Con 78 votos el CN aprueba las reformas al subsector energético

 El Congreso Nacional, al filo de las 11.20 de la noche de este lunes 31.08.2026., aprobó con 78 votos a favor las reformas al subsector energético (Ley de Justicia Energética) para comenzar con el rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) manteniendo su condición de ente público.

– El proyecto no plantea una privatización de la ENEE en el sentido de vender sus activos o acciones; plantea una escisión empresarial manteniendo al Estado como propietario único, aunque introduce un modelo de operación con mayor participación de agentes privados y mecanismos de mercado.

– El objetivo declarado es reducir pérdidas, mejorar la situación financiera de la ENEE, elevar la confiabilidad del servicio, atraer inversión y procurar tarifas más accesibles.

– El presidente del CN, Tomás Zambrano dijo que la reforma tuvo el respaldo de 78 congresistas -49 del Partido Nacional y 29 de las bancadas de oposición-.

El proyecto fue leído por el presidente de la Comisión de Energía, Milton Puerto, quien recordó que el proyecto del dictamen fue previamente socializado con diversos sectores de la sociedad hondureña. En el hemiciclo estuvieron presentes el comisionado de la CREE, Héctor Corrales, y el gerente de la ENEE, Enrique Peña Panting.

El jefe de la bancada del partido Liberal, el diputado Jorge Cálix, explicó que su grupo parlamentario presentó su propuesta de reforma energética, una vez que el diputado Puerto concluyó con la presentación del dictamen que es respaldado por la bancada del oficialista Partido Nacional.

Cálix comentó que no compartía con el dictamen original del proyecto, y que consultó con expertos nacionales e internacionales para presentar una contrapropuesta que recibió el respaldo del oficialismo.

Detalló que la contrapropuesta posee 16 puntos que son novedosos destacando que el artículo 24 para enfatizar que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no puede venderse, privatizarse ni hacer negocios, y preservar su patrimonio público. En el caso que se pretenda este extremo debe contar con el respaldo de 96 votos, es decir, tres cuartas partes del hemiciclo.

Señaló que la estatal eléctrica creará tres subsidiarias para que se encarguen de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; será propietaria de todas las centrales hidroeléctricas, suscribirá contratos mediante las subsidiarias y que no se subaste ninguno de sus activos.

Propuso condonar la deuda del servicio de energía eléctrica a las municipalidades tipo C y D, mientras que en los casos de la A y B busquen una conciliación para tener un saldo positivo a cualquiera de las partes. Manifestó que se condonará la deuda a las familias pobres que hayan consumido menos de 200 kilovatios, pero básicamente a los que viven en zonas vulnerables y de bajos recursos.

Cálix exclamó que se prohíbe las contrataciones directas de energía y que las compras serán mediante licitaciones públicas, preferiblemente bajo el mecanismo de la subasta inversa.

Tachó que la última licitación de energía ocurrió hace casi 20 años, es decir hace cinco periodos presidenciales.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, sometió a votación sustituir el dictamen original por la contrapropuesta del Partido Liberal recibiendo el apoyo de 78 diputado: 49 del Partido Nacional y 29 del resto de las bancadas.

La oposición de Libre

En su intervención, la diputada de Libre, Luz Angélica Smith expresó su rechazo al proyecto y señaló que la energía eléctrica no es un negocio. Asimismo, cuestionó que el jefe de bancada del PL Jorge Cálix propuso un nuevo documento, por lo que el primer y segundo debate agotado del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo ya no tenía validez, por lo que se violentaba la técnica parlamentaria.

Reprochó que “nos preocupa que se abran espacios a los intereses privados, que el Estado vaya perdiendo la capacidad de administrar un servicio accesible para los hondureños. La ENEE necesita cambios, pero fortalecer la empresa pública jamás puede significar obedecer a beneficios de intereses particulares”.

