El Congreso Nacional de Honduras aprobó la noche de este miércoles, por amplia mayoría de 93 votos provenientes de cuatro bancadas, la destitución del fiscal general Johel Zelaya, tras concluir el proceso de juicio político en su contra.
La decisión se produjo luego de que Zelaya, quien se encontraba suspendido, se negara a presentarse ante el pleno legislativo, pese a haber sido convocado tras la interpelación realizada por una Comisión Especial que recopiló testimonios de siete testigos y analizó diversas pruebas documentales.
Durante la sesión, la Junta Directiva del Congreso procedió a dar lectura al informe final de la comisión, en medio de protestas de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), cuyos diputados manifestaron su rechazo con gritos y silbidos dentro del hemiciclo.
El informe concluyó que, tras evaluar los elementos probatorios y la comparecencia del funcionario, existen indicios de actuaciones contrarias a la Constitución, negligencia en el desempeño del cargo y falta de independencia funcional. En ese sentido, la comisión recomendó al pleno determinar responsabilidad política y considerar la destitución del titular del Ministerio Público.
El diputado presidente Tomás Zambrano defendió la decisión del Legislativo, señalando que el proceso se desarrolló conforme a la Constitución y respetando el derecho a la defensa del funcionario.
“Él renunció a su derecho de presentarse ante el pleno del Legislativo y no podemos esperar más. Este Congreso ha respetado el proceso constitucional y se le ha permitido al fiscal general su legítima defensa”, expresó Zambrano.
Con esta votación, el Congreso Nacional concreta la separación definitiva de Zelaya del cargo, en medio de un clima político tenso y cuestionamientos desde distintos sectores sobre el alcance y las implicaciones del juicio político.
Informe del Congreso sella la destitución de Johel Zelaya
La destitución de Johel Antonio Zelaya Álvarez como Fiscal General de la República no fue un hecho aislado ni improvisado. Fue la culminación de un proceso político y legislativo histórico que por primera vez logra aplicar el juicio político mismo que encontró su punto decisivo en el informe presentado por la Comisión Especial del Congreso Nacional, documento que no solo sustentó el juicio político, sino que trazó un retrato severo sobre el manejo del Ministerio Público durante su gestión.
El informe, leído ante el pleno, concluye que existieron prácticas sistemáticas de instrumentalización de la justicia con fines políticos, señalando que el ente acusador habría operado bajo influencias partidarias, particularmente favoreciendo a dirigentes del oficialismo y dirigiendo acciones contra sectores de oposición. Esta conclusión marcó la línea narrativa que terminó por inclinar la balanza hacia la destitución.
Entre los elementos más contundentes expuestos por la comisión, destaca el señalamiento de una justicia selectiva, evidenciada —según testimonios— en la manipulación de expedientes, el engavetamiento de investigaciones sensibles y la supuesta protección de figuras vinculadas al partido de gobierno. A esto se suman denuncias de presiones internas: fiscales de carrera habrían sido degradados, trasladados o incluso despedidos por negarse a alterar procesos investigativos.
El informe también pone el foco en decisiones polémicas del exfiscal, como la falta de acción en casos de alto perfil, incluyendo materiales comprometedores como el denominado “narcovideo” en contraste con actuaciones consideradas desproporcionadas en otros procesos de menor relevancia. Asimismo, cuestiona la validación pública de pruebas sin respaldo técnico, lo que habría debilitado la credibilidad institucional.
Otro punto crítico fue la presunta omisión de acciones judiciales frente a agresiones contra diputados de oposición, pese a la existencia, según se argumentó, de información suficiente para proceder legalmente.
En paralelo, se expusieron testimonios que apuntan a injerencias directas en investigaciones relacionadas con figuras políticas, incluyendo modificaciones de requerimientos fiscales en casos sensibles.
Uno de los episodios más delicados recogidos en el informe involucra la declaración de una fiscal que aseguró haber recibido órdenes para alterar un caso contra un exalcalde investigado por corrupción, en un contexto donde incluso se registraron hechos de violencia contra testigos vinculados a la investigación. Este señalamiento fue considerado por la comisión como una de las pruebas más graves sobre la posible interferencia en la labor fiscal.
El documento también advierte sobre una concentración de poder dentro del Ministerio Público, donde decisiones clave habrían sido controladas por un círculo reducido de funcionarios cercanos al titular, debilitando la autonomía de otras instancias como la Fiscalía Adjunta y la Dirección de Fiscales.
Finalmente, el informe sugiere que existieron acciones que pudieron incidir en el ámbito electoral, señalando retrasos en procesos y manejo de casos sensibles en momentos clave, lo que, según la comisión, generó un impacto en la institucionalidad democrática.
Con base en este conjunto de conclusiones, el Congreso Nacional determinó que hubo abuso de poder y uso indebido del cargo, configurando así las causales para la destitución definitiva de Zelaya.
La salida del ahora exfiscal abrió paso a la designación inmediata de Pablo Emilio Reyes Theodore como nuevo Fiscal General, en una decisión que se espera redefina el rumbo del Ministerio Público y deja planteado un precedente político: el alcance del control legislativo sobre altos funcionarios y los límites del ejercicio del poder en instituciones clave del Estado.
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