Amenazas, extorsiones y operaciones de estructuras criminales están expulsando a familias enteras de sus comunidades. El desplazamiento forzado revela una de las caras más graves de la inseguridad que es cuando un delincuente decide quién puede vivir en un territorio y quién debe abandonarlo.
– La Policía prevé que si el CN declara “organizaciones terroristas” a maras y pandillas mediante la legislación penal, de aquí a diciembre ya habría la captura de 1 mil criminales.
– Honduras es débil y hasta “consentidora” ante el desplazamiento forzado, un delito en crecimiento, dijo el presidente del Codeh, Hugo Maldonado.
– “No nos van a vencer. Somos fuertes, somos un Estado y vamos de frente a defender a cada ciudadano”, afirmó el presidente Nasry Asfura.
El último retazo de este flagelo de inseguridad se manifestó hace unos días en la capitalina colonia Villa Nueva, específicamente en el sector 8, donde unas 15 familias fueron obligadas a abandonar sus recintos por órdenes de organizaciones criminales conocidas como maras o pandillas.
Lo grave del suceso fue que agentes policiales ayudaron a las familias a abandonar sus hogares en vez de perseguir y poner a los agresores ante la justicia. El hecho ha generado diversas críticas a la autoridad que debería velar por los derechos ciudadanos.
La División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), indicó que en la zona se ha señalado la posible presencia o disputa entre integrantes de la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) por actividades relacionadas con la venta de drogas. Sin embargo, las autoridades enfatizaron que esta hipótesis aún debe ser confirmada mediante las investigaciones.
Pero este flagelo no es nuevo en Honduras. En marzo de 2016 decenas de familias decidieron dejar abandonadas sus viviendas en la colonia Las Torres de la capital debido a las advertencias de la Pandilla 18. Igualmente, en el norte de Honduras se han mediatizado este tipo de sucesos que fomentan la migración de hondureños por condiciones de violencia.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para refugiados (ACNUR) en Honduras, destaca un estudio en Honduras que retrata que hay más de 423 mil desplazados en el país, de los cuales el 55 % corresponde a mujeres y el 21 % son menores de 18 años, así como trabajadores del sector transporte, entre otros grupos.
Entre los principales motivos que generan desplazamiento forzado en el país figuran las amenazas con el 49 %, las extorsiones 13 % y el asesinato de parientes 11 %, que representan, entre todas, el 73 % de los casos.
El fenómeno del desplazamiento forzado se agudizo en los últimos cuatro años (2022-2025) periodo en el que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) atendió cerca de cinco mil quejas que involucraban como afectadas a 12 mil 827 personas de diferentes sexo y edad.
Los datos evidencian la persistencia de escenarios de inseguridad y vulneración de derechos fundamentales, generando temor, incertidumbre y zozobra en quienes se ven obligados a abandonar sus hogares.
El desplazamiento forzado interno provoca impactos profundos, incluyendo la ruptura de vínculos familiares y comunitarios, la pérdida de medios de vida y limitaciones en el acceso a derechos esenciales como la educación, salud, vivienda, alimentación y el empleo.
Maras y pandillas tienen control territorial
El propio viceministro de Seguridad a cargo de asuntos policiales, Rommel Martínez, admitió que las maras y pandillas tienen control sobre ciertas zonas poblacionales del país.
El desplazamiento forzado ocurre en algunos lugares, donde las “maras y pandillas tienen una presencia territorial donde hasta cierto punto le lleva ventaja a las limitantes que tiene la Policía Nacional de omnipresencia”, confesó el alto funcionario, que es comisionado general policial en retiro y que ahora es el segundo a bordo de la Secretaría de Seguridad.
La admisión del alto responsable de seguridad que las maras y pandillas tienen control territorial evidencia la expansión que ha tenido la criminalidad organizada del país y la dificultad del Estado por hacer prevalecer su presencia en todo el país.
El comisionado policial en retiro habló sobre el tema del desplazamiento de una decena de personas en la colonia Villa Nueva de la capital por amenazas de maras que controlan la zona.
El viceministro Martínez señaló que lo ocurrido en la colonia Villa Nueva en la capital es un “caso con una gravedad bastante intensa” y evidencia el control territorial que tienen las maras y pandillas en ciertas zonas del país.
