El Acuerdo de Escazú, ayudaría a prevenir conflictos socioambientales y lograr el camino para una gobernanza ambiental verdadera y equitativa y proteger a defensores del medio ambiente en medio de la permanente crisis ambiental y ataques a ambientalistas que en muchos casos terminan en muerte.
El «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, conocido comúnmente como el Acuerdo Escazú, es el primer tratado ambiental en la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones específicas para la protección de los defensores de derechos humanos en temas ambientales. Fue adoptado en marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, y entró en vigor en abril de 2021.
Cuando el luto ha tocado de nuevo particularmente a los ambientalistas con un crimen que ha estremecido a toda la sociedad como el de Juan López, vuelve la reflexión a la necesidad de adoptar medidas y herramientas como Escazú, también vienen los cuestionamientos sobre dónde están los órganos encargados de brindar protección incluso a personas con medidas que al final resultan inútiles.
La respuesta en palabras de expertos es contundente todo el Estado ha fallado, y en esta ocasión literalmente el Estado le falló a Juan López, pero hoy es un ambientalista con un alto perfil y por eso resuenan las alarmas nuevamente y se retrotraen otros casos emblemáticos como el de Berta Cáceres o Carlos Escaleras, pero más allá de estos crímenes hay muchos otros que se quedan en el anonimato y en completa impunidad.
Estadísticas alarmantes
De acuerdo con informes de reconocidas organizaciones internacionales, el año pasado 18 defensores de la tierra y el medio ambiente, fueron asesinados en Honduras.
Del 2012 al 2023 se han reportado 196 asesinatos en el territorio hondureño ligados al tema de la defensa y la protección del medio ambiente.
En el período del 2021 al 2023 se lamentó la cifra de 40 asesinatos y entre enero del 2023 a octubre 18 personas ambientalistas fueron asesinadas es decir con la muerte de Juan López suman 19 y a eso hay que sumarle la criminalización, la estigmatización, la persecución y la judicialización que viven los defensores del medio ambiente, detalló a Proceso Digital el especialista en medio ambiente del Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Evin Pagoaga.
Escazú, es crucial en medio de una ola de violencia
La investigadora del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) y miembro de la Red Escazú Honduras, Lucía Vijil, en entrevista con Proceso Digital explicó que el Acuerdo de Escazú, garantiza tres derechos claves: acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental. A pesar de su importancia, el acuerdo permanece engavetado en el escritorio de la presidenta Xiomara Castro desde hace un año y medio, a la espera de su firma y posterior envío al Congreso Nacional para su ratificación.
Asimismo, detalló que la Red Escazú Honduras presentó recientemente una iniciativa ciudadana con 7,000 firmas para instar al Congreso a que emita una exhortativa al Ejecutivo, con el fin de que el país se adhiera al acuerdo.
«El acuerdo ayudaría a que las comunidades tengan acceso a información sobre los proyectos que afectan sus territorios», señaló Vijil, destacando que la falta de información y participación genera protestas, criminalización y asesinatos de defensores.
Vijil concluyó subrayando que la firma del acuerdo es solo el primer paso; el verdadero desafío radica en su implementación y reglamentación en la normativa nacional, en un país donde las instituciones están debilitadas y permeadas por intereses corruptos.
Por su parte el sociólogo e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, José Mario López, en platica con Proceso Digital, destacó la importancia y urgencia de que Honduras suscriba el Acuerdo de Escazú, que aborda la justicia ambiental y busca condenar a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de defensores.
Sería un buen mensaje de voluntad, porque a pesar de que el gobierno actual ha adoptado una narrativa pública a favor del medio ambiente y se ha comprometido a frenar la minería, López subrayó que estos discursos no se han traducido en acciones concretas en los territorios. Los intereses económicos, muchos de ellos vinculados al crimen organizado, siguen controlando la agenda en las comunidades, agregó.
López concluyó exigiendo al gobierno una respuesta más contundente y ágil ante esta crisis. «Ya no podemos seguir viviendo de discursos o consignas vacías. El Estado debe buscar justicia para los asesinados y reparar tanto a las personas como a los territorios dañados por la explotación ambiental», y con Escazú se tendría otra gran herramienta que si se sabe implementar sería de gran ayuda, enfatizó.
En los mismos términos se pronunció la experta en medio ambiente y derechos humanos del del Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Emma Velásquez, dijo que en este momento ni siquiera hay claridad de dónde está la iniciativa porque nadie da una respuesta fiel, pero lo que sí es seguro es que no se está suscribiendo el Acuerdo de Escazú, pese a su importancia.
