Seis meses después de la violenta represión de las protestas que sacudieron a Irán a principios de 2026, Amnistía Internacional (AI) afirmó que la falta de una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional ha fortalecido la impunidad de las autoridades iraníes y aumenta el riesgo de que se cometan nuevas violaciones masivas de derechos humanos.
La organización defensora de los derechos humanos pidió a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) impulsar un mecanismo internacional e independiente de rendición de cuentas y solicitar que el Consejo de Seguridad remita la situación de Irán a la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar los presuntos crímenes cometidos durante la represión.
Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en Teherán tras el desplome del rial, en medio de una profunda crisis económica, alta inflación y el deterioro de las condiciones de vida. En pocos días, las protestas se transformaron en un movimiento nacional que exigía mayores libertades, respeto a los derechos humanos y el fin del sistema de la República Islámica.
Sin embargo, entre el 8 y el 9 de enero de 2026, las fuerzas de seguridad respondieron con una ofensiva de gran escala que, de acuerdo con organizaciones independientes, dejó miles de muertos.
Amnistía denuncia una “cultura de impunidad”
En un comunicado, la directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, Diana Eltahawy, calificó de “indefendible” que, medio año después de los hechos, no existan acciones concretas para exigir responsabilidades. La organización sostuvo que la ausencia de consecuencias para los responsables alimenta un ciclo de violencia estatal y deja sin justicia tanto a los sobrevivientes como a las familias de las víctimas.
Según el gobierno iraní, durante las protestas murieron 3,117 personas. No obstante, la organización opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, asegura que el número de fallecidos supera los 7,000, mientras que la relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, indicó previamente que las víctimas podrían rebasar las 5,000.
Amnistía Internacional señaló que las autoridades iraníes recurrieron de manera reiterada al uso de fuerza letal contra manifestantes y transeúntes, además de emprender posteriormente una campaña de detenciones masivas, desapariciones forzadas, restricciones al derecho de reunión y acciones para intimidar a los familiares de las víctimas.
Piden que los derechos humanos formen parte de las negociaciones
La organización también expresó preocupación porque los esfuerzos diplomáticos para consolidar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, tras el conflicto militar registrado este año, hayan dejado en segundo plano las denuncias por violaciones a los derechos humanos.
El memorando de entendimiento firmado por Washington y Teherán el pasado 18 de junio para avanzar hacia un acuerdo definitivo no incluyó compromisos específicos relacionados con justicia, reparación para las víctimas o mecanismos de rendición de cuentas, advirtió AI. Asimismo, la organización afirmó que, después de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el 28 de febrero, el gobierno iraní intensificó la persecución de opositores bajo el argumento de las “condiciones de guerra”, lo que derivó en un incremento de las ejecuciones por motivos políticos y nuevas restricciones contra la disidencia.
Ante este panorama, Amnistía Internacional insistió en que la comunidad internacional debe priorizar la crisis de derechos humanos en Irán y evitar que los esfuerzos diplomáticos eclipsen la búsqueda de justicia. La organización reiteró que la creación de un mecanismo internacional independiente y la eventual intervención de la Corte Penal Internacional son medidas necesarias para investigar los presuntos crímenes cometidos durante la represión y ofrecer una vía de justicia para los miles de víctimas y sus familias.
Te puede interesar
EE.UU. lanza nuevos ataques a Irán, en respuesta a la agresión a buques en Ormuz
Corina Machado reafirma que regresará a Venezuela mientras crecen dudas sobre el respaldo de Washington
De la Espriella denuncia que Gustavo Petro quiere dar “un golpe de Estado” en Colombia