Una década sin Consejo de la Judicatura obliga a crear uno sin los errores del pasado

Diez años se van a cumplir –el 15 de marzo– desde que se declaró inconstitucional la ley que creó al Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial (CJCJ), y que durante su funcionamiento dejó una estela de actos irregulares que provocaron su desaparición en vista que no abonó a gestionar debidamente el recurso humano y a administrar correctamente los fondos del Poder Judicial.

– Ingresar por carrera y no a la carrera al Poder Judicial, sugiere la expresidenta Vilma Cecilia Morales.

– La presidenta de la CSJ pactó el retiro de superpoderes por la no aplicación del juicio político, según aseveró el exmagistrado Ivis Discua.

La creación de un nuevo Consejo de la Judicatura toma vigencia luego que el Congreso Nacional aprobara, la noche del martes, una ley que desconcentra el poder absoluto en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La iniciativa fue modificada y se aprobó que mientras se elijan los miembros del Consejo de la Judicatura, será el pleno de magistrados del Supremo, que actuará de manera colegiada, y los que ejercerán la facultad de seleccionar, nombrar, ascender, trasladar y permutar jueces, magistrados, defensores públicos, supervisores y personal administrativo.

Para las facultades disciplinarias y de despidos, el pleno del Supremo debe aprobar un mecanismo para que al menos tres magistrados propietarios conozcan dichos procedimientos.

El decreto –además– establece que las facultades administrativas las seguirá ejerciendo la presidencia de la CSJ previa aprobación del Plan Operativo Anual por el pleno, con rendición de informes trimestrales.

Según aseveraciones del exmagistrado de la CSJ, Ivis Discua, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, pactó que se le quitará las facultades administrativas en el Poder Judicial a cambio que no la sometieran a un juicio político desde el Congreso Nacional.

“Yo tengo conocimiento que la presidenta (Obando) ya sabía que se le iba sustituir esto (facultades) porque tuvo una reunión con uno de los más altos funcionarios y ella cedió a esas circunstancias”, reveló Discua.

Estela de abusos de Ráquel Obando

La decisión del Congreso hondureño de retirar “los superpoderes” que concentraba la presidenta de CSJ, Rebeca Ráquel Obando, fueron antecedidos por denuncias de abusos que van desde nombramientos por compadrazgos, traslados de cargos judiciales sin justificación, despidos infundados, ascensos sin méritos profesionales, retardo en aplicación de exámenes de notariado y beneficio de incrementos salariales a personal afín a la presidencia de ese poder del Estado.

Actores judiciales han denunciado una estela de abusos de la magistrada presidenta Ráquel Obando. Para el caso, Ana Cardona, presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (Asomaj), ha sido reiterativa al señalar “una piñata” de nombramientos y traslados sin justificación por parte de la actual titular.

A inicios de este año, Cardona reiteró su denuncia que dentro del Poder Judicial se realizan nombramientos de dedo que sean afines a Ráquel Obando.

Especificó que el coordinador de la Asociación de Jueces por la Democracia, Guillermo López Lone, fue favorecido con estos nombramientos de dedo en el circuito de crimen organizado, narcotráfico y delitos de alto impacto reemplazando a la abogada Julissa Aguilar.

Siempre, en enero de este 2026, se informó que la presidenta Raquel Obando, aprobó el ascenso y traslado de forma interina del abogado José Abraham Rosa Sánchez del cargo de Escribiente III asignado al Juzgado de Letras de lo Penal en el Distrito Central a Juez del Tribunal de Sentencias.

Rosa Sánchez sustituyó a Lidia Margarita López Hernández, quien a su vez fue ascendida a otro cargo con un salario de 68 mil 822 lempiras.

Se conoció que el abogado Rosa Sánchez fue quien conoció las causas contra el presidente Nasry Asfura y el caso de fraude en la alcaldía de San Pedro Sula, Cortés que involucra al yerno del alcalde Roberto Contreras.

Frente a estas acciones, el magistrado presidente de la Sala Constitucional, Luis Fernando Padilla, pidió a la presidenta Ráquel Obando la creación de una comisión de cuatro magistrados de la CSJ para que revisen los dos anteproyectos de la Ley de Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.

Igualmente, en represalias a sus constantes denuncias, Ana Cardona fue destituida como coordinadora de Juzgados de Familia en enero de 2025.

Mientras, en noviembre de 2024 se conoció que en el Poder Judicial se realizaban movimientos internos que, aunque pasaban desapercibidos, generaron críticas y sospechas sobre la falta de transparencia y el aparente desvío de los procedimientos establecidos.

