El sector agrícola hondureño enfrenta una crisis múltiple derivada de la sequía prolongada, el deterioro de la reserva estratégica de granos y las denuncias de corrupción vinculadas al Bono Tecnológico Productivo entre 2022 al 2024.
– Dos millones de quintales de maíz y frijol, se dejarán de producir en el corredor seco por la sequía que ocasionará la canícula prevista del 15 de julio hasta los primeros días de octubre.
– Seis departamentos permanecen en fase 3 -crisis-, 13 departamentos están en fase 2 -acentuada-. Mientras Gracias a Dios mantiene entre 40 % y 50 % de su población en crisis alimentaria desde el 2020.
La falta de lluvias y la acentuada sequía han provocado un desfase en los cultivos de maíz y frijol, afectando la siembra de primera y reduciendo la capacidad de respuesta de miles de pequeños productores que dependen de estos ciclos agrícolas para garantizar su subsistencia.
Entre los factores que agravan la situación destacan los efectos del fenómeno de El Niño, que ha provocado sequías e inundaciones, afectando la producción agrícola, especialmente de granos básicos como maíz y frijol. Asimismo, al menos 75 municipios han sido declarados en emergencia por la sequía, lo que incrementa la vulnerabilidad de las familias que dependen de la agricultura.
Un reciente informe del Observatorio Universitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN), también identifica al Corredor Seco y al Litoral Atlántico como las zonas con mayor exposición al riesgo. En el primero predominan las pérdidas agrícolas ocasionadas por la variabilidad climática, mientras que en el segundo la vulnerabilidad está relacionada con la exposición de la infraestructura y la informalidad laboral.
Esta situación se agrava en un contexto donde los incentivos estatales destinados a apoyar la producción quedaron marcados por presunta y denunciada corrupción e irregularidades en su distribución. El Bono Tecnológico pasó a ser reconocido por las propias autoridades como un instrumento mal utilizado, desviado de su fin fundamental. La politización de las ayudas agrícolas pasó una alta factura a la seguridad alimentaria.
De tal forma que el Bono Tecnológico Productivo —un programa que debería fortalecer la siembra de primera mediante la entrega de semillas e insumos— enfrenta denuncias por su venta irregular y por prácticas que desvían su propósito original. Aunque el gobierno de Xiomara Castro destinó fondos para beneficiar a más de 650,000 productores, autoridades de DICTA reconocieron que existen reportes de personas que comercializaron el bono en lugar de utilizarlo para la producción, afectando la transparencia del programa y debilitando su impacto real en el campo.
Las investigaciones del Ministerio Público revelan que más de 77 mil quintales de maíz y alrededor de 137 mil quintales de frijol almacenados por el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) presentan daños severos que los vuelven inutilizables para el consumo humano. Parte de estos granos, según análisis técnicos de Zamorano y DICTA, requieren tiempos de cocción de hasta tres horas, lo que los hace inservibles y confirma una negligencia en la rotación y manejo de inventarios.
En paralelo, el deterioro de la reserva estratégica representa una pérdida financiera superior a los 85 millones de lempiras, además de un golpe directo a la seguridad alimentaria del país. Los frijoles importados desde Nicaragua en 2023 permanecieron almacenados durante casi tres años sin recibir el tratamiento adecuado, rompiendo la cadena lógica de inventarios y acelerando su daño. Productores advierten que el maíz almacenado corre el mismo riesgo si no se aplican procesos de soplado y oxigenación oportunos.
La combinación de sequía, pérdidas en la reserva estratégica y la heredada corrupción en los incentivos agrícolas genera un escenario de vulnerabilidad que compromete la capacidad del país para enfrentar la reducción de lluvias y garantizar el abastecimiento de granos básicos. Los productores, especialmente los de subsistencia, quedan expuestos a mayores costos, menor disponibilidad de insumos y una oferta alimentaria debilitada en los mercados locales.
La inseguridad alimentaria en Honduras continúa siendo una problemática crítica que afecta a millones de ciudadanos, según un estudio comparativo realizado entre 2019 y 2025 por el Observatorio de Seguridad Alimentaria de la UNAH.
La coordinadora del observatorio, María Luisa García, insiste que las estrategias actuales parecen ser paliativas y no estructurales, lo que impide una reducción sostenida del problema. Advirtió que, de mantenerse las condiciones actuales, la cifra podría elevarse a 2.2 millones de personas al cierre de 2026, retornando a niveles similares a los registrados durante la pandemia.
Este panorama exige acciones inmediatas y coordinadas: auditorías profundas en el manejo de inventarios del IHMA, procesos y sanciones por prácticas irregulares en la distribución del Bono Tecnológico, y medidas de mitigación ante la sequía que permitan recuperar la producción nacional. Sin una intervención efectiva, Honduras podría enfrentar un incremento sostenido en los precios de los granos básicos y un deterioro aún mayor en la seguridad alimentaria.
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