Tras un agitado debate, el Congreso de España aprobó este jueves una polémica ley de amnistía para los políticos, líderes catalanes y ciudadanos implicados en el proceso independentista catalán (procés).
La iniciativa fue pactada en noviembre del 2023 por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los partidos independentistas catalanes Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), lo que permitió la investidura del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
La ley de amnistía fue aprobada con 177 votos a favor y 172 en contra.
Las fuerzas políticas independentistas y de izquierdas calificaron la jornada como “histórica”.
“En política, como en la vida, el perdón es más poderoso que el rencor. Hoy España es más próspera y está más unida que en 2017. La convivencia se abre camino”, ha publicado el propio Sánchez en X (antiguo Twitter), poco después de la votación.
La ley, con la que el gobierno espera poner fin a todas las causas judiciales relacionadas con el procés, busca favorecer “la normalización institucional, política y social en Cataluña”, según indica su propio nombre.
Pero para la oposición, liderada por el Partido Popular (centro-derecha), la norma aprobada hoy no es sino un “intercambio de poder” a cambio de “privilegios e impunidad”, ha dicho su líder, Alberto Núñez Feijoo.
Para el líder del PP, “comprar una presidencia a cualquier precio” tiene consecuencias y jurídicamente “será cuestión de los tribunales la derrota de la ley”.
También se opusieron a la ley la ultraderecha de Vox y dos pequeños partidos regionales.
La batalla en los tribunales
Una vez se publique la ley en el Boletín Oficial del Estado, previsiblemente la semana que viene, los tribunales tendrán dos meses para ponerla en marcha, lo que anulará los procesos abiertos contra unas 400 personas encausadas por el procés.
Entre ellos se encuentra el expresidente del gobierno autónomo de Cataluña, Carles Puigdemont, que huyó de España en 2017, pocas semanas después de la celebración de un referéndum de independencia declarado ilegal por la Justicia, que tuvo lugar el 1 de octubre de ese año.
Este plebiscito dio pie a una declaración unilateral de independencia de Cataluña por parte del gobierno autónomo y a la apertura de numerosas causas judiciales contra sus promotores.
De la ley de amnistía también podrán beneficiarse políticos, cargos públicos, policías y ciudadanos anónimos.
Muchos de estos últimos fueron encausados por los disturbios desatados en 2019 tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó por sedición a los líderes independentistas que organizaron el referéndum del 1 de octubre.
La tramitación de la ley ha sido tortuosa por la oposición de PP y Vox, pero su aplicación no parece que vaya a serlo menos.
La ley puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, como ya han anunciado que harán distintas comunidades autónomas gobernadas por el PP.
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