Otra controversia se suscita en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque la presidenta Rebeca Raquel Obando, habría participado en un caso en el que hay conflicto de intereses, por tratarse de su exyerno.
El tema ha generado suspicacia en el ámbito jurídico de Honduras tras conocerse que la magistrada presidenta se autodesigno como magistrada en la corte de apelaciones para conocer un caso de presunta corrupción que involucra a su ex yerno, Guillermo Noriega.
Juristas y expertos en derecho han manifestado su sorpresa ante esta decisión, calificándola como un claro conflicto de interés y un abuso de poder.
El presidente del Colegio de Abogados, Gustavo Solórzano, afirmo que la presidenta debió haberse excusado. “Aunque el parentesco ya no exista, el conflicto de interés sigue presente. En estos casos, lo mejor es que la presidenta se aparte y permita que otro magistrado se encargue”, comentó Solórzano, criticando la intromisión directa de Obando en un asunto que afecta a su familia.
Uno de los puntos más alarmantes es que el expediente de Guillermo Noriega, acusado de lavado de activos, se extravió y está siendo reconstruido sin la participación del Ministerio Público, lo que ha generado aún más sospechas. El precandidato del Partido Liberal Jorge Alex también alzó la voz, denunciando irregularidades en el manejo de expedientes, entre ellos el de Noriega. «Hay un montón de familiares a los que les están arreglando los problemas», señaló, Cálix quien instó al fiscal Luis Javier Santos a investigar el caso con detenimiento.
Desde la Corte Suprema, sin embargo, se ha negado cualquier irregularidad. Según versión oficial, la designación de Obando y otros magistrados en la corte de apelaciones se realizó de acuerdo con el orden de precedencia. Además, han asegurado que la presidenta no tuvo acceso ni leyó el expediente relacionado con Noriega. No obstante, un documento de marzo de 2023 confirma que Obando fue parte del tribunal que conoció el caso, junto a otros dos magistrados, donde los nombres de Guillermo Noriega y su hija Claudia Noriega figuraban como acusados.
La implicación de la presidenta en este caso ha puesto nuevamente en duda la independencia y transparencia del sistema judicial hondureño, según algunos abogados que opinaron sobre el tema.
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