MP activa expedientes clave: Hospitales, crímenes de impacto, poderes Legislativo y Judicial

 La administración del nuevo Fiscal General Pablo Emilio Reyes Theodore ha comenzado a escudriñar nuevos casos de presuntos ilícitos, desempolvar otros y tratar de dar respuestas a crímenes de alto impacto, entre ellos la muerte del líder ecologista, defensor de los territorios y exregidor municipal de Tocoa, Colón, Juan López.

– También existen diligencias prejudiciales contra el exfiscal Johel Zelaya.

Reyes Theodore, quien asumió el cargo en marzo de este año, tras la destitución en juicio político de su antecesor, Johel Zelaya, ha querido dar otro ritmo al Ministerio Público, moviendo y removiendo piezas a lo interno de la institución, mientras busca dar respuesta a demandas pendientes de justicia como el crimen de Juan López y la presunta participación que en este crimen habría tenido el exalcalde de Tocoa, Adán Funez como uno de los autores intelectuales.

El nuevo fiscal general también intenta adentrarse en nuevas líneas de investigación relacionadas con irregularidades en la construcción de hospitales en la administración de la expresidenta Xiomara Castro, así como peticiones de la actual presidencia de la Corte Suprema de Justicia de investigar las actuaciones de las dos últimas presidencias de ese poder del Estado: la del exmagistrado Rolando Argueta y la de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, que renunció a la presidencia, pero no así a la magistratura en el Supremo.

Otras investigaciones que podrían caer en manos de la Fiscalía son los hallazgos hechos por la Comisión Liquidadora del gobierno del presidente Nasry Asfura, que ha detectado enormes irregularidades que lindan con hechos de corrupción en varias dependencias públicas, vigentes unas, clausuradas otras.

Son hechos que pondrán a prueba la capacidad investigativa y de argumentación de casos del Ministerio Público, pues están vinculados a los partidos políticos, en una nación donde la institucionalidad se encuentra deteriorada por la pérdida de confianza y la contaminación producto de la corrupción y la penetración del crimen organizado. El Estado se encuentra erosionado y la aplicación de justicia ralentizada.

En la última semana, agentes de la Dirección de Investigación Criminal (ATIC) secuestraron documentos en la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) relacionados con la construcción de varios hospitales inconclusos en el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, del izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre).

En un comunicado del Ministerio Público se indica que la información busca recabar evidencia para detectar si hubo o no malversación de caudales públicos, fraude, negociación incompatible y violación de los deberes de los funcionarios al contratar obras que no fueron construidas en los plazos establecidos y por la cuales se erogaron millonarios recursos con avances insuficientes.

La Fiscalía también indica en su comunicado que el secuestro de la documentación se produjo porque las actuales autoridades de la SIT no brindaron toda la cooperación que se les había solicitado. “Estas diligencias del MP se efectúan bajo control jurisdiccional y se procederá a solicitar la documentación necesaria de la edificación de los sanatorios, luego que se solicitará información pertinente y no se ha puesto a disposición de la fiscalía”, cita el reporte fiscal.

Dos poderes en la mira

Los primeros hospitales que son investigados por el Ministerio Público se encuentran en Olancho, Santa Bárbara y Ocotepeque. Recientemente un tribunal de criminalidad organizada y corrupción ordenó detener los pagos relacionados con la construcción de los hospitales en Santa Bárbara, Olancho y Ocotepeque.

La decisión del tribunal se tomó luego que el Ministerio Público alegó que la edificación de esos hospitales apenas reportaba un 25 % de avance, mientras la erogación de pagos superaba el 70 % relacionado con compromisos financieros y contractuales.

Esos hospitales que fueron prometidos en el gobierno de Libertad y Refundación siguen inconclusos, y a ellos se suma otro con incumplimientos sustanciales como es el hospital neonatal de Santa Rosa de Copán, por el cual se han pagado un poco más de 118 millones de lempiras y aunque se prometió que estaría concluido el 26 de enero de este año, en la práctica, el avance de construcción apenas es de un 27 %.

La Comisión Liquidadora informó y mostró evidencias de cómo se encontraba el hospital y que los fondos del BID destinados para ese proyecto se habían suspendido por no existir avances en la ejecución. También denunció que la Secretaría de Salud invirtió 175 millones de lempiras en equipo biomédico para ese hospital que permanece guardado y a punto de perderse porque se adquirió para una edificación que no ha sido terminada.

Se espera que la Comisión Liquidadora entregue sus hallazgos de la situación del hospital neonatal de Santa Rosa de Copán a la fiscalía luego del trabajo que realizan en conjunto con el Tribunal Superior de Cuentas. Son los nuevos casos de presunta corrupción a los que está entrando la nueva administración del ministerio público.