El desplazamiento forzado ocurre donde las pandillas tienen presencia territorial, eso no lo vamos a desconocer, y en esa presencia territorial ellos ejercen una violencia sistemática y con mucha impunidad la comisión de delitos graves, admitió el viceministro Martínez.
El funcionario admitió que la labor de agentes policiales de resguardar la salida de las víctimas de sus casas no fue la ideal, ya que se olvidaron de combatir el delito que significaba que las familias abandonaran sus residencias por las amenazas de los delincuentes.
Lo estamos revisando y nos marca una reconfiguración operativa, a veces el policía ayuda, pero se olvida de su deber principal que es prevenir o atacar el delito, relató el viceministro de Seguridad, quien indicó que eso no debe volver a ocurrir.
El alto funcionario recordó que Honduras cuenta con la “Policía más pequeña de Centroamérica” en términos de agentes por población.
No se han declarado terroristas a las maras
El viceministro de Seguridad recordó que se aprobó una reforma a la legislación que señaló como terroristas a los miembros de maras y pandillas, pero recordó que hasta la fecha no ha existido el paso de declarar terroristas a dichas organizaciones criminales para que la policía pueda actuar.
Martínez afirmó que “la Policía está lista, si este paso se da de aquí a diciembre yo podría detener y mantener en prisión no menos de un mil integrantes de maras”.
Señaló el alto funcionario de tener identificadas no menos de 140 estructuras criminales, que producen actos delictivos. Dentro de esas 140 estructuras tengo información comprobada que forman parte de las pandillas y maras.
Incidentes en Villa Nueva son preocupantes: ACNUR
Para la representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para refugiados (ACNUR) en Honduras, Kathryn Lo, el desplazamiento de familias en la colonia Villa Nueva es preocupante.
Recordó también que no es algo nuevo, indicó que ocurre en Honduras todos los días ese tipo de hechos, consideró muy triste, pero es una realidad de muchos hondureños, señaló la representante de ACNUR.
La personera de ACNUR indicó que un estudio hecho señala que hay más de 423 mil desplazados en el país, de los cuales el 55 % corresponde a mujeres y el 21 % son menores de 18 años, así como trabajadores del sector transporte, entre otros grupos.
Honduras es débil y hasta “consentidora”
Honduras es débil y hasta “consentidora” ante el desplazamiento forzado, un delito en crecimiento, dijo el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, (Codeh), Hugo Maldonado.
Consideró que el desplazamiento forzado es un hecho criminal y el país se ha mostrado débil ante delito que afecta a miles de familias.
La reacción del defensor de derechos humanos se produjo luego de que más de 10 familias de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, recibieran amenazas de muerte y un plazo de 24 horas para abandonar el sector.
El caso vuelve a poner en evidencia una problemática que afecta a diferentes comunidades del país, donde familias se ven obligadas a abandonar sus viviendas ante amenazas de grupos vinculados a la violencia y la criminalidad.
Honduras es débil y hasta “consentidora” ante este flagelo, insistió el presidente del Codeh.
Agresores desconocidos, así como miembros de maras y pandillas figuran como los principales responsables del desplazamiento forzado de personas en Honduras.
En ese contexto, exigió aplicar “mano dura” a las estructuras que provocan el desplazamiento forzado en el territorio hondureño.
El anterior escenario subraya la urgente necesidad de fortalecer respuestas institucionales mediante estrategias de prevención, protección y atención con enfoque diferencial y de derechos humanos, orientadas a garantizar la integridad, dignidad y acceso a la justicia de las víctimas, zanjó el defensor de derechos humanos.
Caso de la Villa Nueva es uno más de los muchos que ocurren
El director de Seguridad y Justicia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, manifestó que el desplazamiento forzado de habitantes de la colonia Villa Nueva es un caso más de lo que ocurre diariamente en diferentes puntos del país.
“Lo de Villa Nueva es un caso más que se da que los medios de comunicación los hicieron mediáticos y le dio la importancia de hacerlo un tema relevante para que se tomarán acciones y se diera la respuesta institucional”, manifestó.
Castañeda reaccionó que diariamente ocurre este tipo de desplazamiento forzado en diferentes colonias, barrios y municipios del país; sea en rancho, fincas o circuito cerrado.
Analizó que las estructuras del crimen organizado saben el alto nivel de impunidad que hay en el país y se atreven a ejecutar este tipo de acciones.
