Reformas penales antiterroristas, prueba de fuego para el Estado

Honduras avanza en el endurecimiento de su legislación penal como parte de la estrategia para combatir la extorsión, el terrorismo, las maras, las pandillas y otras estructuras del crimen organizado, mientras la población muestra su inconformidad al grado de aceptar un gobierno no democrático siempre que resuelva los problemas, entre los cuales la inseguridad es uno de ellos, de acuerdo al informe de Latinobarómetro 2026 .

– Paquete de reformas penales antiterrorista, prueba de fuego para el mismo Estado

– Las reformas deben ir acompañadas de acciones integrales de aplicación en todo el sistema de justicia, sino el país podría ampliar su legislación penal sin superar los problemas institucionales que limitan la persecución del crimen organizado.

– Reformas penales se aprobarán y se depuraron a operadores: Tommy Zambrano

Como se conoce el Congreso Nacional (CN), aprobó por unanimidad el Decreto 84-2026 y empuja una segunda ola de reformas que redefine allanamientos, beneficios penitenciarios y detención, pero su eficacia dependerá de la coordinación y eficiencia entre Policía, MP y jueces, advierten desde ya expertos en la materia.

¿Cambio estructural o endurecimiento sin músculo investigativo?

Qué cambió y qué se discute, ahora, después de que el 22 de mayo de 2026 se publicó en La Gaceta No. 37148 el Decreto 84-2026, aprobado por unanimidad, que endurece extorsión, terrorismo, crimen organizado y fortalece al Instituto Nacional Penitenciario (INP).

Ese es solo el primer escalón, pero hay un paquete pendiente que el secretario del Congreso, Carlos Ledezma, confirmó incluye el fin de beneficios para delitos graves: Impedir medidas alternas y libertad condicional al 50% de la pena para condenados por terrorismo -tras la declaratoria del CNDS a MS-13, Barrio 18 y Cártel del Diablo-, corrupción y otros delitos graves.

Deberán cumplir la totalidad en prisión. Se discute reformar el artículo 74 del Código Penal, que regula el reemplazo de pena.

También el allanamiento sin orden judicial previa: La propuesta habilita a Policía Nacional, Policía Militar y otros entes a actuar de forma inmediata, sin esperar orden de juez, para flagrancia 24/7 y saturaciones en barrios y colonias. En este punto cabe aclarar que hoy se requiere orden judicial.

Detención de 24 a 48 horas: Iniciativa del diputado Eder Mejía a petición de la Policía, para investigar y documentar sin que el detenido sea liberado y se fugue.

Además, se incluye en el paquete un régimen penitenciario duro, para privados de máxima peligrosidad, visitas conyugales una vez por semana, 30 minutos de sol al día, prohibición de equipo tecnológico y de dinero efectivo, entre otros.

En paralelo: Aumento de penas por femicidio a 30, 40 y hasta 60 años con juzgados especializados integrados por juezas.

Proyecto en manos de la CSJ

El proyecto ya fue remitido por el Legislativo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para opinión de la Sala de lo Penal, los parlamentarios incluyendo al presidente Tomás Zambrano, han exteriorizado que están a la espera de respuesta para que las reformas entren a discusión y aprobación.

El magistrado de la CSJ Mario Díaz manifestó a Proceso Digital que, hasta el viernes anterior a sus declaraciones, la solicitud todavía no había sido remitida a la Sala de lo Penal.

“Al menos hasta el viernes anterior no había sido remitida por lo que no puedo referirme al contenido del documento ni al análisis que se deberá realizar”, manifestó.

Explicó que, una vez recibida por la Secretaría de la Corte, debe seguir el procedimiento interno para ser enviada a la instancia competente, que posteriormente emitirá una opinión para conocimiento del pleno de magistrados. Reiteró que primero el documento debe pasar por los mecanismos de coordinación interna antes de ser distribuido entre los magistrados.

Asimismo, indicó que los requerimientos pueden incluir plazos para emitir una respuesta, por lo que, una vez recibidos y remitidos a la instancia correspondiente, los magistrados procuran atenderlos con la mayor rapidez posible.

Opinión de la CSJ no es vinculante: Tommy Zambrano

El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, asegura los votos: «Se necesitan 65 votos. Todos se han comprometido. No miro problema. Las líneas son claras contra los grupos terroristas. Los allanamientos siempre irán acompañados de fiscales y creo nuevamente podemos tener unanimidad”, dijo.

Señaló que las reformas serán aprobadas esta semana en el Congreso Nacional y recordó que la opinión de la CSJ no es vinculante.

“Siempre vamos a aprobar esta reforma porque con la seguridad del pueblo hondureño no podemos jugar y es el momento”, indicó el titular del Legislativo.

