Un juez de letras dictó la tarde de este martes tras la audiencia inicial un sobreseimiento definitivo al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), acusado por los delitos de fraude y lavado de activos en el caso Pandora II.
Así lo informó el vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, quien manifestó que el juez valoró que no se comprobó la trazabilidad del dinero para la campaña política.
Hernández Alvarado era acusado por la supuesta comisión de los delitos de fraude y lavado de activos.
Silva señaló que, si una de las partes procesales no está de acuerdo con la resolución, puede interponer el recurso de apelación en la Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción.
Detalló que la defensa del exmandatario presentó 31 medios de prueba documentales que establecía que las determinaciones que tomó fueron en la época cuando era presidente del Congreso Nacional y la evacuación de un testigo.
Mientras que el Ministerio Público presentó 16 medios de pruebas documentales, un testigos y tres pericias.
“En esas pericias se logró identificar que la utilización del presupuesto correspondía al Poder Ejecutivo que no era presidido por el imputado”, dijo a periodistas que cubren la fuente judicial.
Comunicó que este mismo día se otorgará la carta de libertad definitiva y se dejó sin valor y efecto las medidas judiciales.
Relación de hechos
En octubre de 2023, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra ocho exfuncionarios, entre ellos, los expresidentes, Juan Orlando Hernández Alvarado y Porfirio Lobo Sosa.
Ambos acusados por fraude y a Hernández Alvarado también se le imputó lavado de activos de más de 62 millones de lempiras, en una ampliación del caso conocido como Pandora II.
Dentro de la acusación figura además el extitular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez por fraude, el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Jorge Johny Handal Hawit, los exgerentes administrativos de SEFIN, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina, el director de presupuestos de SEFIN, Roberto Alonso Zúniga Barahona y el exgerente financiero de BANADESA, David Eduardo Ortiz Hawit, acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
El caso se centra en el hecho que los altos exfuncionarios, de acuerdo a la investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), conformaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (L. 288,016,175.00) que se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de Banadesa.
En ese sentido, el involucramiento del expresidente Hernández Alvarado se basa en el beneficio obtenido de los desembolsos que se realizaron desde las instituciones públicas a las fundaciones, donde el exmandatorio recibió para el financiamiento de su campaña política al menos 62 millones de lempiras, a través de la utilizacion de diferentes artificios, entre ellos, la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos «Azules Unidos» y «Amigos de JOH», además a la sociedad mercantil denominada «La Cachureca», así como a sus gerentes de campaña departamentales.
En todas las ampliaciones presupuestarias tuvo una participación directa el expresidente Lobo Sosa, autorizando el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas para drenar los fondos.
Asimismo, las investigaciones de la UFERCO determinan que desde la Secretaría de Finanzas, se aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras que fueron traspasados a la fundación Todos Somos Honduras.
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El general en condición de retiro y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, recibió la noche de este martes un auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión, tras concluir la audiencia inicial en los tribunales de Tegucigalpa. El exjerarca seguirá el proceso con medidas distintas a prisión. -El proceso continuará con una audiencia preliminar programada para el 14 de septiembre a las 9:30 de la mañana. Pero la fecha queda sujeta a que no se interponga un recurso de apelación, informó Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial. La resolución judicial permite que Hernández continúe enfrentando el proceso penal en libertad, bajo las medidas cautelares que determine el juzgado, entre ellas restricciones previamente impuestas como la prohibición de salir del país y la obligación de firmar periódicamente un libro de registro. La audiencia comenzó desde las 8:30 de la mañana, luego de que el imputado ingresara al recinto judicial acompañado de una amplia custodia. La portavoz de los Juzgados, Bárbara Castillo, confirmó al inicio de la jornada la presencia de Hernández y de las partes procesales para el desarrollo de una de las etapas clave del proceso. Roosevelt Hernández, se supone responsable de Incitación a la Discriminación y Limitación de Determinados Derechos Fundamentales. La Audiencia Preliminar quedó programada para el día lunes 14 de septiembre del 2026, a las 9:30 de la mañana. La acusación fue presentada por Rodrigo Wong Arévalo, director y propietario de Canal 10; Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces; Adán López, reportero de ese medio; y Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH). Tras