Apenas cuatro de cada 100 lempiras recaudados mediante la Tasa de Seguridad Poblacional se destinan a investigación criminal, mientras más de la mitad de los recursos financian gastos en alimentos y alquiler de vehículos, reveló un análisis de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El informe, divulgado este 10 de noviembre de 2026 y elaborado con base en los reportes de ejecución presupuestaria de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), señala que durante este año se recaudaron 5,882 millones de lempiras mediante este mecanismo, pero la distribución de los fondos evidencia una limitada inversión en el fortalecimiento de las capacidades investigativas del Estado.
Según el análisis, la Dirección de Investigación e Inteligencia mantiene para 2026 una asignación de 215 millones de lempiras, exactamente la misma cantidad que recibió en 2025, pese al incremento sostenido de la recaudación.
Otro de los hallazgos señalados por ASJ es que el Ministerio Público aparece sin asignación de recursos provenientes del fideicomiso durante 2026, pese a que el artículo 32 de la Ley de Seguridad Poblacional lo contempla entre las instituciones beneficiarias.
En contraste, los gastos en alimentos aumentaron de 1,925 millones de lempiras en 2025 a 2,271 millones en 2026. Mientras tanto, el alquiler de vehículos pasó de 1,242 millones a 722 millones de lempiras en el mismo período.
Aunque este último rubro registró una reducción, ambos conceptos continúan absorbiendo más de la mitad de los recursos asignados.
Defensa aumenta 81 % sus recursos
El documento también destaca que la Secretaría de Seguridad concentra cerca de 2,900 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad en 2026, un incremento del 4 % respecto al año anterior.
Sin embargo, el mayor aumento corresponde a la Secretaría de Defensa Nacional, cuya asignación pasó de 742 millones de lempiras en 2025 a 1,344 millones en 2026, lo que representa un crecimiento del 81 %.
A estas instituciones les siguen el Instituto Nacional Penitenciario, con 698 millones de lempiras, y el pago de deuda pública, con 612 millones.
Para la ASJ, esta distribución se aleja del propósito original de la legislación, que establece el fortalecimiento de los operadores de justicia para combatir las amenazas contra la convivencia pacífica y la seguridad de la población.
«Quince años después de su creación como una contribución temporal, la Tasa de Seguridad sigue financiando comida y vehículos en lugar de fortalecer la capacidad del Estado para investigar y llevar a juicio a quienes cometen delitos», señaló Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de ASJ.
El representante agregó que mientras la investigación criminal reciba apenas cuatro centavos de cada lempira y el Ministerio Público quede fuera de la distribución, será difícil romper el ciclo de impunidad.
Recaudación supera los niveles de años anteriores
El análisis también advierte sobre el crecimiento de los ingresos provenientes de esta contribución. Entre 2012 y 2021 se recaudaron 22,055 millones de lempiras, con un promedio anual de 2,205 millones.
Sin embargo, entre 2022 y 2025 la recaudación alcanzó 17,692 millones de lempiras, equivalente al doble del promedio anual registrado durante la década anterior. Para el período 2026-2027 se proyecta una recaudación promedio superior a los 6,000 millones de lempiras anuales.
La Tasa de Seguridad fue creada mediante el Decreto Legislativo 105-2011 y se financia a través de contribuciones aplicadas a operaciones bancarias, telefonía móvil y comidas rápidas, además de aportaciones de sectores como la minería, los casinos y el cooperativismo.
ASJ cuestiona falta de transparencia
Otro de los aspectos señalados por la organización es la falta de actualización de la información pública sobre el manejo del fideicomiso.
De acuerdo con el informe, la última actualización de la sección de compras del Comité Técnico del Fideicomiso en el Portal Único de Transparencia data del 8 de abril de 2022 y únicamente contiene información hasta diciembre de 2021.
Ante estos hallazgos, ASJ demandó mayor transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos, incluyendo las contrataciones, las obligaciones financieras y los resultados obtenidos.
La organización considera que el crecimiento de la recaudación debe traducirse en mejoras verificables en la prevención del delito, la investigación criminal y la reducción de la impunidad en Honduras. IR
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