Otro caso que también se encuentra en pesquisa, se relaciona con los abusos y presuntos delitos en que habría incurrido la directiva de la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional, entre ellos el expresidente de ese poder del estado, Luís Redondo.

Es la primera vez que el Ministerio Público entra de lleno a una pesquisa de esta naturaleza, sacudiendo el estamento de la clase política, en especial del partido Libertad y Refundación que alega ser objeto de una persecución política. La Fiscalía ha reactivado así las denuncias interpuestas en contra de esa comisión permanente y de Redondo por sectores de oposición política y ciudadanos, mientras le espera otro caso por investigar: los abusos de la expresidenta Rebeca Ráquel Obando al frente de la titularidad del poder judicial.

Uso desproporcionado de vehículos, seguridad personal con fondos públicos con viáticos para dar protección a su familia en giras al exterior, contrataciones irregulares, entre otros actos, han llevado al actual presidente del poder judicial, Wagner Vallecillo, a informar que ha pedido al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas iniciar una investigación al respecto.

Esa solicitud—aprobada por el pleno de magistrados del poder judicial—se extiende también a la administración del expresidente de ese poder del estado, Rolando Argueta, se informó. Las nuevas autoridades de la corte de justicia buscan dar a ese cuestionado poder del Estado un giro de decencia, a raíz de las investigaciones que realice la fiscalía.

Crimen y narco, también pendientes

A estos hechos que pondrán a prueba la independencia y autonomía del ministerio público y su nuevo fiscal general se encuentran casos de impacto ligados a crímenes y hechos de supuesta narcoactividad que golpean también a la clase política.

Uno de ellos es el caso del ambientalista Juan López, exregidor de la comuna edilicia de Tocoa, Colón, defensor de los territorios que fue asesinado el 14 de septiembre de 2024. El fiscal Reyes Theodore desempolvó en parte ese caso al lograr que un tribunal ordenara la captura del exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, junto a otras personas por presumir ser uno de los autores intelectuales en el crimen de López.

Fúnez fue capturado en su casa de habitación en Tocoa, alega su inocencia, pero un juez determinó la prisión preventiva y se mantiene resguardado en una cárcel del país. Fúnez, uno de los cuadros allegados a la entonces familia presidencial en el gobierno de Libre, es investigado también por presuntos ligues con la criminalidad organizada y supuestos delitos de corrupción, según trascendió a los medios de prensa.

El otrora poderoso alcalde de Tocoa, polémico por su gestión de casi 20 años en esa localidad, adquirió mayor notoriedad al trascender un video en el cual se le ve acompañando al entonces secretario del congreso nacional, Carlos Zelaya—cuñado de la expresidenta Castro y hermano del expresidente Manuel Zelaya—en una negociación con capos de la droga hondureña sobre sobornos para la campaña política electoral de Libre en el 2013.

El entonces Fiscal General, Johel Zelaya, minimizó ese video, dijo que no era algo muy contundente y archivó el caso, pero se espera que ante nuevos hechos surgidos a raíz de ese narco-video, el nuevo fiscal Pablo Emilio Reyes Theodore entre con fuerza a esos nexos políticos con la criminalidad organizada y el financiamiento ilícito de campañas políticas en Honduras que salpica a la mayoría de los partidos políticos hondureños.

Y el fiscal Reyes Theodore sorprendió con otra de sus acciones: la captura del exdiputado suplente de Libre por Copán, Víctor Hugo Romero Murillo, por presunta vinculación en un crimen relacionado al secuestro y posterior muerte de uno de sus hijos. Junto a él fueron capturadas otras 4 personas.

Murillo rechaza las acusaciones, pero sigue preso en una cárcel hondureña por determinación judicial, al tiempo que los medios de prensa reportan que el ex legislador podría ser investigado también por delitos ligados a la narcoactividad.

El ministerio público y la gestión del actual Fiscal General intenta levantarse del marasmo en que había caído en donde uno de los “casos estrellas” del exfiscal Johel Zelaya, fue acusar sin pruebas contundentes a cuatro ciudadanos por presunto terrorismo y conspiración para atentar contra el expresidente Manuel Zelaya y desestabilizar al gobierno de la entonces mandataria Xiomara Castro.

Las pruebas de la fiscalía fueron unas expresiones vertidas en un chat de WhatsApp, pero los imputados no se conocían entre sí, no les encontraron armas, ni nada que evidenciara que se estaba frente a una conspiración y un posible magnicidio. Ellos siguen con causa abierta en los tribunales como ejemplo de cómo se fabrican casos de humo en Honduras, que han puesto en entredicho a la fiscalía y al resto de los operadores de justicia. Ahora, con la nueva administración fiscal, el Ministerio Público comienza a sacar y abrir nuevos asuntos pendientes.