Roosevelt Hernández ante los tribunales

 “Vengo a someterme a la justicia, creo en la justicia”, dijo en forma escueta el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general en retiro, Roosevelt Hernández, en su reciente encuentro con la justicia para responder por delitos relacionados con violaciones a la libertad de expresión. Investido en su momento de poder y de autoridad, el general llegó ahora como un ciudadano común a responder por uno de los muchos improperios cometidos contra la prensa al frente de la institución castrense. Aparte de la amplia custodia que le acompañó sus otrora aduladores le dejaron solo.

 – El otrora poderoso militar deberá hacer frente este martes a los abusos de los que se le acusa por vulnerar la libertad de expresión. 

La próxima audiencia de Hernández está prevista para hoy martes, 1 de septiembre, pero ha trascendido que la defensa del general en retiro intenta por todos los medios anular las acciones iniciadas por la Fiscalía. El Ministerio Público entre sus argumentos ha invocado el Plan de Acción de Rabat de Naciones Unidas que se refiere a los discursos de odio y la defensa de la libertad de expresión.

Atrás quedó su tono altisonante y apenas se escuchaba lo que decía ante los cuestionamientos de la prensa. Roosevelt Hernández era custodiado solo por la seguridad que le brinda el Estado por haber sido el hombre fuerte de las Fuerzas Armadas de Honduras durante una de las etapas de mayor cuestionamiento a la institución, bajo su liderazgo, al punto de tener una fuerte caída en los niveles de confianza ciudadana: apenas un 18.3%, según el último sondeo de opinión de los jesuitas.

Los delitos por los que se le acusa son incitación a la discriminación y limitación o impedimento de derechos fundamentales en perjuicio de varios periodistas y de la libertad de expresión. Libertad de expresión que según el sondeo de los jesuitas es irrespetada de forma permanente en el país. Más del 64 % de los hondureños considera que la libertad de expresión se irrespeta en Honduras.

Ese irrespeto es una de las causas por la cuales el general en condición de retiro Roosevelt Hernández, hoy está frente al banquillo de los acusados, siendo, a su vez, el primer militar de alto rango que enfrenta cargos por violaciones a la libertad de expresión, la principal garantía universal sobre la cual descansan los derechos humanos.

Hernández fue acusado por los periodistas Rodrigo Wong Arévalo, director y propietario de canal 10, Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces, Adán López, reportero de Radio Cadena Voces y Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, por agravios en su contra y contra el periodismo. El Ministerio Público, por medio de una de sus fiscalías especiales, tras valorar los argumentos presentados por los periodistas libró requerimiento fiscal contra el otrora hombre fuerte de las fuerzas armadas.

El factor detonante de la acusación fue la difusión en el periódico digital de la institución castrense de una portada y titular a cinco columnas en donde les acusaba de ser “Sicarios de la Verdad” por los cuestionamientos hechos al debatido papel castrense durante el proceso electoral primario del 9 de marzo de 2026. A esa exposición en los medios oficiales castrenses, usando fondos públicos del Estado, siguieron otros agravios de Roosevelt Hernández al punto de insinuar presuntos nexos de los medios en campañas del crimen organizado para “desestabilizar” a las Fuerzas Armadas.

Una de sus portadas titulada “Crimen organizado empeñado en deteriorar imagen de FF.AA. por golpes al narcotráfico”, la institución castrense afirma que algunos medios de comunicación en sus noticias, portadas y titulares han intentado manchar la imagen castrense como si fueran—consciente o inconscientemente—portavoces de campañas del crimen organizado, al grado de querer acusarlos por los hechos ocurridos durante las elecciones primarias del 9 de marzo.

“En los últimos meses diversos sectores de la prensa nacional han difundido reportajes y artículos que buscan a miembros de las Fuerzas Armadas con actividades delictivas, muchas veces basados en fuentes anónimas… algunas publicaciones incluso han intentado responsabilizar a la institución castrense de fallas estructurales dentro de instituciones políticas como lo ocurrido en nueve de marzo en las elecciones primarias creando confusión y debilitando la confianza ciudadana en una de las instituciones con mayor credibilidad institucional”, señala el periódico digital de los militares, en su edición del 27 de junio de 2025.

No fueron “simples expresiones”

Esas y otras insinuaciones y acusaciones fueron parte a lo largo del 2025 de la confrontación que Roosevelt Hernández mantuvo contra la prensa, los periodistas y la libertad de expresión. El entonces hombre fuerte de las Fuerzas Armadas, protegido por el gobierno de la expresidenta Castro y el partido Libre, en el poder, llegó incluso a pedir a los medios de comunicación que revelaran la fuente periodística y entabló denuncias en contra de al menos 13 medios de comunicación social del país, algo que los militares nunca hicieron ni en la época más cruenta de las violaciones a los derechos humanos en Honduras como fueron los años ochenta.