Puntualizó que la historia juzgará a los 76 parlamentarios que respaldaron la aprobación de las reformas al subsector energético. Libre fija su postura: “No a la privatización de la estatal de energía”, externó, al tiempo que pidió consignación de los nombres de los diputados que votaron a favor y en contra.

El turno le correspondió al jefe de bancada liberal Jorge Cálix, quien aceptó que el proyecto es totalmente diferente al enviado por el Ejecutivo. “Este proyecto garantiza la propiedad pública de la ENEE y sus bienes”, señaló.

Mientras Cálix intervenía, el diputado de Libre Fabricio Sandoval armaba su propio zafarrancho con pitos, gritos y consignas en contra del decreto. “Lo que les da roncha es que los contratos leoninos ya no se podrán aprobar y fue Libre que aprobó el contrato de Brassavola”, vociferó Cálix.

Culpó a los diputados de Libre de aprobar un contrato por 300 megavatios generados con diésel a favor de “amigos” de los que gobernaron los cuatro años anteriores.

El presidente Zambrano anunció que se le aplicaba la sanción de 15 días de salario al diputado Fabricio Sandoval por entorpecer la sesión. El legislador opositor que le quitaran el sueldo por lo que resta del año.

Resumen de la reforma energética aprobada

El proyecto denominado “Ley de Justicia Energética” plantea una reforma estructural del sector eléctrico hondureño, con cambios en la organización de la ENEE, el funcionamiento del mercado eléctrico, las facultades de la CREE, la operación del sistema, las tarifas y la participación de empresas privadas. El dictamen de la Comisión de Energía fue emitido favorablemente el 31 de agosto de 2026.

1. Congelamiento temporal de la tarifa
Se establece una prohibición de aumentar la tarifa eléctrica al consumidor durante seis meses a partir de la entrada en vigencia de la ley.
El Poder Ejecutivo podría prorrogar el congelamiento por otros seis meses.

2. Transformación de la ENEE
Este es uno de los cambios centrales.
La ENEE no sería privatizada, según el texto, sino transformada en una empresa matriz estatal que mantendría la propiedad de los activos estratégicos.
De ella se desprenderían tres empresas subsidiarias:
ENEE Generación
ENEE Transmisión
ENEE Distribución, con posibilidad de dividirla o crear subsidiarias regionales.
Las tres serían sociedades anónimas unipersonales, pero el Estado conservaría el 100 % de las acciones a través de ENEE Matriz.
La separación sería jurídica, administrativa, operativa, financiera y contable, mientras que los activos continuarían siendo propiedad de ENEE Matriz y serían entregados a las subsidiarias para su administración, operación y mantenimiento, sin transferencia de dominio.

3. Blindaje de los activos estatales
El proyecto establece que los activos estratégicos transferidos a ENEE Matriz serían intransferibles, inalienables y no podrían utilizarse como garantía de financiamiento.
Además, ENEE Matriz no podría vender, ceder, pignorar o gravar las acciones de sus subsidiarias sin autorización del Congreso Nacional, ni reducir su participación por debajo del 100 %.
También se declaran bienes de dominio público, entre otros, los predios, embalses e instalaciones de las centrales hidroeléctricas de ENEE.

4. Nueva estructura para la CREE
La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) tendría mayor independencia funcional, presupuestaria y financiera.
Sus tres comisionados serían nombrados por la Presidencia de la República a partir de una lista elaborada por una Junta Nominadora integrada por representantes de la Secretaría de Energía, COHEP y las facultades de ingeniería de la UNAH.
Los comisionados tendrían períodos de seis años, con posibilidad de una reelección, y se establece un procedimiento específico para su remoción.

5. Creación de un nuevo Operador del Sistema y del Mercado
El proyecto crea el Operador del Sistema y del Mercado (OSM) como una entidad independiente de la Administración Pública.