Señaló que las postas policiales son insuficientes porque solo hay seis agentes y una patrulla, ¿Qué pueden hacer contra toda una estructura criminal que opera y mantiene un control territorial efectivo en la zona?, se preguntó.
El integrante de ASJ apuntó que se requiere análisis, inteligencia criminal, colaboración de las personas y buscar mecanismos y componentes necesarios.
Indicó que las personas no quieren interponer denuncias ni participar en procesos porque tienen temor a una represalia por filtración de la información.
El analista lamentó que se invirtieron más de 281 mil millones de lempiras en seguridad y justicia en las últimas tres administraciones “hay cosas que se han gastado en cosas en donde no hemos visto la inversión a largo plazo”.
Falta de coordinación de la institucionalidad
A criterio del criminólogo Germán Licona existe falta de coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad, al tiempo que advirtió que los grupos criminales estarían ganando espacios de control territorial en Honduras, mientras las autoridades no logran responder con la efectividad necesaria.
Licona señaló que la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, Ministerio Público, Poder Judicial y el sistema penitenciario deberían trabajar de manera articulada, especialmente considerando los millonarios recursos que reciben anualmente del Presupuesto General.
“No hay una integración, no hay un esfuerzo conjunto porque es tanto el revanchismo y el protagonismo de los actores políticos que dirigen”, cuestionó.
El criminólogo consideró particularmente grave que estructuras criminales puedan emitir instrucciones que obliguen a pobladores a desplazarse de sus comunidades sin que las instituciones de seguridad logren anticipar o impedir este tipo de acciones.
“Pareciera que el control territorial del país lo tienen los grupos criminales”, manifestó, al referirse a los desplazamientos forzados provocados por maras y pandillas.
Pide al Congreso aprobar reformas para combatir al crimen
El también exmilitar hondureño destacó las recientes declaraciones del viceministro de Seguridad, quien afirmó que las autoridades tendrían capacidad para capturar a más de 1,000 cabecillas de estructuras criminales si el gobierno declara a estos grupos como organizaciones terroristas.
Ante ello, Licona cuestionó al Legislativo en torno al respaldo político a las iniciativas planteadas por la Secretaría de Seguridad.
“¿Están alineados ustedes con la causa de darnos seguridad al pueblo hondureño o están jugando política para que en 2028 y 2029 el tema de seguridad sea el principal escenario y propuesta de campaña?”, se preguntó el criminólogo.
Licona sostuvo que la población “no aguanta” los niveles de extorsión y desplazamiento forzado, al tiempo que expresó preocupación por la violencia que afecta especialmente a sectores vulnerables, incluyendo mujeres, adultos mayores y niños.
Más intervenciones
El gobierno anunció que continuará ampliando las intervenciones de seguridad en sectores de Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula para recuperar espacios afectados por estructuras criminales y proteger a las familias frente al desplazamiento forzoso.
“Así como hemos intervenido ciertas zonas de Tegucigalpa, así vamos a intervenir otras, en Comayagüela, en San Pedro Sula también, para poder poner esa firmeza, esa fuerza de la seguridad en cada barrio y colonia”, afirmó el presidente Nasry Asfura.
El mandatario aseguró que la respuesta continuará acompañada por el fortalecimiento de la Policía Nacional y la Policía Militar, con más capacidad operativa y equipo para enfrentar la criminalidad.
Consultado sobre la reducción de la criminalidad, el presidente Asfura señaló que no hablaría de cifras y destacó que, aunque existen avances, todavía falta mucho por hacer.
“Yo no le voy a hablar de cifras. Yo solo le voy a decir que sí vamos mejorando, pero eso no es suficiente. Tenemos que hacerlo con más fuerza y vamos a mejorar más”, remarcó.
Reiteró que su administración mantendrá una postura firme frente a las organizaciones criminales.
“No nos van a vencer. Somos fuertes, somos un Estado y vamos de frente a defender a cada ciudadano”, afirmó.
Bajo el contexto de inseguridad expuesto, mientras una familia huye y una vivienda queda vacía, el crimen gana algo más que una víctima: gana territorio. Y cuando el miedo consigue expulsar al ciudadano de su propia casa, la disputa ya no es únicamente por la seguridad. Es por quién tiene el verdadero control de la comunidad.
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