Zambrano aseguró que las modificaciones propuestas buscan dotar a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los jueces y los fiscales de herramientas legales para enfrentar a las estructuras criminales y terroristas, mediante mecanismos que faciliten la captura de sus integrantes y eviten que continúen operando desde los centros penitenciarios.

Recordó Zambrano que la población pide mano dura, pero advirtió que van auditar, van a pedir cuentas, vamos a depurar “porque el policía, el militar, el juez o el fiscal que estén vinculado a estos grupos terroristas también va a ser acusado como perteneciente a los grupos terroristas”,  no permitiremos que desde, los operadores de justicia estén coludidos con el crimen.

 ¿Cambio estructural o populismo punitivo? La voz de los expertos

Para el director de Seguridad de la ASJ, Nelson Castañeda, consultado por Proceso Digital, dijo que las reformas hechas y las pendientes dan «más herramientas al Ministerio Público, cuerpos de seguridad y tribunales para perseguir redes criminales, pero advierte el cuello de botella».

 «Las reformas por sí solas no pueden avanzar. El mayor reto para combatir la criminalidad organizada es el mismo Estado. El mismo sistema es el principal obstáculo. El fiscal ve al juez como una limitante, un obstáculo. Los tres cuerpos grandes que conforman el sistema de Justicia penal entre ellos se ven como obstáculos. Si no hay coordinación, no funcionará».

El abogado penalista Marlon Duarte, también abordado por Proceso Digital, fuemás frontal: subir penas no reduce delitos. En ese sentido plantea fortalecer la investigación criminal, la vigilancia tecnológica, las denuncias ciudadanas y la capacidad de almacenamiento de información.

Sostuvo que las reformas al Código Penal y el endurecimiento de las penas son insuficientes para combatir la delincuencia si no se acompañan de una estrategia integral basada en inteligencia policial, tecnología y pruebas que permitan identificar con certeza a los responsables de los delitos.

Duarte propone: vigilancia con drones en zonas críticas, ampliar de 24 a 72 horas el almacenamiento de cámaras del 911, sistema de denuncias confidenciales con recompensas y centros de análisis de información.

“Yo siempre he dicho que yo prefiero 50 drones, como lo hace El Salvador en el cielo, que 500 policías en la tierra, el valor de la inteligencia debe orientar las operaciones policiales”, expresó.

Señaló que, aunque las reformas contemplen castigos severos para delitos como terrorismo o magnicidio, estas medidas no producirán los resultados esperados si las autoridades mantienen las mismas prácticas de investigación y captura.

Además, indicó que las capturas equivocadas no solo afectan a personas inocentes, sino que también pueden favorecer la continuidad de la violencia, al permitir que los verdaderos responsables permanezcan en libertad y reincidan en sus actividades criminales.

Finalmente, manifestó estar de acuerdo con los operativos contra la delincuencia común y el crimen organizado, pero las acciones deben sustentarse en información confiable y trabajo de inteligencia.

El exjuez y penalista Félix Ávila cuestiona directamente la reforma al art. 74: «No tiene sentido. Si una persona es condenada por terrorismo por más de 20 años, debe cumplir casi totalidad, no aplica reemplazo. Esa figura es para evitar congestión de cárceles con penas menores a 5 años. Modificarla es populista».

La ley es condición necesaria, no suficiente

Las reformas están bien, coinciden los expertos y pueden ser necesarias, pero no funcionan de forma automática. Los resultados dependerán de variables que hoy no están resueltas.

Para el caso la capacidad de investigación criminal, porque de nada sirve detener 48 horas si no hay pericia balística, análisis telefónico y cadena de custodia sólida en esas 48 horas.

Coordinación real, porque como expuso Castañeda, el “crimen organizado sí está organizado, el Estado no”.

También plantean los juristas que debe existir eficacia judicial y control, ya que allanamientos sin orden y detención extendida sin jueces fuertes y fiscalías con prueba técnica terminan en liberaciones por nulidades y en denuncias por abusos.

Y como punto de cierre apuntan que además es precisa la supervisión penitenciaria, porque endurecer el régimen en cárceles sin tecnología de bloqueo, sin inteligencia penitenciaria y sin control de corrupción interna traslada la extorsión al patio, no la elimina.

Con las reformas ya aprobadas y las que vienen Honduras tiene herramientas legales ampliadas, pero ese es un cambio estructural en el papel. Si se queda en reforma del Código sin cambios en el sistema que las apliquen, el riesgo advertido por los expertos se reducirá a cambios legales sin resultados concretos en seguridad y con alto costo en garantías.