En el caso de la acusación hecha por los cuatro periodistas a quienes llamó “sicarios de la verdad”, el término “sicarios” es una palabra asociada a asesinos por encargo y sugiere una acusación gravísima sin el respaldo del debido proceso legal.

Ello vulnera el derecho a la libertad de expresión mencionado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, así como el derecho al honor y reputación que contempla también la Convención Americana de Derechos Humanos.

Y más aún: el entonces general Roosevelt Hernández colocó en riesgo la vida e integridad de los periodistas señalados al exponerlos como “enemigos del Estado”. Se utilizaron recursos públicos para atacar a la prensa, y al provenir los ataques de una institución investida de autoridad y del poder de las armas, la gravedad fue mayor al romper el principio de neutralidad a que están sujetas las fuerzas armadas.

El uso de recursos públicos desde un medio oficial para atacar a la prensa obligaba al gobierno de la expresidenta Castro a responder si se estaba frente a una política de Estado contra el ejercicio periodístico y de libertad de expresión, pues en un país polarizado como Honduras, ese tipo de ataques no solo estigmatizan, criminalizan y generan odio contra la prensa y el periodismo, también abren las puertas a la censura sutil y directa, la autocensura y la inhibición al debate público.

Un camino que apenas inicia

Pero el gobierno de la expresidenta Castro lejos de aclarar estas dudas y reclamos de la prensa, cerró filas a favor de Roosevelt Hernández, y en un consejo de ministros sostenido en el valle de Lepaguare, en Olancho, algunos de sus principales ministros salieron a respaldar las acciones de Hernández. No obstante, hoy el general en retiro ya no tiene ese respaldo político y se encuentra en solitario enfrentando los tribunales.

El camino para llevar a Roosevelt Hernández a los tribunales no ha sido fácil. Organizaciones humanitarias como Asopodehu que dirige la periodista y activista humanitaria, Dina Meza, han registrado y denunciado todos los obstáculos presentados para evitar que el general en retiro llegara a los tribunales.

En su primer encuentro con la justicia, un tribunal otorgó a Hernández detención judicial con medidas sustitutivas distintas a la prisión, entre ellas la prohibición de salir del país, firmar un libro de registros una vez al mes en Tegucigalpa, la capital, y no en Catacamas, Olancho, como pedía el militar en retiro, además de prohibición de acercarse a las víctimas, en este caso los periodistas.

La próxima audiencia de Hernández está prevista para hoy 1 de septiembre, pero ha trascendido que la defensa del general en retiro ha puesto un recurso de apelación en un intento por anular las acciones iniciadas por la fiscalía. El Ministerio Público entre sus argumentos ha invocado el Plan de Acción de Rabat de Naciones Unidas que se refiere a los discursos de odio y la defensa de la libertad de expresión.

El Plan de Acción de Rabat contempla una Prueba Umbral de seis pasos en caso de los discursos de odio. En el caso del general ahora en retiro Roosevelt Hernández, los seis elementos de la prueba umbral aplican: el hecho ocurrió en un contexto político altamente polarizado, el mensaje fue emitido por el hombre fuerte de las fuerzas armadas investido de poder y de autoridad; los mensajes tuvieron un alcance nacional al ser promovidos desde los medios públicos estatales rompiendo así la neutralidad de la institución castrense, luego ese mismo mensaje fue diseminado en pancartas en lugares públicos exponiendo a los agraviados y ampliado a otros sectores de medios y periodistas en detrimento de la libertad de expresión, causando un daño de exposición pública, estigmatización, odio y grave riesgo contra la integridad física de los periodistas. El ataque a la libertad de expresión no había tenido precedentes.

El caso de Roosevelt Hernández tiene otra particularidad: por primera vez un servidor público de alto perfil, como fue su cargo y su poder, es llevado a los tribunales por violentar la libertad de expresión; siempre han sido los periodistas los querellados y enjuiciados, pero en este caso, los periodistas agraviados decidieron que había llegado el momento de llevar a la justicia a quienes consideran violaron la libertad de expresión, sus derechos y pusieron en riesgo sus vidas. Y empezaron con la persona que representó el poder de las armas y de autoridad en un país: el general Roosevelt Hernández, en una batalla por la justicia y la defensa de la libertad de expresión que apenas empieza en medio de los cuestionamientos que rodean a la justicia hondureña.