Déficit de 1.7 millones desafía la política de vivienda social

El sueño de tener una vivienda digna es muy lejano o casi imposible para miles de hondureños, hay de casos a casos; hay quienes logran rentar un lugar medianamente adecuado, pero hay cientos de familias que viven en covachas en condiciones deprimentes, en las que ya hasta la esperanza se apaga.

– El gobierno dará un bono de capital de hasta 45,000 lempiras, destinado al pago de la prima de la casa y un subsidio adicional a las cuotas del crédito hipotecario durante 10 años.

– El nuevo Plan Nacional Integral de Vivienda, respaldado con $400 millones del CAF, promete entre 15,000 y 20,000 viviendas.

Una historia que recientemente reedita la tragedia humana por la falta de viviendas dignas fue la del incendio en el bordo de la colonia Esquipulas 2, en San Pedro Sula, que acabó con la vida de seis integrantes de una misma familia, cinco de ellos menores de edad. Con este caso se vuelve la mirada hacia los bordos allá donde la extrema pobreza, es palpable y las condiciones de vivienda son infrahumanas.

La deuda social de los Gobiernos con una solución al déficit habitacional es enorme y no se puede evitar entonces preguntar ¿Está Honduras avanzando realmente hacia una política de vivienda social capaz de reducir el déficit habitacional, o los esfuerzos siguen siendo insuficientes frente a una demanda que crece cada año? La respuesta exige mirar más allá de los nuevos fondos anunciados y observar las condiciones que enfrentan miles de familias para acceder a una vivienda digna.

Vivienda social: un déficit de 1.7 millones
pone a prueba la nueva política habitacional

Según la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), el déficit habitacional ronda 1.7 millones de viviendas, es decir unas 900,000 nuevas unidades y alrededor de 800,000 hogares que requieren mejoras o rehabilitación. El desafío aumenta cada año con una demanda estimada de entre 40,000 y 45,000 viviendas adicionales.

La dimensión social del problema también queda reflejada en los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INE, Honduras cuenta con 2.77 millones de viviendas, en las que habitan 2.78 millones de hogares y más de 10 millones de personas, con un promedio de 3.6 personas por hogar. Pero tener una vivienda no siempre significa contar con condiciones adecuadas.

Señales de avance

A pesar de este panorama, también existen señales de avance. Según la CNBS, entre 2022 y 2024 el saldo de la cartera de vivienda creció aproximadamente 40.7 %, hasta alcanzar 100,383 millones de lempiras en 2024, mientras los desembolsos para vivienda sumaron 3,761 millones de lempiras.

El reto, sin embargo, no es únicamente disponer de recursos. Una parte importante de la población trabaja en la informalidad y enfrenta dificultades para demostrar ingresos y acceder a un crédito hipotecario. A esto se suman el precio del suelo, los costos de construcción, la limitada oferta de vivienda accesible y la falta de infraestructura y servicios básicos en determinadas zonas.

El desafío del Gobierno con el Plan Nacional Integral de Vivienda

Surge una nueva esperanza para la población y un gran reto para el actual Gobierno con el Plan Nacional Integral de Vivienda, Proceso Digital habló ampliamente con la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos (SEVIAH) de Honduras, Francis Argeñal, quien aseguró que los 400 millones de dólares aprobados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) permitirán atender entre 15 mil  y 20 mil soluciones habitacionales, mediante una combinación de créditos, subsidios y programas de mejoramiento de vivienda.

La ministra explicó que el alcance del financiamiento va más allá de la construcción de casas nuevas, ya que también contempla intervenciones para mejorar viviendas existentes y ampliar el acceso al financiamiento para familias de menores ingresos.

El programa está dirigido a viviendas cuyo valor no supere los 1,400,000 lempiras y prioriza a familias cuyos ingresos mensuales no excedan el equivalente a cuatro salarios mínimos.

No obstante, el principal enfoque estará en los hogares con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, es decir, familias cuyos ingresos conjuntos rondan los 30,000 lempiras mensuales o menos.

Consultada sobre el apoyo económico que recibirán las familias, la ministra explicó que el programa contempla dos tipos de subsidios.

El primero consiste en un bono de capital de hasta 45,000 lempiras, destinado a apoyar el pago de la prima o reducir el monto inicial del financiamiento.

A este beneficio se suma un subsidio adicional aplicado directamente a las cuotas del crédito hipotecario durante 120 meses (10 años), permitiendo que la tasa efectiva del préstamo inicie en 3.85 % durante el primer año.

De acuerdo con la funcionaria, este acompañamiento puede representar hasta 200,000 lempiras por familia, dependiendo de sus ingresos y del valor de la vivienda.