Otra de las prácticas de la magistrada Ráquel Obando son los despidos injustificados en una clara violación a la carrera judicial. En 2023 se informó el despido de la abogada Fátima Baide San Martín, con 37 años de carrera, quien es la madre de la exdiputada Fátima Mena.

El irrespeto en el turno de la coordinación de las diferentes salas de la CSJ, la falta de convocatorias al pleno para conocer asuntos urgentes de la nación y la dilatación en la programación de los exámenes del notariado también forma parte de los cuestionamientos hacia la jefa del Supremo hondureño.

Nepotismo y conflicto de intereses

El diputado Jorge Cálix también ha arremetido contra la jefa del Supremo. Aseveró que Ráquel Obando no está capacitada para dirigir el Poder Judicial, “su único mérito es ser parte del familión y es familia de la presidenta Castro, están emparentados, son familia. Ella se graduó en el 2004, el resto de los compañeros de su edad estudiaron en la universidad en los ochenta, tienen más de 20 años de experiencia que ella”.

En esa declaración de agosto de 2024, Cálix insistió que Ráquel Obando no tenía los méritos profesionales, además su anterior trabajo fue como corredora de seguros.

“Se cumplen los requisitos para hacerle un juicio político, está muy comprometida, ahí tiene un montón de familiares, hay expedientes perdidos de sus yernos acusados por lavado de activos”, señaló Cálix.

Entre esos parientes mencionó a Guillermo Noriega (Expediente SCO-0178-2023), así como otros de Ramón Matta Waldurraga. “Existe conflictos de intereses, los expedientes están perdidos, y dicen que los están reconstruyendo sin la participación del Ministerio Público”, refirió el diputado Cálix.

(LEER): Consejo de Judicatura despolitizado, urgente para detener creciente impunidad

Historia del Consejo

Es importante mencionar que la Ley del Consejo de la Judicatura se aprobó el 25 de noviembre de 2011, pero los consejeros iniciaron a ostentar sus cargos hasta octubre de 2013.

El consejo se integró por: Julio César Barahona, Francisco Quiroz –hoy subprocurador de la República– y Teodoro Bonilla como propietarios, además de los suplentes: Liliam Maldonado y Celino Aguilera.

Es importante recordar que los cinco consejeros de la Judicatura, tres propietarios y dos suplentes, dimitieron de sus cargos el 4 de marzo de 2016. Todos arguyeron “motivos personales” para interponer sus renuncias tras escándalos que los involucraron.

Las renuncias de los cinco profesionales del derecho estuvieron antecedidas de escándalos durante su gestión. Se denunció por el entonces titular del Poder Judicial, Rolando Argueta, que los señalados abusaron de viáticos, nombraron parientes en cargos y destituyeron personal en forma injustificada.

Se prevé que con la creación de un Consejo de la Judicatura se superen los entuertos administrativos, pero bien conformado, sin que siga la estela de corrupción que se originó en el pasado y para ello se debe de instalar una mesa de diálogo conformada por el pleno de magistrados, la presidenta de la CSJ y diputados del Congreso Nacional.

El Congreso hondureño conformó una comisión especial para sostener reuniones con el pleno del Supremo con el afán de entablar acuerdos para la elaboración de la ley que dé vida a un nuevo consejo.

En sus declaraciones de este miércoles, la magistrada Ráquel Obando aceptó que existen dos proyectos elaborados que deberán ser revisados para consolidar uno solo.

Crear de forma inmediata el CJCJ

La extitular de la CSJ, Vilma Morales, aplaudió que el Congreso haya legislado para quitar las facultades administrativas a la cabeza del Poder Judicial. “

Morales, que gobernó el Poder Judicial de 2002 a 2009, recordó que cuando fungió las decisiones administrativas las tomaba el pleno.

“Creo que lo que más urge no sólo es transitoriamente esta medida, sino el aprobarla prontamente la ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Eso le dará una certidumbre al país y certeza jurídica a toda la inversión al tener jueces que estén siendo formados e ingresados al sistema con procesos formales y correctos, profesionales correctos, capacitados, que únicamente tengan su vista, su análisis a la ley, a los códigos, a la jurisprudencia y a la doctrina”, describió.

La expresidenta de la CSJ, ejemplificó en el caso de demandas laborales en el gobierno y en las alcaldías, y se preguntó: “¿Qué está pasando con los jueces y las decisiones judiciales? ¿Quiénes son esos jueces? ¿Cuándo entraron? ¿Quién los nombró? Realmente habrá que hacer mucho estudio y mucho análisis en la responsabilidades y deducciones que habrá que habrá que realizar”, esbozó.

