En medio de la ola de protestas Mahmoud Khalil a favor del estudiante propalestino al que el gobierno de Donald Trump busca deportar, el Grupo de Trabajo Federal para Combatir el Antisemitismo anunció a los líderes locales de las ciudades de Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Boston que visitarán las zonas para hablar de los incidentes de antisemitismo en escuelas y campus universitarios de sus ciudades durante los últimos dos años.
El Grupo de Trabajo, creado en virtud de la Orden Ejecutiva del presidente Trump sobre Medidas Adicionales para Combatir el Antisemitismo, comunicó a las ciudades su deseo de colaborar con los líderes locales, incluyendo alcaldes, fiscales de distrito o municipales, y las fuerzas del orden locales.
El grupo tiene entre sus prioridades visitar diez universidades del país, entre ellas las prestigiosas Columbia y Harvard, para “recabar información” sobre posibles incidentes y evaluar posibles “medidas correctoras”.
Según señaló el Departamento de Justicia en su momento, tras crearse el grupo, esos centros, que fueron epicentro de las protestas propalestinas en 2024 por la guerra desencadenada por Israel tras los ataques del grupo islamista Hamás en octubre de 2023, afrontan acusaciones de “discriminación” contra estudiantes y profesores judíos.
Por ello, Leo Terrell, miembro principal del Grupo de Trabajo y Asesor Jurídico Principal del Fiscal General Adjunto para los Derechos Civiles, informó a Eric Adams de Nueva York, Karen Bass de Los Ángeles, Brandon Johnson de Chicago y Michelle Wu de Boston que el Grupo de Trabajo tenía conocimiento de las acusaciones de que las escuelas de sus respectivas ciudades podrían no haber protegido a los estudiantes judíos de la discriminación ilegal, lo que podría constituir una violación de la ley federal.
Terrell afirmó que tiene la intención de que el Grupo de Trabajo se reúna con las autoridades municipales, los estudiantes afectados, las fuerzas del orden locales y miembros de la comunidad para recopilar información sobre estos incidentes y considerar si se justifica la intervención federal.

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