El gobernador Abdullah Sarhadi dona dinero para tratar el brazo roto de un niño y distribuye fondos para una mezquita local; luego, en su oficina en el norte de Afganistán, tiene lugar un intercambio sorprendente.
Una joven le dice al excomandante talibán de barba canosa que quiere divorciarse de su marido, a quien acusa de meses de maltrato y palizas.
Ella no aceptará un “no” por respuesta.
En un país donde las niñas tienen prohibido el acceso a la educación secundaria, la joven de 18 años expone su caso con calma y seguridad, con el rostro completamente oculto tras un velo integral y gafas de sol.
“Si hubiera habido alguna posibilidad de vivir juntos, no estaría aquí… Ya tomé mi decisión”, dice.
Tras intentar persuadirla para que evitara el divorcio, el gobernador comentó posteriormente que las mujeres son “irreflexivas” y “carentes de intelecto”, provocando las risas de los funcionarios, guardaespaldas y ancianos que lo rodeaban.
Este momento ofrece una visión excepcional de la realidad cotidiana del gobierno talibán, cinco años después de que derrocaran al gobierno respaldado por Estados Unidos en 2021.
Durante ese tiempo, las mujeres han sido excluidas de la mayoría de los lugares de trabajo, se les ha prohibido el acceso a las universidades y no pueden viajar solas ni visitar parques ni centros de ocio.
En encuentros que se extendieron a lo largo de dos años, la BBC obtuvo un acceso inusual a figuras influyentes del movimiento islamista extremista, pasando tiempo con hombres que en su día planearon atentados suicidas o pasaron años escondidos en la clandestinidad, pero que ahora son funcionarios y soldados.
Los talibanes llegaron al poder afirmando que habían cambiado. Sin embargo, muchas de sus políticas son similares a la interpretación radical de la sharía —la ley religiosa islámica— que impusieron en la década de 1990.
Los hombres con los que nos reunimos parecían querer presentarse como personas razonables, aunque no se mostraban dispuestos a hablar de su pasado violento. Y presenciamos momentos de incomodidad entre los gobernantes y aquellos a quienes gobiernan.
El gobernador Sarhadi dice que Tuba, nombre ficticio, debe permanecer en el matrimonio.
“Pregúntate: “¿Quién se casaría conmigo después de mi divorcio?””, afirma Sarhadi.
“Tendrás que ceder mucho o perderás tu dignidad y honor”, agrega.
“Señor gobernador, mi honor y mi dignidad ya han sido mancillados”, le responde ella.
Su marido escucha, esperando su turno para hablar.
Según la ley islámica (sharía), una mujer que solicita el divorcio a su marido puede verse obligada a devolverle parte o la totalidad del dinero que él le entregó al casarse. Generalmente se llega a un acuerdo económico.
Sin embargo, el marido de esta mujer exige cuatro veces esa cantidad, un monto que la familia de ella se niega a pagar.
El gobernador asegura que la mujer debería tener su propia habitación y añade que las autoridades le advertirán al esposo que no la golpee, “de lo contrario, irá a la cárcel”.
Insatisfecho, el padre de Tuba declaró posteriormente a la BBC que la familia solicitaría el divorcio por la vía judicial, a pesar de que, bajo el sistema judicial talibán, es muy difícil para una mujer obtener el divorcio sin el consentimiento del marido.
“Con mis propias manos”
Sarhadi fue comandante militar durante la primera etapa en el poder de los talibanes en la década de 1990. Estuvo entre los miles de insurgentes que se rindieron a finales de 2001, cuando una coalición liderada por EE.UU. expulsó al grupo.
Permanció detenido durante varios años en un centro estadounidense en la Bahía de Guantánamo, pero finalmente fue puesto en libertad.
Cuando los talibanes recuperaron el poder, se convirtió en gobernador, primero en la provincia de Bamiyán y luego, cuando lo conocimos a finales de junio, en la ciudad de Sheberghan, en la provincia de Jawzjan. Recientemente, fue nombrado subcomandante de un cuerpo militar en la provincia norteña de Kunduz.
Mientras teclea en un celular antiguo con una pantalla diminuta, comenta que la reciente prohibición de teléfonos inteligentes para los funcionarios ha ralentizado las cosas.
“Antes, podías enviar un mensaje rápido… enviar documentos y obtener una respuesta enseguida”, declara, pero añade que si dice algo más sobre la prohibición, “provocará problemas”.