En esa misma línea, se preguntó qué está pasando con la Inspectoría de Tribunales y el clamor de jueces removidos, trasladados o cancelados, en donde no ha existido un miramiento de ninguna naturaleza.

Abogó para que los integrantes de un eventual Consejo de la Judicatura sean debidamente seleccionados con base a la meritocracia para llegar a ocupar esos espacios en el sistema de justicia del país.

Descartó que con el Consejo de la Judicatura se cree un poder paralelo al Judicial.

“Una cosa es la parte jurisdiccional, que es a lo que debe de concentrarse la más alta administración de justicia como es la Corte Suprema de Justicia y otro es el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que se dedicará exclusivamente a la administración del Poder Judicial”, arguyó.

Consejo de la Judicatura sigue siendo un órgano

El diputado Mario Pérez dijo que la finalidad primordial es que el Poder Judicial pueda tener el mejor personal, por lo que los nombramientos deben de ser en base a la carrera judicial.

“Ante el vacío y la ausencia del órgano encargado de hacer la selección que es el Consejo de la Judicatura las funciones han estado bajo la figura de la presidencia de la Corte, el Consejo de la Judicatura sigue siendo un órgano vivo en la Constitución de la República, sigue mencionándose en dos artículos y proceder a la elección de sus miembros, pero mientras tanto ¿quién va a nombrar a un juez cuando se necesite?”, detalló.

A su juicio por mientras se establece lo del Consejo de la Judicatura debe de ser el pleno de magistrados el que tome decisiones bajo los parámetros ya establecidos en la carrera judicial.

Avanzar con la Ley del Consejo de la Judicatura

Mientras que el magistrado del Poder Judicial, Mario Díaz, pidió avanzar con la Ley del Consejo de la Judicatura.

“El problema radica en que no hay una ley actualizada de la carrera judicial moderna de manera consensuada tanto por el legislativo y el judicial que somos directamente los interesados o afectados por la vigencia de esta norma”, sostuvo.

En ese sentido, pidió a los diputados del Congreso Nacional tratar de avanzar con la Ley del Consejo de la Judicatura.

Análisis profundo

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, dijo a Proceso Digital que la creación de una Ley del Consejo de la Judicatura debe tener un análisis profundo.

Sostuvo que la carrera judicial por reformas que se hicieron en 2010, donde se creó el Consejo de la Judicatura y ahí mismo se crea el artículo 3 que es transitorio en donde se establece que durante o mientras se crea la nueva Ley del Consejo de la Judicatura quien asume la responsabilidad administrativa es quien preside ese poder del Estado.

Agregó que fue así como empezó el expresidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, quien tuvo esa facultad de darle vida al Consejo de la Judicatura y se nombran a sus integrantes.

Afirmó que durante estos dos últimos periodos no se ha visto la voluntad de crear una nueva Ley del Consejo de la Judicatura.

A su juicio el nombramiento de los magistrados que integrarán el Consejo de la Judicatura debe de ser del pleno de magistrados de la CSJ.

Congreso debe regular abusos de la Corte

El Congreso Nacional debe impulsar sin demora la iniciativa para regular las atribuciones administrativas del Poder Judicial, ante la ausencia de una Ley de la Judicatura vigente, afirmó el abogado constitucionalista y profesor universitario Juan Carlos Barrientos.

En declaración a Proceso Digital, el experto afirmó que esta medida corregirá usurpaciones de facultades por parte de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien realizó nombramientos, despidos y traslados ignorando el carácter colegiado del órgano.

Si se necesita un Consejo de la Judicatura

Mientras que el analista hondureño Julio Larios dijo a Proceso Digital que si se necesita un Consejo de la Judicatura para que se encargue de las atribuciones administrativas del Poder Judicial.

“Así los magistrados se dedican a impartir justicia, en Honduras es el único país donde hay tres entes representantes electorales con representantes de cada partido y todo eso solo los lleva a lo absurdo y a lo ridículo”, sostuvo.

Apuntó que es necesario que se haga la Ley del Consejo de la Judicatura, pero que se haga bien y que esto no genere más impunidad en el país.

Todo en exceso es malo

Para el abogado Olbin Sarmiento todo en exceso es malo, por lo que si se hace una nueva Ley del Consejo de la Judicatura debe quitar todo lo malo y mejorarla.

En declaraciones a Proceso Digital explicó que la nueva ley debe de tener más facultades para que no tenga excesos y que sea mucho mejor.

“Si es necesario para que la parte administrativa funcione para eso y los magistrados para impartir justicia”, apuntó.