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Cónsul mexicano y grupos civiles condenan la nueva ley migratoria de Georgia

Este 1 de julio entró en vigor la Ley HB 1105, conocida como la Ley de Seguimiento y Reporte de Extranjeros Criminales de Georgia, que impone nuevas obligaciones a las cárceles, donde debe retener a cualquier persona sospechosa de estar en el país de forma irregular.

Ante esta nueva disposición, el cónsul general de México en Atlanta, Javier Díaz de León, y organizaciones a favor de los inmigrantes denunciaron este lunes la nueva ley migratoria de Georgia, que consideran se presta para abusos y tiene en incertidumbre a la comunidad hispana.

Esta comunidad de Georgia se mantiene a la expectativa tras la entrada en vigor de la HB 1105, impulsada por los republicanos tras el asesinato de una joven universitaria presuntamente a manos de un venezolano indocumentado.

El cónsul Díaz subrayó hoy que su país condena este tipo de medidas antiinmigrantes que “pueden conducir al acoso, a la detención, a la expulsión y criminalización indebida de personas inmigrantes”.

También puede detonar un ambiente de incertidumbre, temor y vulnerabilidad entre la comunidad mexicana en Estados Unidos“, afirmó Díaz de León en un mensaje transmitido en las redes sociales.

El funcionario prometió que se utilizarán todos los recursos consulares y legales para proteger los derechos de los mexicanos en el estado.

Aunque la medida entró en vigencia el pasado 1 de mayo, el mismo día en que fue promulgada por el gobernador Brian Kemp, varios medios se hicieron eco de que se hizo efectiva este lunes 1 de julio, como tradicionalmente ocurre con la mayor parte de las nuevas legislaciones.

La noticia generó preocupación en la comunidad hispana pues activistas temen que esta nueva ley conlleve a un aumento de la discriminación racial y de los ataques contra las personas de color.

La HB 1105 exige a los departamentos de policía y alguaciles que verifiquen el estatus migratorio de los detenidos y que notifiquen al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si están indocumentados, y que además soliciten su participación en polémico convenio federal 287(g), que establece un acuerdo de colaboración con esta agencia federal.

De incumplir las disposiciones, las agencias locales podrían perder fondos estatales y sus oficiales enfrentar cargos.

Los opositores advierten que la ley convertiría a las policías locales en una policía migratoria, haciendo que los inmigrantes estén menos dispuestos a reportar delitos y a colaborar con las autoridades.

Desde el anuncio de dicha ley, el gobierno de México, por medio de si cancillería, consideró que la ley de seguimiento y denuncia de extranjeros criminales de Georgia podría detonar graves consecuencias como la separación de familias, prácticas discriminatorias y de perfilamiento racial, así como la potencial disminución de las denuncias en las agencias de orden público por el temor a repercusiones migratorias.

Según datos del gobierno mexicano, los hispanos constituyen el 11% de la población total de Georgia, además de que contribuyen en sectores clave como la agricultura, la silvicultura, la construcción y los servicios.

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