El economista Roberto Lagos explicó que los resultados actualizados de los indicadores del Banco Mundial (BM) del año 2022 excluyen a Honduras de ser elegible para acceder a los fondos de la Cuenta del Milenio 2023.
Según Lagos, Honduras fue ubicado en la posición 30 de 33 países en la proyección de gobernanza del BM, lo que representaría una calificación entre el 7 % y 10 % en el indicador de corrupción evaluado por el directorio de la Cuenta del Milenio, el cual se aprueba con un 50 %.
Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS) y funcionario encargado del reingreso de Honduras a dicho fondo, rechazó esta evaluación del BM.
«Tenemos un plan que comenzó desde el año pasado y se ha ido evaluando y dando seguimiento con medidas; ahí están derogaciones de leyes y pasos que se han hecho», afirmó en el programa 30/30 de TSi.
Sierra también señaló que sabían que las evaluaciones no serían favorables y por eso han trabajado en comunicarse entidades internacionales y nacionales para revisar los mecanismos utilizados para obtener los resultados actuales.
«A diciembre de 2022, con el primer año de gestión de la presidenta Xiomara Castro, bajó 15 puntos porcentuales» (de 41% a 16%) la opinión de personas encuestadas en el territorio nacional que consideraban que la corrupción era el mayor problema de Honduras.
Honduras estaría fuera de la Cuenta del Milenio (CM)
El economista Lagos proyecta que Honduras no aprobará indicadores clave como Estado de Derecho (10 % -12 %), corrupción (7 % – 10 %) y efectividad de gobierno (3 % y 6 %), los cuales requieren un mínimo del 50 % para ser aprobados.
«Según la metodología de la Cuenta del Milenio, Honduras no puede ser país elegible (para sus fondos) porque no aprueba el indicador de corrupción y complica la entrada al Programa Umbral», explicó en el programa 30/30.
Lagos también mencionó que, aunque se han destacado avances en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico por parte de instituciones internacionales, temas legislativos como la legitimidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional y el llamado pacto de impunidad 2.0 han frenado el progreso esperado.
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