La matanza de 13 personas en una mina de Pataz generó conmoción en Perú y puso el foco en el alarmante auge de la actividad criminal en torno a la minería ilegal en el país.
Los cadáveres de los trabajadores fueron hallados este domingo con indicios de haber sido ejecutados en una galería subterránea en la provincia peruana de Pataz, en el departamento de La Libertad, después de días de rumores e informaciones sin confirmar sobre su presunto secuestro.
La empresa propietaria de la explotación dijo que ya son 39 las personas “ultimadas” por las bandas criminales que han tomado el control de la actividad minera en Pataz.
La última masacre confirma la escalada de violencia en la que se han embarcado.
En medio de críticas de aquellos que ponen en tela de juicio la capacidad del gobierno para responder al aumento de la inseguridad en el país, la presidenta Dina Boluarte decretó el lunes el toque de queda en la provincia y ordenó el despliegue de las fuerzas armadas en la zona.
Los expertos relacionan la proliferación de la minería ilegal con el aumento de la delincuencia y el crimen organizado, que se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas y copa el debate político peruano.
La matanza de Pataz ha revelado cuán sangriento puede llegar a ser un fenómeno delictivo que se extiende por el territorio rico en minerales de Perú sin que las autoridades logren ponerle por ahora freno.
Un negocio en auge
Gracias a las riquezas minerales que abundan en sus montañas andinas y en su selva amazónica, Perú es el mayor productor de oro de América Latina y el sexto del mundo según PlanetGOLD, un programa internacional en pro de una minería artesanal sostenible.
Se estima que unos 250.000 mineros artesanales y a pequeña escala trabajan en el país y producen una cuarta parte de sus exportaciones de oro.
El país sudamericano es también uno de los principales productores mundiales de cobre.
Los precios de ambos minerales se han disparado en los últimos años.
Según un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), el precio del gramo de oro se ha multiplicado por siete desde el año 2000, contribuyendo a la “rápida expansión” de la minería ilícita.
De acuerdo con las estimaciones del IPE, la producción ilegal de oro en Perú alcanzó las 77 toneladas en 2023, lo que ha hecho del país “el epicentro de la minería ilegal” en Sudamérica.
De hecho, según calcula el organismo, el 44% del oro ilegal que exporta Sudamérica proviene del Perú, muy por encima del 25% de Colombia y el 12% de Bolivia.
Lo que comenzó como un problema en regiones selváticas como Madre de Dios y Loreto, se ha extendido en la última década por casi todo el país, con especial incidencia en los departamentos de Puno, Cusco, La Libertad y Arequipa.
“El alza de los precios ha hecho que la extracción ilegal y el contrabando se hayan convertido en un negocio más lucrativo incluso que el narcotráfico”, le dijo a BBC Mundo César Ipenza, especialista en delitos medioambientales de la Universidad del Pacífico.
Dichos beneficios han atraído a grupos criminales diversos, cada vez más complejos y violentos, como la banda ecuatoriana Los Lobos, cuya presencia se ha reportado en Perú.
Como muestra la experiencia de otros países de América Latina, la expansión de la minería ilegal tiene graves consecuencias medioambientales y sociales.
El uso del mercurio y otros químicos en las explotaciones clandestinas en o junto a los ríos contamina las aguas y los peces.
“Las comunidades indígenas amazónicas se alimentan casi exclusivamente de pescado, por lo que tiene un impacto negativo en su salud cuando está contaminado”, señala Ipenza.
En torno a las minas ilegales suelen establecerse también burdeles que tienen entre sus clientes a los mineros informales, la mayoría hombres, lo que coloca a las mujeres y niñas de la zona en alto riesgo de caer en redes de explotación sexual, advierten los expertos.
Y los mineros están a su vez sometidos con frecuencia a explotación laboral.
“Suelen ser hombres jóvenes que llegan de diferentes lugares y a los que se pone a trabajar en las condiciones más duras, a veces en túneles que no cumplen con ninguna condición de seguridad”, indica Ipenza.
A todo eso se suman los secuestros, extorsiones y homicidios como el de Pataz, que se han hecho más frecuentes a medida que los grupos criminales se han adueñado de un negocio antes en manos de mineros informales pero no necesariamente armados.
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