valorar los argumentos y denuncias presentadas por los comunicadores, el Ministerio Público, a través de una de sus fiscalías especiales, presentó el requerimiento fiscal contra el exjerarca de las Fuerzas Armadas. Uno de los principales hechos que derivó en la acusación fue la publicación, en el periódico digital de la institución castrense, de una portada con el titular “Sicarios de la Verdad”, dirigida contra periodistas que cuestionaron el papel de las Fuerzas Armadas durante el proceso electoral primario del 9 de marzo de 2026. Además, Hernández habría solicitado a medios de comunicación revelar sus fuentes periodísticas y promovido acciones contra al menos 13 medios de comunicación del país. Durante el desarrollo de la audiencia, el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Juan Carlos Sierra, aseguró que el proceso trasciende a los comunicadores directamente involucrados. “Esto no es un tema de tres o cuatro periodistas. Este es un tema de todos los periodistas. Este es un tema de toda la sociedad”, manifestó Sierra, al considerar que la resolución y el desarrollo del proceso tendrán repercusiones en el ejercicio de la libertad de expresión en Honduras. El caso marca un hecho poco común en la historia reciente del país, al llevar ante los tribunales a un exfuncionario de alto perfil por presuntas acciones contra periodistas y el ejercicio de la libertad de expresión. Los comunicadores agraviados sostienen que decidieron recurrir a la justicia al considerar que sus derechos fueron violentados y que las acciones emprendidas en su contra pusieron en riesgo su labor y su seguridad. Con el auto de formal procesamiento dictado esta noche, Roosevelt Hernández continuará enfrentando el proceso judicial bajo medidas distintas a la prisión. Roosevelt reacciona molesto tras audiencia y vuelve a acusar a la prensa Al concluir la audiencia, el general en condición de retiro y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, reaccionó molesto ante la resolución judicial y volvió a cuestionar a la prensa, a la que acusó de intentar deteriorar su imagen y la de la institución castrense. “Hoy los golpes de Estado no se dan con las armas, se dan a través de la información, a través de las granjas de bots”, expresó Hernández. Hernández sostuvo que durante el proceso electoral de 2025 fue objeto de una campaña de señalamientos y afirmó que los cuestionamientos no estaban dirigidos únicamente contra su persona, sino que buscaban afectar a las Fuerzas Armadas. “Lo que están aplicando acá algunas personas es la doctrina Mueller: atacan y tratan de deteriorar la imagen de la persona y, en este caso, al titular de las Fuerzas Armadas”, manifestó. El exjefe militar también cuestionó el papel de los medios de comunicación durante el proceso electoral y aseguró que los ataques contra su persona formaron parte de una estrategia que, según él, pretendía preparar el escenario para las elecciones generales del 30 de noviembre de las pasadas elecciones. Hernández afirmó que las campañas de información pueden utilizarse actualmente como mecanismos de presión política y sostuvo que los intentos de desestabilización ya no necesariamente se realizan mediante acciones militares. “Hoy los golpes de Estado no se dan con las armas, se dan a través de la información, a través de las granjas de bots”, expresó. Durante sus declaraciones, también hizo referencia a un supuesto complot relacionado con las elecciones y mencionó a un asesor argentino vinculado al Partido Nacional, cuestionando qué habría ocurrido si se hubiese concretado un supuesto crimen. En medio de las preguntas de la prensa acuso al periodista Vicente Turcios de TN5, de hacerle una pregunta por instrucciones con línea desde la cabina (de su jefe el periodista Renato Álvarez) Las declaraciones de Hernández generaron una respuesta inmediata del periodista y director de TN5, Renato Álvarez, quien rechazó una de las afirmaciones realizadas por el exjefe militar. “Mentiroso, Roosevelt Hernández. Ni he hablado con Vicente”, respondió Álvarez, en referencia a una alusión realizada por Hernández durante sus declaraciones. El general retirado manifestó que, pese a sus cuestionamientos, respetará las decisiones de los tribunales hondureños y que seguirá el proceso. Defensa anuncia recurso de apelación Por su parte, el abogado defensor de Hernández anunció que no está conforme con la resolución emitida al finalizar la audiencia y adelantó que presentará el correspondiente recurso de apelación. El profesional del derecho argumentó que la resolución debe ser revisada por la Corte de Apelaciones, debido a la calificación jurídica realizada por el Ministerio Público. “Vamos a presentar el correspondiente recurso de apelación. Es una resolución que debe ser revisada por la Corte de Apelaciones”, sostuvo. La defensa cuestionó además que los delitos atribuidos a Hernández sean considerados de orden público y afirmó que no puede aplicarse la analogía en materia penal. “El derecho penal es personalísimo», señaló el abogado. La defensa confirmó así que continuará utilizando los recursos legales disponibles para intentar revertir la decisión adoptada durante la audiencia.
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