«La familia que menos ingresos tenga será la que reciba el mayor apoyo del Estado. Queremos facilitar el acceso a una vivienda digna precisamente a quienes históricamente han tenido más dificultades para obtener un crédito hipotecario», señaló.

Explicó que, para viviendas con valores entre 1.1 millones de lempiras y  1.4 millones de lempiras, las familias con ingresos de hasta 1.5 salarios mínimos podrán acceder al mayor nivel de subsidio previsto dentro del programa.

Finalmente, la ministra Argeñal aseguró que el nuevo modelo de apoyo estatal representa uno de los esfuerzos más importantes realizados en la historia del país en materia de vivienda social.

Impulso para la economía

Además de que el programa de vivienda social impulsado por el Gobierno busca cumplir el sueño de miles de hondureños este vendrá a impulsar el desarrollo del sector construcción motor de desarrollo para la economía nacional.

La aprobación de un financiamiento de 400 millones de dólares para el sector vivienda representa una de las mejores noticias para la industria de la construcción y para la economía hondureña, aseguró a Proceso Digital, el director ejecutivo de la Cámara Hondureña de Industria de la Construcción (CHICO), Silvio Larios.

Destacó que estos recursos permitirán dinamizar el empleo, garantizar la continuidad de los proyectos habitacionales y atraer nuevas inversiones internacionales. «Lo más importante es que ahora existe una estructura institucional que permitirá darle orden y continuidad a la política nacional de vivienda», señaló.

Recordó que uno de los mayores problemas del pasado fue la falta de financiamiento permanente, lo que obligaba a detener proyectos durante varios meses mientras se gestionaban nuevos recursos.

El entrevistado recordó que la vivienda representa aproximadamente el 65 % de la actividad de la industria de la construcción, uno de los sectores con mayor efecto multiplicador sobre la economía nacional.

Asimismo, consideró que este financiamiento enviará una señal positiva a organismos internacionales interesados en apoyar el desarrollo habitacional del país.

«No obstante, aunque los 400 millones representan un avance significativo, todavía no son suficientes para cubrir la demanda nacional de vivienda. Será necesario seguir buscando nuevas fuentes de financiamiento y mecanismos de cooperación», advirtió.

Tamaño de las viviendas dependerá de la ubicación

Respecto a las especificaciones técnicas de las viviendas sociales, explicó que la legislación ya establece parámetros claros sobre el costo máximo permitido y el área aproximada de construcción.

Indicó que, por regla general, los proyectos consideran viviendas entre 40 y 45 metros cuadrados, aunque el tamaño puede variar dependiendo del costo del terreno, los materiales y la ubicación del proyecto.

«No cuesta lo mismo construir en Tegucigalpa o San Pedro Sula que hacerlo en otras regiones del país. En ciudades donde el suelo es más económico es posible construir viviendas de mayor tamaño con el mismo presupuesto», diferenció.

Servicios básicos y política de Estado

Otros especialistas consultados enfatizaron en que también se deben tomar en cuenta varios desafíos en materia de infraestructura, porque no basta con construir viviendas si éstas no cuentan con agua potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, telecomunicaciones y manejo adecuado de residuos.

La encuesta de Hogares del INE también refleja que un 8.6 % de las viviendas carece de acceso adecuado al agua y un 6.3 % no dispone de saneamiento adecuado. Las brechas son mayores en el área rural. En electricidad, la cobertura alcanza 98.9 % en las zonas urbanas, pero baja a 82.7 % en el área rural. El hacinamiento afecta al 6.8 % de los hogares, pero alcanza 10.7 % entre los hogares de menores ingresos, frente a apenas 0.9 % en el quintil más rico.

Según un informe de la Secretaría de Energía (SEN), unas 378 mil 920 viviendas en el país todavía carecen de acceso al servicio de energía eléctrica.

La nueva política habitacional busca responder precisamente a estas barreras mediante subsidios, garantías, crédito de largo plazo y mecanismos de inclusión financiera, con la expectativa de ampliar el número de familias que puedan convertirse en propietarias y que los desarrolladores sigan todas las especificaciones y normas correctas para viviendas dignas.

La oportunidad existe, pero la magnitud del déficit exige mucho más que programas aislados. Honduras necesita convertir la vivienda social en una política de Estado, capaz de sostenerse en el tiempo y de articular financiamiento, construcción, ordenamiento territorial, agua, saneamiento, energía y transporte.

La verdadera medida del éxito no será únicamente cuántos millones se colocan ni cuántos créditos se aprueban, sino cuántas familias de bajos ingresos logran acceder a una vivienda adecuada y permanecer en ella en condiciones dignas.