Tendrá a su cargo:
Operar el sistema eléctrico nacional.
Administrar el mercado mayorista.
Coordinar generación, transmisión, almacenamiento e intercambios regionales.
Realizar el despacho de energía al mínimo costo.
Calcular costos marginales.
Coordinar mantenimientos.
Administrar las operaciones del mercado de contratos, de oportunidad y de servicios complementarios.
Su Junta Directiva tendría 10 miembros, representantes de transmisores, generadores renovables y no renovables, comercializadores, distribuidores y consumidores.

6. Más competencia en la compra de energía
Las distribuidoras deberán cubrir la demanda de sus usuarios regulados mediante contratos de capacidad firme y energía.
Las compras deberán realizarse mediante licitaciones públicas internacionales competitivas de largo plazo, bajo supervisión de la CREE. También se permitirían licitaciones de corto plazo en casos excepcionales.

7. Participación de consumidores y comercializadoras
La reforma fortalece la figura de los Consumidores Calificados, cuyo umbral de demanda será definido por la CREE.
Estos consumidores podrán participar directamente como agentes del mercado, siempre que cumplan las condiciones de capacidad firme establecidas por el regulador.
También se amplía el papel de las empresas comercializadoras, que podrán vender electricidad a consumidores calificados y otros agentes, incluso mediante transacciones regionales e internacionales.

8. Almacenamiento y generación renovable
La propuesta incorpora expresamente los sistemas de almacenamiento de energía, incluidos sistemas independientes y centrales híbridas.
También reconoce el derecho de los usuarios a instalar sistemas propios de generación renovable —por ejemplo, paneles solares— para cubrir total o parcialmente su consumo.
Los excedentes que inyecten a la red serían remunerados mediante el mecanismo que establezca la CREE.

9. Modernización y expansión de la transmisión
Las nuevas obras de transmisión de interés general deberán ser sometidas a licitaciones públicas internacionales.
La adjudicación se hará considerando el menor valor anual de transmisión ofertado, mientras que la CREE supervisará las bases, vigilará la competencia y podrá establecer valores máximos para las ofertas.

10. Cambios en las tarifas
El proyecto establece que las tarifas deben evitar trasladar a una categoría de usuarios costos atribuibles a otra.
Si el Estado decide subsidiar a consumidores de bajos ingresos, deberá hacerlo sin alterar las tarifas y sin afectar las finanzas del subsector eléctrico.
Además, la tasa utilizada para calcular tarifas deberá determinarse mediante estudios especializados contratados por la CREE.

11. Fondo para electrificación social
Se mantiene el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (FOSODE), administrado por ENEE Matriz.
Se financiará con un aporte equivalente al 1 % de las ventas de las distribuidoras a usuarios finales, además de los recursos que asigne el Congreso Nacional.

12. El problema que la reforma busca atacar
El dictamen justifica la reforma principalmente por la crisis financiera de la ENEE y las elevadas pérdidas de distribución.
Según el documento, las pérdidas técnicas y no técnicas han rondado históricamente entre 30 % y 35 % de la energía generada, muy por encima de los estándares internacionales, mientras las pérdidas financieras anuales de la empresa superarían los 16,000 millones de lempiras.

En síntesis: ¿qué cambia?
La reforma busca pasar de una ENEE integrada a un esquema de ENEE Matriz + tres subsidiarias, separar las funciones de generación, transmisión y distribución, crear un operador independiente del sistema y fortalecer la autonomía de la CREE.
Al mismo tiempo, abre más espacio a la competencia y a la inversión privada mediante licitaciones, comercialización, consumidores calificados, generación distribuida y almacenamiento, pero mantiene formalmente la propiedad estatal de los activos estratégicos y el 100 % de las acciones de las subsidiarias.
El objetivo declarado es reducir pérdidas, mejorar la situación financiera de la ENEE, elevar la confiabilidad del servicio, atraer inversión y procurar tarifas más accesibles.

Dato clave: el proyecto no plantea una privatización de la ENEE en el sentido de vender sus activos o acciones; plantea una escisión empresarial manteniendo al Estado como propietario único, aunque introduce un modelo de operación con mayor participación de agentes privados y mecanismos de mercado.