Un tribunal federal de apelaciones volvió a suspender el martes por la noche la aplicación de la controvertida ley SB4 de Texas, horas después de que la Corte Suprema había autorizado a que el estado comenzara a aplicar la medida.
En una breve orden, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos votó 2-1 para anular un fallo anterior de un panel diferente que había promulgado temporalmente la ley que autoriza a los funcionarios estatales de Texas a arrestar y detener a personas que se sospecha que han ingresado sin autorización legal en ese estado.
El panel de jueces que emitió la orden del martes por la noche ya está listo para escuchar los argumentos el miércoles por la mañana sobre la solicitud de Texas de volver a poner en vigor la ley SB4, en espera de la apelación estatal del bloqueo de la ley por parte de un juez federal.
Las autoridades de Texas no habían anunciado ningún arresto realizado en virtud de la ley.
El martes temprano, una Corte Suprema dividida había permitido que Texas comenzara a aplicar una ley que otorga a la policía amplios poderes para arrestar a inmigrantes indocumentados que crucen la frontera, mientras continuaba la batalla legal sobre la medida.
La orden de la mayoría conservadora de los magistrados de la Corte Suprema rechazó una solicitud de emergencia de la administración Biden, que dice que la ley es una clara violación de la autoridad federal y que causaría caos en la ley de inmigración.
La decisión le había dado una victoria significativa, aunque temporal, a Texas, que ha estado luchando contra la administración Biden por la política de inmigración.
El tribunal de apelaciones programó argumentos orales sobre si se debe bloquear la ley mientras considera las impugnaciones legales. El tribunal fijó los argumentos orales virtuales del miércoles para las 11 a. m. ET.
Independientemente de cómo actúe el Quinto Circuito tras los argumentos del miércoles, el tribunal de apelaciones seguirá discutiendo el próximo mes si la ley es inconstitucional y debería bloquearse indefinidamente.
La SB4, promulgada por el gobernador republicano Greg Abbott en diciembre, convierte la entrada sin documentos migratorios legales a Texas en un delito estatal y permite a los jueces estatales ordenar la deportación de inmigrantes. La aplicación de la ley de inmigración, en general, es una función del gobierno federal.
La ley inmediatamente generó preocupación entre los defensores de la inmigración por un mayor perfilamiento racial, así como por detenciones e intentos de deportaciones por parte de las autoridades estatales en Texas, donde los latinos representan el 40% de la población.
Un juez federal en Austin había impedido que el gobierno estatal implementara la ley, sosteniendo el mes pasado que “podría abrir la puerta a que cada estado apruebe su propia versión de las leyes de inmigración”.
El gobierno de México dijo el martes que no aceptaría “bajo ninguna circunstancia” el regreso de ningún inmigrante a su territorio desde el estado de Texas. México no está obligado a aceptar deportaciones de nadie excepto de ciudadanos mexicanos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. dijo que el gobierno federal también continuaría con la impugnación judicial de la ley que “complicará aún más” el trabajo de su fuerza laboral “ya tensa”. La agencia no ayudará en ningún esfuerzo para hacer cumplir la ley conocida como SB4.
Los opositores consideran que la ley es el intento más dramático por parte de un estado de controlar la inmigración desde que se promulgó una ley de Arizona hace más de una década, partes de la cual fueron anuladas por la Corte Suprema. Sus críticos también han dicho que la ley de Texas podría dar lugar a violaciones de derechos civiles y discriminación racial.
La inmigración se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los estadounidenses en las elecciones presidenciales de 2024.
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