A criterio del doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, las recientes reformas al Código Penal y Procesal Penal debieron incluir el combate frontal contra la corrupción y el narcotráfico.
En Honduras se roban alrededor de 130 mil millones de lempiras al año, entre el 12 % y el 15 % del Producto Interno Bruto (PIB), acotó el defensor de derechos humanos.
Con lo que se pierde a causa de la corrupción se podrían edificar 100 hospitales básicos y 3 mil 600 escuelas, pero las modificaciones legales omiten sancionar a los corruptos y narcotraficantes, reprochó el defensor de derechos humanos.
El verdadero obstáculo del país radica en la debilidad del sistema de investigación, ya que nueve de cada diez delitos permanecen en la impunidad, agregó.
Cuestionó que las normativas busquen el control social mediante el miedo y estigmaticen los tatuajes, cuando las estructuras criminales actuales ya no utilizan esas marcas y mantienen nexos con ciertos diputados y policías, mientras los allanamientos recaen sobre la población general pero excluyen las residencias de los congresistas.
El Congreso Nacional aprobó en octubre la «Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas». Las reformas penales están orientadas a endurecer las medidas contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales en Honduras.
Las reformas plantean prisión preventiva obligatoria, allanamientos sin orden judicial previa en casos de urgencia, penas de hasta cadena perpetua y sanciones por grafitis y símbolos vinculados con estructuras criminales.

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