La especialista lamentó que no hay compromiso en el sector público para suscribir y aprobar el tratado porque suscribir este tipo de convenios obliga al Estado en forma vinculante a cumplir determinados temas en este caso participación, transparencia y el acceso a la justicia.
El Acuerdo implicaría que “el Estado está aún más obligado, pero no solamente a sus ciudadanos y ciudadanas está obligado a dar cuenta sobre el cumplimiento de esto a nivel internacional por ejemplo en el Examen Periódico Universal en las Naciones Unidas a los relatores de esos temas que vienen al país”. También remarcó que un punto importante de Escazú, es que también hay obligaciones para las empresas.
Además, el país se vería obligado a mejorar los estándares en algunas leyes y se vería obligado además a cumplir estándares que son importantes para prevenir los conflictos o para evitar que se eleven en cuanto a intensidad, de modo que en el contexto permanente de crisis ambiental que se vive en el territorio hondureño es imperativo la adhesión de Honduras a Escazú.
Mecanismo de Protección deja
en indefensión a defensores
En cuanto al funcionamiento de la institucionalidad y particularmente del Mecanismo de Protección Lucía Vijil, expresó su preocupación por el ineficaz funcionamiento del Mecanismo de Protección a defensores de derechos humanos en el país.
Según Vijil, desde el inicio del actual gobierno muchos sectores han denunciado un enfoque militarista en el Mecanismo de Protección, sumado a la falta de presupuesto y la incapacidad técnica de quienes realizan los análisis de riesgo.
Vijil afirmó que al gobierno no le interesa la gobernabilidad del Mecanismo, lo que evidencia una indiferencia hacia la vida de los defensores y defensoras. «Es lamentable que sigamos sumando estadísticas de compañeros asesinados en un contexto muy complejo y alarmante», declaró. La investigadora resaltó el reciente asesinato de Juan López, un defensor de la naturaleza, como un ejemplo del fracaso del Estado en garantizar justicia. «El Estado falló y sigue fallando a cada defensor que no tiene respuestas ni justicia», subrayó.
Evin Pagoaga, resaltó que el tema de derechos humanos, no es sectorial sino de todos “y vemos una gran demora una gran deuda y que estas acciones han dejado a la ciudadanía por ejemplo los operadores de Justicia, los periodistas, los comunicadores sociales y defensores de derechos humanos, indefensos, esa situación sí nos preocupa porque es una conflictividad latente en el país y que sin duda alguna tiene repercusiones nefastas como el asesinato del compañero Juan López que lamentamos y condenamos”.
El sociólogo José Mario López coincidió en que existe preocupación ante la creciente vulnerabilidad de los defensores ambientales en Honduras. Según López, a pesar del cambio de gobierno, el Estado no ha logrado garantizar el derecho a la vida de quienes defienden el medio ambiente, quienes arriesgan su seguridad diaria en sus territorios.
Añadió que el crimen organizado y el narcotráfico continúan dominando amplias zonas del país, lo que aumenta el riesgo para los defensores y «el Estado, a través de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos y el Mecanismo de Protección, no ha implementado medidas efectivas para proteger a estas personas», finalmente lamentó el asesinato de Juan López que evoca dolorosos recuerdos, como el asesinato de Carlos Escalera hace 27 años.
Entre los puntos que destacan los especialistas consultados por Proceso Digital se resalta que Honduras enfrenta desafíos significativos en la protección ambiental y de los defensores de la tierra, lo que hace crucial su adhesión al Tratado de Escazú.
Asimismo, recuerdan que este acuerdo, el primero en América Latina y el Caribe en temas ambientales, garantiza acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales. Protege especialmente a los defensores del medio ambiente, un grupo vulnerable en Honduras, donde se han registrado numerosos asesinatos y amenazas.
Insisten en que Escazú también promueve la transparencia en la toma de decisiones ambientales y una mayor participación ciudadana, lo que fortalecería el marco legal del país y su compromiso con los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
Finalmente, coincidieron en realizar un llamado al Ejecutivo para que turne el Acuerdo de Escazú al Legislativo y que este sea ratificado, pero con conciencia de que ese sería apenas un primer paso en una herramienta vinculante y necesaria para fortalecer la defensa de los ciudadanos y sus territorios y así prevenir conflictos socioambientales. LB
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