Una condena generalizada de organizaciones de la sociedad civil, luchadores por el ambiente y de la comunidad internacional se desató este fin de semana en Honduras al conocerse el asesinato del dirigente proderechos humanos y ecologista Juan López, ocurrida el sábado (14-09-2024) por la noche en Tocoa, Colón. Las voces pidieron al unísono al Estado y gobierno hondureño una investigación para dar con el paradero de los responsables y que los mismos sean enjuiciados.
Las Naciones Unidas, el gobierno de Estados Unidos, la Iglesia Católica, por medio de la orden de los Jesuitas, y organizaciones étnicas como el Copinh y los garífunas condenaron el asesinato de Juan López, dirigente del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), defensor de los recursos ambientales de la zona y regidor del gobierno local.
Sus colegas ambientalistas señalaron que se debe investigar la vinculación de la muerte de López con la denuncia que hizo en cuanto a que el alcalde municipal Adán Fúnez apareció en un narcovideo y que reclamaba su renuncia, así como la expulsión del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
Igualmente criticaron al Estado y gobierno, ya que López gozaba de la protección dada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) desde el año pasado, pero la seguridad nunca fue dada.
López integraba el Consejo Nacional Apostólico de la Compañía de Jesús, conocido popularmente como la orden de los Jesuitas de la Iglesia Católica, y su muerte ocurrió tras salir de la iglesia a la que acudió a la jornada como delegado de la Palabra De Dios en la parroquia San Isidro Labrador del caliente municipio de Tocoa.
El activista asesinado también era regidor de la municipalidad de Tocoa y la semana pasada, junto a otros tres compañeros regidores, había solicitado en la sesión de la corporación la renuncia del alcalde Adán Fúnez por haber salido en el narcovideo donde un grupo de altos jefes mafiosos ofrecen 650 mil dólares al diputado Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro y hermano del coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, para financiar la primera campaña de Libre de 2013.
López se dedicaba, junto a los miembros del CMDBCPT, a proteger los recursos naturales de la zona y enfrentaba amenazas a su vida.
Del lado gubernamental también vinieron pronunciamientos de repudio y paradójicamente exigencias de justicia.
La presidenta Xiomara Castro repudió el vil asesinato por medio de un posteo en su cuenta X. A la mandataria se sumaron el asesor presidencial Manuel Zelaya y los ministros de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos, Enrique Reina y Angélica Álvarez respectivamente.
Te falló el gobierno
El defensor de los derechos humanos e investigador de la unidad del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, Joaquín Mejía, mostró su dolor por el asesinato de López e indicó que el gobierno le falló.
En su cuenta de X, Mejía escribió “Te asesinaron, querido Juan, y el gobierno te falló a vos y a toda las comunidades que defienden los ríos San Pedro y Guapinol. Tenías medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde hace tiempo y no sirvieron para nada. Que no vengan ahora con comunicados llenos de palabras vacías”.
Mientras la dirigente de los pueblos garífunas Miriam Miranda, señaló en su cuenta X lamentó “también silenciaron la vos (sic) de Juan López. Asesinos de mierda”.
De su lado la Compañía de Jesús, por medio de su Consejo Nacional Apostólico, criticó que a pesar de las múltiples amenazas a su vida y no recibir la protección ordenada por la CIDH, “el Estado hondureño lo dejó en total indefensión”.
En el comunicado emitido por los jesuitas, estos demandan una investigación que dé con los gatilleros, con los autores intelectuales y quienes pagaron. Además reclaman que el Ministerio Público sea auxiliado por “instancias competentes internacionales”.
Ocho asesinatos que gozaban medidas de CIDH en gobierno actual
La directora ejecutiva de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), Dina Meza, dijo a Proceso Digital que el crimen de Juan López es lamentable y pone de manifiesto que las personas que tienen medidas cautelares y de protección por parte del Mecanismo de Protección están en grado de riesgo.
Meza señaló que no se están implementando las medidas idóneas para proteger a las personas que gozan de estas medidas, “no se cumple con lo que ha ordenado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de las personas que tienen medidas de la Comisión Interamericana”.
Con López, suman ocho los defensores asesinados y que contaban con medidas de protección de la CIDH en el gobierno de Xiomara Castro y lo más lamentable, enfatizó Dina Meza, es que no han tomado ni siquiera una acción para enmendar la falta de protección para la personas defensoras de derechos humanos “a pesar de que ella lo dijo en su plan de gobierno”.
Además de condenar el hecho, la presidenta de Asopodehu también expresó que es importante deducir responsabilidades a quienes no protegieron a Juan López y a los demás compañeros que han sido asesinados y que tenían protección, y a todos los demás que no tenían medidas de protección.
“El Estado de Honduras debe ser responsable de proteger a las personas que defendemos los derechos humanos, entonces es una demanda permanente de que tomen las medidas, pero no lo están haciendo”, aseveró.
Meza criticó que cada vez que hay un asesinato de un defensor, vemos que se lamentan estos funcionarios por redes sociales, “pero hasta ahí se quedan y después no toman ninguna acción”, dijo, al agregar que esta es una negligencia irresponsable que pone en precario la vida de todas las personas que como ella, defienden los derechos humanos.
Investigación oportuna
Mientras la comunidad internacional reclamó una investigación oportuna de la muerte de López.
La embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, escribió en su cuenta de X “lamentamos profundamente” el asesinato de López y “exigimos una investigación oportuna y transparente”.
De su lado la representante de la Organización de las Naciones para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), Isabel Albaladejo, “instó al Estado a investigar el asesinato de Juan López, considerando las amenazas que denunció como defensor de derechos humanos, así como posibles represalias por sus denuncias contra el alcalde Adán Fúnez, a quien pidió su renuncia por presuntos vínculos con el crimen organizado”, según escribió en la cuenta de X del organismo.
Honduras lidera asesinatos de activistas ambientales
Informes internacionales de prestigio han hecho énfasis en la la muerte, desaparición y represión contra los líderes ambientalistas del mundo y establece que Honduras lidera en la región el asesinato más alto per capita.
El informe señala que 18 personas fueron asesinadas por su compromiso ambiental el 2023, un incremento en relación a las 14 muertes registradas el 2022.
En 2023 Honduras registró el mayor número de homicidios de personas defensoras per cápita, con un total de 18. Ese mismo año también se asesinó a 10 personas defensoras en Nicaragua, 4 en Guatemala y 4 en Panamá, destaca el informe. (PD).
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