Este lunes se informó que entró en vigencia la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, tras su publicación en el diario oficial La Gaceta.
La intención de esta ley es eliminar el anonimato corporativo y combatir delitos financieros mediante la revelación de los verdaderos propietarios detrás de las estructuras legales.
Las sociedades mercantiles registradas deben inscribirse en una lista de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) que tendrá un plazo de 60 días para reglamentar la ley y seis meses para registrar a todas las empresas.
El beneficiario final de una sociedad mercantil debe presentar una declaración jurada con información detallada de sus beneficios.
La comisionada de la CNBS, Julieta Suazo, comentó que el mensaje es que Honduras es un país seguro para invertir y que el sistema financiero no se prestará para la comisión del delito de lavado de activos.
Indicó que si hay indicios que una empresa no funciona legítimamente, se podrá llegar al beneficiario final para someterlo a la justicia.
Los obligados al registro ante la CNBS son las sociedades mercantiles nacionales y extranjeras, fideicomisos y fondos de inversión.
Esclareció que la información del beneficiario final será confidencial, y solo tendrán acceso las personas que tienen un interés legítimo alineado con la ley.
Se considera como beneficiario final la persona con 25 % o más de participación.
Suazo señaló que quedan excluidas de revelar información las embajadas y las empresas estatales.
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