Pese a que la Comisión Permanente nombró al fiscal general el fiscal adjunto del Ministerio Público bajo el argumento de que había ausencia absoluta de máximas autoridades de la institución, el Ejecutivo reconoció al entonces fiscal adjunto, Daniel Sibrián, al solicitarle diligencias del 1 de septiembre al 2 de noviembre.
Una prueba de esta situación es el oficio No-1069-DPM-SRECI-2023, fechado el 17 de octubre de 2023, en el cual el subsecretario de Relaciones Exteriores, Antonio García, envió a Sibrián un oficio reconociéndolo como fiscal general adjunto y solicitó su colaboración en el mecanismo de examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada.
El escrito establecía que se revisarían varios instrumentos durante el segundo ciclo de examen y se requería al Ministerio Público actualizar un listado y remitir información antes del 23 de octubre de 2023.
Además de estas comunicaciones, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, señaló este martes en Frente a Frente de Canal 5 que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también envió varias comunicaciones oficiales a Sibrián entre el 1 de septiembre y el 2 de noviembre.
Espinoza destacó que si la CSJ no reconociera la autoridad de Sibrián como fiscal general por ministerio de la ley, no se habría dirigido a él de ninguna manera.
«Si la Corte hubiese pensado igual como los compañeros diputados de Libre, sencillamente no se hubiera dirigido a Cibrián de ninguna manera, y estoy segura y sí debería de sacar las comunicaciones donde la corte reconoce que él es el fiscal por ministerio de la ley», cuestionó Espinoza.
Controversia
La controversia se origina en el hecho de que, el 31 de agosto, Daniel Sibrián (fiscal general adjunto del período 2018-2023) y el exfiscal general Óscar Chinchilla concluyeron su período constitucional de cinco años.
Sin embargo, Sibrián decidió mantenerse en el cargo y asumir las funciones de fiscal general, amparándose en una interpretación de la Sala de lo Constitucional de la CSJ del artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que permite a los funcionarios elegidos por el Congreso Nacional permanecer en funciones hasta que se elijan sus sustitutos.
En medio de esta situación, diputados oficialistas como el jefe de bancada de Libre, Rafael Sarmiento, y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, desconocieron la autoridad temporal de Sibrián en el Ministerio Público.
Incluso, cuando Sibrián presentó su renuncia ante el Congreso Nacional el 1 de septiembre, el presidente Redondo la calificó como «extemporánea» y se negó a someterla al pleno de diputados.
Fiscales interinos vía Comisión Permanente
Posteriormente, el 1 de noviembre, argumentando vacancia absoluta, la Comisión Permanente del Congreso Nacional, presidida por Luis Redondo e integrada por ocho diputados oficialistas, nombró interinamente a Johel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal general adjunto, a pesar de la oposición de otras bancadas del Congreso Nacional.
Además, según Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, la Comisión Permanente del Congreso Nacional podría utilizar un argumento similar de vacancia definitiva para nombrar a los sustitutos en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), cuyos magistrados cesarán en sus funciones el 7 de diciembre.
Desde el pasado 16 de febrero, el pleno de tres magistrados del TSC se encuentra incompleto, luego de que Roy Pineda renunciara y fuera elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
El otro órgano que podría sufrir el mismo destino, según la oposición, sería el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), pues Gaudy Bustillo, al igual que Pineda, resultó electa magistrada de la Corte Suprema, y otro magistrado del TJE, Ernesto Paz Aguilar, falleció el pasado 4 de julio, por lo que ese pleno solo cuenta con la magistrada Miriam Barahona.
Tanto los magistrados del TSC como los del TJE son elegidos por el Congreso Nacional, los primeros con 65 votos y los segundos con 86.
LEA: Cuatro recursos contra fiscales interinos ha recibido la Sala de lo Constitucional
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Extienden por 24 horas más las alertas por lluvias en Honduras
Mediante un comunicado de prensa, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que por las constantes lluvias, saturación de suelos y deslizamientos en carreteras se determinó extender los niveles de alertamiento.
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De igual forma, quedan en alertamiento rojo los municipios de El Progreso, Santa Rita y El Negrito en el departamento de Yoro; hasta el Ramal del Tigre en Tela, Atlántida, por crecidas del río Ulúa y Chamelecón.
Entre tanto, permanece en alerta amarilla el resto del territorio nacional, por el mismo período de tiempo, según el organismo de protección civil.
Por lo anterior, Copeco solicitó a la población de estos municipios continuar con las medidas de prevención, como las evacuaciones en zonas propensas a inundaciones.
De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) una cuña de alta presión se debilita en el Caribe hondureño se debilita y dejará lluvias variada intensidad en la mayor parte del país.
Daños por lluvias en Honduras
El último informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) detalló que en los últimos días las lluvias han dejado tres muertos, 35,315 afectados, 2,095 evacuados y 1,632 albergados.
Además, como consecuencias de las intensas precipitaciones, un total de 114 comunidades están incomunicadas, asimismo 15 viviendas han sido destruidas y 823 han resultado afectadas.
La zona más afectada es el norteño valle de Sula, columna vertebral de la economía del país, donde las crecidas de los caudalosos ríos Ulúa y Chamelecón obligaron a los organismos de socorro a evacuar miles de personas y llevarlas a albergues o casas de familiares.
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