Pero en otros aspectos, su visión del mundo parece prácticamente inalterada con respecto a la postura de los talibanes hace 25 años. En aquel entonces, era comandante militar en Bamiyán, donde los talibanes dinamitaron antiguas estatuas gigantes de Buda, provocando conmoción y condena internacional.
Inicialmente intenta evitar nuestras preguntas sobre el yacimiento arqueológico, pero finalmente admite: “Lo destruí con mis propias manos”.
“Todo lo que hicimos y hacemos está de acuerdo con la guía y la ley de Dios… Destruimos ídolos en lugar de venderlos. ¿Por qué habría de arrepentirme? Era la voluntad de Dios”, explica.
En la capital, Kabul, nos reunimos con otra figura importante de los talibanes que cambió un pasado violento por un cargo en la administración.
Habibullah Badr nos lleva por las calles en un auto blindado.
Reconoce que fue “responsable de las operaciones de los atacantes suicidas” en Kabul.
“Conozco muy bien todas las carreteras y calles… teníamos toda la información necesaria sobre Kabul y sus callejones”, asevera.
“Había zonas que requerían mucho tiempo para la planificación”, apunta.
Los atentados suicidas de los talibanes causaron la muerte de miles de personas en Afganistán, entre ellas muchos civiles.
Badr se muestra cauto a la hora de hablar de su pasado, por temor a que “moleste a la gente” y pueda “reabrir viejas heridas”.
Al ser preguntado sobre las muertes de civiles, afirma que los talibanes atacaron convoyes estadounidenses e instaron a los civiles a mantenerse alejados de las bases extranjeras.
Siempre que intento indagar sobre ataques específicos que tuvieron lugar en zonas no militares, evade la pregunta.
Actualmente se encuentra de baja de sus funciones oficiales para recibir tratamiento médico, pero antes fue subdirector de prisiones de todo el país, y dirigió la misma cárcel donde estuvo recluido en el corredor de la muerte bajo el gobierno anterior.
Badr nos invita a acompañarlo en una reunión tribal, donde el director de una fundación benéfica le entregará una medalla. Sin embargo, las cosas dan un giro inesperado.
“El señor Badr es un orgullo para Afganistán y un gran luchador”, afirma Sultan Mohammad Talaee.
“Pero también tengo una queja. Si las escuelas y la educación fueran accesibles para todos, sería un gran logro para Afganistán. Espero que esto no le ofenda”, lanza.
Se produce un silencio incómodo, y el público no sabe cómo reaccionar. Rápidamente le quitan el micrófono a Talaee.
Posteriormente, el hombre declaró a la BBC: “Solicité la reapertura de las escuelas femeninas… la búsqueda del conocimiento es una obligación tanto para hombres como para mujeres en el Islam”.
“Había otras cosas que quería decir, pero no me dejaron hablar más”, añadió.
A menudo, quienes alzan la voz se enfrentan a consecuencias mucho más graves.
Las mujeres nos hablaron de la profunda desesperación que sentían al ver sus sueños frustrados por las restricciones a la educación, y de amigas encarceladas por protestar.
La mayoría de los periodistas con los que hablamos dijeron haber sido citados o interrogados por Estikhbaraat, la organización de inteligencia de los talibanes.
Promesas en entredicho
La BBC transmitió algunas de estas preocupaciones al portavoz del gobierno talibán, conocido como Zabihullah Mujahid.
Mujahid ha sido una figura pública del gobierno talibán desde 2021. Todavía usa el seudónimo que utilizó durante años durante la insurgencia, pero nos dijo que su verdadero nombre es Tahir Shah Seddiqi, revelándolo públicamente por primera vez.
En un lujoso centro de prensa financiado por los estadounidenses para el gobierno anterior, le preguntamos sobre la primera rueda de prensa que ofreció allí, dos días después de que los talibanes tomaran el control del país.
En esa ocasión, le dijo al mundo que el gobierno talibán permitiría a las mujeres trabajar y estudiar “dentro de nuestros marcos” y que serían “muy activas” en la sociedad. ¿Por qué no cumplieron su palabra?
“Estamos comprometidos con los derechos de las mujeres, la libertad de expresión y otros aspectos contemplados en la sharía”, respondió.
“Debemos analizarlo todo desde la perspectiva de la sharía”, agregó.
Permitir que las mujeres trabajen en oficinas como la suya “conduciría a inmoralidades” y “su dignidad se vería menoscabada”, añadió.
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