La Corte de Apelaciones para el Décimo Circuito desestimó la apelación de GEO Group, con la que buscaba inmunidad contra una demanda por tráfico de personas presentada hace 10 años por inmigrantes.
La empresa, que opera prisiones de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), perdió ante la demanda de inmigrantes que recibían salarios de $1 dólar día por trabajos que incluso pusieron en riesgo sus vidas.
GEO Group presentó una moción de sentencia sumaria, alegando que tenía derecho a inmunidad soberana derivada de conformidad con la decisión de la Corte Suprema en el caso Yearsley v. W.A. Ross Construction Co., 309 U.S. 18 (1940).
“GEO argumentó que la doctrina Yearsley funciona como un escudo contra la demanda en lugar de como una defensa ante la responsabilidad”, dicen la opinión del panel de jueces. “El tribunal de Distrito no estuvo de acuerdo y, en la parte pertinente, denegó la moción de GEO”.
La empresa administradora de prisiones apeló la decisión del juez de Distrito.
“Concluimos que una orden de un tribunal de Distrito que niega la aplicación de la doctrina Yearsley no está sujeta a apelación interlocutoria”, escribió el juez principal Jerome Holmes en una opinión.
El caso que lidera la demanda original, de 2014, es de Alejandro Menocal, quien fue detenido en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Aurora administrado por GEO, una empresa que tiene un programa de empleo con pago de apenas $1 dólar por día.
A Menocal se le exigió que limpiara las áreas comunes de la prisión, desde las ventanas, los inodoros y las sillas.
En caso de negarse, el inmigrante era castigado con incluso un régimen de aislamiento, igual que otros detenidos.
La demanda de Menocal acusó a GEO Group de violar la Ley de Protección de Víctimas de Trata de Personas, debido al salario tan bajo y los castigos a los que las personas son sometidas si no aceptan laborar.
El juez de Distrito aceptó el caso, a pesar de que GEO Group argumentó que tenía “inmunidad” al respecto. La Corte de Apelaciones confirmó la decisión.
Una segunda apelación de GEO volvió a la Corte para el Décimo Circuito, donde le martes pasado se determinó nuevamente en contra.
El argumento de GEO es que, según un caso de 1940, la Corte Suprema protegió a un contratista del gobierno por un proyecto que fue “conferido válidamente”, pero los jueces consideraron que el caso era distinto.
La jueza designada por Barack Obama, Carolyn McHugh, firmó la opinión junto con el juez designado por Donald Trump, Joel Carson.
El abogado de los detenidos, de la firma sin fines de lucro Towards Justice, aplaudió la decisión, la cual no es definitiva para el caso de Menocal, pero un avance a su proceso.
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