El presidente del Sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Miguel Aguilar, denunció que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, (CREE), de forma unilateral publicó una normativa encaminada a tercerizar o dar los primeros pasos para la privatización del servicio de alumbrado público
Aguilar consideró que es una jugada de la CREE para “el inicio del proceso en la búsqueda de una operación para buscar un tercero que maneje el alumbrado público”.
Sin duda alguna la CREE está dando el paso para tercerizar la red de alumbrado público, este proceso ya se había parado en el gobierno pasado y la CREE está dando ese paso “que no lo permitimos”, dijo el dirigente.
Lo que se busca es poner en condiciones y listo para que bajo el fideicomiso de alumbrado público vayan en la búsqueda de un operador y esos son los primeros pasos, zanjó.
“Me parece que la CREE está en contravía de lo que ya establece La Ley de Energía Eléctrica reformada y en contravía del proceso de la dirigencia pública … el asunto de la tercerización del alumbrado está claro porque esa normativa son los primeros pasos”, insistió.
Según indicó, en el alumbrado público hay una facturación de arriba de 52 millones de lempiras mensuales.
No se quiere privatizar
En respuesta, el comisionado de CREE, Rafael Virgilio Padilla, aseveró que, “no hay ninguna voluntad de privatización de la red del alumbrado público”, para desmentir la denuncia de Aguilar. +
“Nosotros nos limitamos a hacer una normativa ya que en Honduras hay al menos cinco distribuidores de energía eléctrica”, apuntó.
Padilla desglosó que en varias zonas del país hay que trabajar con los distribuidores y la CREE emite una regulación para que cada empresa distribuidora pueda prestar el servicio de alumbrado público de una manera eficiente.
La normativa “que hemos construido no establece ningún mandato ni para privatizar, es absolutamente falso”, sostuvo, al decir que la misma ya fue socializada.
De su lado, el también comisionado de la CREE, Leonardo Deras, declaró que la norma tiene como finalidad mejorar los niveles de servicios de calidad y sostenibilidad del alumbrado eléctrico para el abonado.
Deras negó que la intención del Gobierno con esta estrategia sea de privatizar ni tercerizar ningún servicio dentro del sector energético.
El objetivo de esta norma es tratar de que la distribuidora cree internamente su unidad de negocios para el manejo exclusivo del alumbrado público y se traduzca en la calidad de servicio, explicó.
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