La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, emitió una nota de prensa este domingo recordándole a la justicia hondureña y especialmente a los investigadores de la matanza de 46 mujeres privadas de libertad durante un atentado planificado a lo interno de la cárcel de mujeres, que existen pendientes investigativos que no han sido tomados en cuenta.
“No fue una simple riña entre grupos delictivos contrarios, fue más que eso”, insistió la funcionaria quien pide que “no culpen sólo a 9 mujeres privadas de libertad. Es absurdo e inverosímil creer que ellas actuaron solas”, dijo.
La funcionaria menciona entre los pendientes la identificación de los autores intelectuales y las facilitadoras del abominable hecho criminal, ocurrido el 20 de junio de 2023 en el interior de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada en Támara.
«Que nueve mujeres están siendo enjuiciadas hoy en un caso de alta magnitud no debería considerarse una investigación concluyente y definitiva, y menos cuando se trata a toda vista de un engranaje criminal de alto alcance en el que habrían participado otros miembros del crimen organizado en contubernio, por acción u omisión de servidores policiales activos, que de investigarse a estas estructuras, se tendrían casos robustos en contra del hampa nacional y transnacional», refirió la funcionaria.
La reacción de la funcionaria se da en relación a que el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada resolvió en audiencia preliminar dictar el auto de apertura a juicio oral y público a partir del 25 al 29 de noviembre del presente año, para nueve mujeres acusadas del crimen de otras 46 privadas de libertad en la cárcel de mujeres.
«Es inverosímil, estos hechos jamás debieron haber ocurrido puesto que ninguna muerte bajo custodia debe de ser tolerada sin la respectiva investigación amplia y coherente, indagaciones, pesquisas imparciales que promueva justicia y no aporten a la famosa impunidad de la que ya estamos acostumbrados y hartos», reclamó Villanueva.
La viceministra señala en la nota que posee todas las notas, oficios e informes presentados en cumplimiento de su deber durante el periodo de dos meses cuando estuvo al frente de la Comisión Interventora en Centros Penales en un trabajo compartido con los abogados especialistas en criminalidad organizada, Mario Chinchilla (Q.D.D.G) y la abogada experta en derechos humanos y cárceles, Sandra Rodríguez y el directorio policial del Instituto Nacional Penitenciario (INP), todos ellos subalternos de la actual cúpula policial de la Secretaría de Seguridad.
“La ocurrencia de estos hechos no debe verse sólo como un simple antagonismo entre grupos delincuenciales contrarios, sino a una planificación siniestra en la que debe observar el correcto accionar de las autoridades”, cita la nota liberada por el despacho de la funcionaria.
Agrega además que se debe investigar a los servidores públicos policiales por asociación y cooperación para facilitar acceso a armas, municiones, material incendiario e inclusive manipulación durante y posterior a la escena del crimen, retraso y negligencia en la investigación.
La viceministra también indicó que estos aspectos no pueden pasar desapercibidos en el sistema investigativo ni tampoco aislarse de un caso de esta magnitud en un estado de derecho.
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