Honduras pagó casi 12 mil millones de lempiras solo en demandas judiciales

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reveló que entre 2019 y 2024 el Gobierno de Honduras desembolsó 11,872.3 millones de lempiras por demandas judiciales, un claro reflejo de la mala gestión de fondos públicos que podrían haber sido destinados a necesidades urgentes en salud, educación y seguridad.

Las demandas judiciales contra el Estado han sido una constante, con una alta probabilidad de éxito. Este fenómeno ha resultado en el desperdicio de sumas millonarias, equivalentes a siete veces el presupuesto para construcciones escolares, seis veces el de la Dirección General de la Policía Nacional y cuatro veces el presupuesto para la construcción de hospitales, expuso la ASJ.

Según Transparencia Internacional, las demandas contra el Estado aumentaron de 3,266 en 2019 a 10,952 en 2023. De las 29,640 demandas registradas entre 2019 y 2024 por la Secretaría de Finanzas, el 65 por ciento fueron por despidos injustificados y malas prácticas laborales, el 30 por ciento por procesos contencioso-administrativos y el 4 por ciento por demandas civiles.

El 82 por ciento de los gastos judiciales en los últimos cinco años se concentran en siete instituciones: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (31 por ciento), Fondo Hondureño de Inversión Social (20 por ciento), Secretaría de Infraestructura y Transporte (10 por ciento), Secretaría de Finanzas (10 por ciento), Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (4 por ciento), Secretaría de Educación (3 por ciento) y Secretaría de Salud (3 por ciento).

Entre 2019 y junio de 2024, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ejecutó 3,711.1 millones de lempiras en procesos judiciales, la mayor parte de este monto relacionado con dos demandas del Sindicato de Trabajadores (STENEE) por incremento y nivelación salarial.

En el primer caso, el STENEE reclamaba 433,831,802.10 lempiras y en el segundo, 1,042,557,254.28 lempiras. Ambas demandas fueron resueltas a favor del sindicato, y el 2 de agosto de 2023, el Juzgado de Letras ordenó a la ENEE que comenzara los pagos correspondientes.

Se presentaron inconsistencias en estos procesos, como el hecho de que las demandas fueron interpuestas en Tocoa, Colón, pese a que la ENEE y STENEE tienen su domicilio en Tegucigalpa, y que fueron presentadas por un presidente de sindicato cuyo mandato había expirado en julio de 2022.

Adicionalmente, el 90 por ciento de los empleados de la ENEE también demandaron por incremento salarial, sugiriendo que se realizaron pagos tanto individualmente como al STENEE por las mismas pretensiones.

La Procuraduría General de la República y la ENEE han tomado medidas para anular estos procesos y recuperar los fondos. ASJ, a través del centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), planea presentar una denuncia ante el Ministerio Público para solicitar una investigación integral de las actuaciones implicadas, desmantelar estructuras corruptas y condenar estas malas prácticas.