Conadeh reprocha impunidad en 220 asesinatos de profesionales del derecho desde 2004

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) señaló hoy que la impunidad que prevalece en alrededor del 90% de los casi 220 profesionales de derecho muertos violentamente, desde el año 2004, es una de las causas que convierten a esta profesión en una labor de alto riesgo para quienes la ejercen.

Según el Conadeh, el alto nivel de impunidad de estos delitos impide que se conozcan las verdaderas causas de su muerte y se les niega a sus familiares el derecho a conocer la verdad.

Aunque es una profesión humanista, su ejercicio conlleva muchos riesgos por lo que es urgente que las autoridades hondureñas establezcan mecanismos de seguridad que permitan salvaguardar la integridad física y la vida de los profesionales del derecho y sus familiares.

Hasta ahora, ha quedado de manifiesto que las condiciones de seguridad, en el país, no han sido las más propicias para salvaguardar la integridad física y la vida de más de dos centenares de profesionales del derecho.

Instamos al Estado hondureño, a través de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, a actuar con firmeza y debida diligencia, en la investigación, identificación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de atentar contra la integridad y la vida de los profesionales del derecho, para evitar la repetición de hechos lamentables.

Dos profesionales del derecho muertos violentamente en el 2026

En lo que va del 2026, al menos, dos profesionales del derecho perdieron la vida violentamente, el primer hecho ocurrió el 21 de enero, en el barrio San Sebastián, en la ciudad de Comayagua, zona central de Honduras, al ser asesinado a balazos el abogado Salvador Maradiaga Reyes, de 32 años.

El segundo hecho violento ocurrió el 6 de febrero con el asesinato del abogado René Altamirano a manos de personas que le dispararon en repetidas ocasiones cuando se encontraba en una pulpería cercana a su bufete en el barrio Medina de San Pedro Sula, Cortés.

Blanca Izaguirre, titular del Conadeh, se solidarizó con la familia doliente y urgió a las autoridades competentes actuar con prontitud, firmeza y diligencia en la investigación de los casos hasta identificar a los responsables de dichos crímenes.

Cuestionó que, en el país, hay un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos, abogados, operadores de justicia, comunicadores sociales y periodistas que no ha funcionado.

En un mundo ideal no debería haber un mecanismo de protección porque no deberíamos sentirnos ni los abogados, ni los comunicadores sociales, ni los defensores de derechos humanos expuestos a este tipo de situaciones, declaró.

Creado en mayo del 2015, el Mecanismo de Protección, adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos, presenta en la actualidad deficiencias y desafíos estructurales que van desde el bajo número de personal hasta la falta de calificaciones técnicas para su operación, situación que no le permite cumplir con efectividad su mandato.

Una profesión de alto riesgo

El ejercicio del derecho se ha convertido en una profesión de alto riesgo para quienes la ejercen, principalmente en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Atlántida y Olancho.

Desde el año 2004, alrededor de 220 profesionales del derecho perdieron la vida violentamente, algunos de ellos ejecutados en el interior de su vehículo, otros fueron ultimados en su propia vivienda o bufete o a pocos pasos de la misma, y en la vía pública.

Entre los profesionales del derecho, que murieron en forma violenta, figuran especialistas en derecho penal, en derecho mercantil, jueces de tránsito, de la niñez y de letras, defensores públicos, fiscales del Ministerio Público, asesores legales de sindicatos, instituciones bancarias, de instituciones del Estado, organizaciones campesinas y otros que combinaban su profesión con otras actividades empresariales y religiosas.