El presidente de la comisión liquidadora del gobierno, Leonel Núñez, informó que ya suman más de 1,700 empleados públicos cesanteados como parte del proceso de reestructuración del aparato estatal, y adelantó que la cifra continuará incrementándose en los próximos meses.
Según detalló, el Estado destinará más de 360 millones de lempiras para el pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos de este personal, fondos que están contemplados en el presupuesto actualmente en discusión en el Congreso Nacional de Honduras.
Núñez explicó que las cesantías no solo abarcan 25 instituciones intervenidas, sino que también se extenderán a otras dependencias donde operan comisiones interventoras, como parte de una estrategia orientada a la reducción del aparato burocrático y el ahorro en el gasto público.
“El número de empleados separados va a aumentar. Este es el primer año en que se ejecutará la visión del gobierno para fortalecer áreas clave como salud, infraestructura, educación y seguridad”, afirmó.
El funcionario aseguró que el objetivo de estas medidas es liberar recursos para inversión pública y atraer inversión extranjera ya que no se trata solo de cesantear empleados sino de procurar la generación de nuevas fuentes de empleo, ante el impacto que las cesantías, reconoció.
Asimismo, sostuvo que las decisiones no responden a motivaciones políticas, sino a criterios orientados al bien común, reiterando que el gobierno ha prometido cumplir con el pago oportuno y adecuado de las prestaciones a todas las personas que sean separadas de sus cargos.

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