“A diferencia de Ecuador y El Salvador, Colombia aprendió durante décadas que no es posible eliminar organizaciones criminales sin diálogo”

La mano dura parece ser la estrategia de moda para combatir el crimen organizado en América Latina.

Es la vía que asumieron las administraciones de Nayib Bukele en El Salvador, Xiomara Castro en Honduras y Daniel Noboa en Ecuador.

Los tres gobiernos libran una guerra abierta contra el crimen aplaudida por muchos, especialmente sus ciudadanos, pero también criticada por distintas organizaciones de derechos humanos por cercenar libertades.

Por eso llama la atención cuando se producen excepciones a lo que ahora parece ser la regla, como la apertura de una posibilidad de diálogo entre el gobierno de Gustavo Petro en Colombia y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el grupo criminal más poderoso del país, más conocido como el Clan del Golfo.

Elizabeth Dickinson, analista del centro de estudios especializado en conflictos International Crisis Group en Colombia, atribuye este movimiento a las lecciones aprendidas por Colombia durante más de medio siglo de conflicto armado, como “que las organizaciones criminales no solo se eliminan con una respuesta militar, sino también con diálogo”, le dice a BBC Mundo.

El “acercamiento” lo planteó Petro el pasado lunes durante un discurso en Apartadó, en el Caribe antioqueño: “El que tiene el balón en la cancha es el Clan. ¿Se atreve o no se atreve? Si no se atreve ‘guerriamos’, porque la decisión es destruir el Clan. Si se atreven, abrimos las mesas de negociación”.

El EGC respondió horas después con un comunicado diciendo que “aceptaban” la invitación del presidente de “sentarse a negociar condiciones políticas” que permitan “transformaciones sociales” en las regiones donde hacen presencia.

De momento solo son palabras y las posturas de ambos actores son distantes.

El EGC pretende una negociación política y el gobierno no los considera una organización con esos fines.

Hoy ostentan un fuerte control en múltiples territorios y se le atribuyen actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el tráfico de migrantes, esto último negado por el grupo en su respuesta a Petro.

Sin embargo, expertas como Dickinson piensan que el gesto es “importante” para la “paz total” que pretende Petro en Colombia negociando con varios grupos armados, una política cuyos resultados siguen por verse y que con el paso del tiempo genera más dudas entre expertos y parte de la población colombiana.

Dickinson es analista sénior de ICG en Colombia desde 2019. Su trabajo se centra en las dinámicas del conflicto armado y la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las guerrillas FARC de 2016.

En esta entrevista conversa con BBC Mundo sobre la importancia de incluir al EGC en las conversaciones de paz de Petro y de que el diálogo siga siendo una opción vital en la resolución del conflicto.

Estamos viendo una tendencia a la guerra abierta y la mano dura contra el crimen en América Latina, sobre todo en El Salvador, Ecuador y Honduras, pero el gobierno de Colombia insiste en mantener vías abiertas de negociación.

Colombia tiene una historia única porque ha tenido un conflicto político por más de medio siglo. Una de las lecciones que aprendió es que estos problemas no tienen solo una solución militar.

Puedes debilitar a los grupos, presionarles, crearles incentivos, pero no puedes eliminar a estas organizaciones sin algún tipo de diálogo.

Esa es la diferencia. Colombia aprendió estas lecciones durante muchas décadas y es lo que esta administración está tratando de aplicar.

Los países que experimentan esto por primera vez como Ecuador, con un enfoque de sometimiento a la ley, creo que refleja que todavía están aprendiendo a lidiar con ello y que no tuvieron una historia de conflicto como la de Colombia.

La realidad en Colombia es distinta a la de otros países, donde se trata de un fenómeno criminal y no hay historia de un conflicto político violento y con vínculos a la economía ilícita.