delitos.

Terrorismo

En el bloque de terrorismo, se ampliará la definición del delito para incluir control territorial, generación de miedo colectivo o presión a autoridades. La propuesta incorpora explícitamente a maras y pandillas dentro de estas estructuras.

Además, se crea el delito de financiamiento al terrorismo, con penas de 30 a 40 años, incluso si los actos no llegan a ejecutarse.

También se ajustan las penas por colaboración y se incrementan las sanciones para quienes apoyen estas estructuras.

Los delitos de terrorismo en particular incluyen actos que generen alarma o afecten la seguridad del Estado, con aumentos de pena y posibilidad de prisión perpetua si se causa la muerte.

Finalmente, el ciberterrorismo eleva sus penas de 4–6 años a 6–10 años, con agravantes si se afectan infraestructuras críticas o servicios esenciales.

Un mayor número de herramientas jurídicas

El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez dijo que lo que se ha propuesto es ciertas modificaciones tanto al Código Penal y al Código Procesal Penal que va permitir un mayor número de herramientas jurídicas para poder atacar la extorsión.

Afirmó que para poder realizar reducciones en los indicadores de violencia del país se requiere un poco más para atacar el tema del narcomenudeo, la participación de la mujer en hechos violentos, hay una serie de problemas sociales, por lo que se requiere un esfuerzo mayor para atacar todas estas variables.

Aseguró que el uso de la tecnología será fundamental para enfrentar la criminalidad y la violencia, “estamos en un tiempo de era tecnológica y depende del presupuesto para esta área e irnos poniendo al día con esta tecnología disponible como son los drones, por lo que es el momento de hacer uso de estos avances tecnológicos”.

El funcionario descartó nuevamente que Honduras implemente un estado de excepción, y afirmó que con las reformas buscan atacar de frente al crimen organizado.

Soporte técnico y estudio criminológico

En ese sentido, el abogado José Corea dijo a Proceso Digital que las reformas constantes a las leyes penales y procesales si no llevan un soporte técnico y estudio criminológico científico basado en recopilación de información técnica de campo, no son más que manotadas de ahogado.

“El reciente cambio del Código Penal, el anterior tenía penas ponderadas, lógicas correctas y coherentes a los delitos que se buscan reformar, pero se le vendió a la población que la entrada en vigencia del decreto 130-2017 era un cambio radical para bien de la sociedad y que con eso nos garantizaban la seguridad pública suficiente y que mejoraría en todos los aspectos de seguridad y fue todo lo contrario, porque fue denominado Código Penal de la Impunidad”, arguyó.

Agregó que ese nuevo Código Penal marca un antes y un después diametralmente opuesto a la aplicación de la justicia.

“No se pueden estar haciendo malabares para poder retrotraernos a penas o reformas que antes ya estaban en el Código Penal anterior, la reforma al Código Procesal Penal del 184 que no permitía las medidas sustitutivas a la prisión preventiva a un catálogo de delitos, sigilosamente y calculadamente lo fueron derogando, por lo que el tema no es de reformas, es de aplicación de la ley, y si van hacer una reforma mejor que deroguen el Código Penal y nos quedamos con el anterior”, explicó.