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El presidente del Unión de Notarios de Honduras, Nelson Mairena indicó que siete notarios han sido suspendidos por hacer uso inadecuado de sus de sus ejercicios profesionales. Mairena detalló que a dos personas se les suspendió su exequatur de notario, el primero por deceso, y según el profesional del derecho otra persona estaba haciendo uso de su protocolo como que él estuviera vivo. En tanto el otro notario es un profesional de San Pedro Sula que fue condenado mediante sentencia por falsificación de documentos públicos. “En la contraloría del notariado tienen un arduo trabajo porque tenemos que evitar que la seguridad jurídica de los ciudadanos sea perjudicada por personas sean o no notarios, estén ejerciendo de una manera incorrecta el ejercicio de esta profesional”, señaló. Uno de los delitos más comunes entre los notarios es entregar la auténtica en blanco, donde los notarios firman este documento y la dejan en blanco para que los tramitadores u otras personas la llenen.

La Asociación de Fiscales de Honduras expresó este jueves su preocupación por la actual situación financiera del Ministerio Público.

A través de un pronunciamiento, señaló que el fortalecimiento de esta institución es un derecho fundamental, y no opcional, que debe ser garantizado por la sociedad.

Recordó que el artículo 232 de la Constitución de la República establece que el Estado debe otorgar al MP un presupuesto gradual que alcance el 3 % del Presupuesto General.

El pronunciamiento indicó que este mandato constitucional sigue sin cumplirse y que constituye una violación directa a un derecho fundamental.

La actual crisis de seguridad y justicia demanda una respuesta inmediata y contundente, la lucha encomendada no es posible sin el financiamiento necesario, indicó.

Advirtió que, sin los fondos necesarios, el ente acusador del Estado se ve gravemente limitado en su capacidad de actuación y pone en riesgo la seguridad y el bienestar de la sociedad.

Exigió al Congreso Nacional que apruebe de manera inmediata el aumento al presupuesto del Ministerio Público.

No es una solicitud, es una demanda justa, necesaria y urgente para la protección de los derechos fundamentales. AG