Senadores demócratas exigen al DOJ abrir investigación de derechos civiles por la muerte de Renee Good

Un grupo de senadores demócratas, encabezados por Alex Padilla y Adam Schiff, ambos representantes de California, junto con el senador Peter Welch (por Vermont) se unieron para, como lo han solicitado los fiscales de carrera, exigir al Departamento de Justicia (DOJ) a que abra una investigación de derechos civiles por la muerte de Renee Nicole Good, quien fue abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a principios de este mes en Minneapolis.

Los legisladores acusan al gobierno federal de negarse a aplicar las leyes de derechos civiles para priorizar la agenda migratoria del presidente Donald Trump. En una carta enviada a la fiscal general adjunta Harmeet Dhillon, los senadores —todos miembros del Comité Judicial del Senado— señalaron que la decisión del DOJ de no investigar el caso contradice prácticas históricas de administraciones tanto demócratas como republicanas, que solían abrir investigaciones de derechos civiles tras enfrentamientos mortales con agentes del orden, incluso cuando no era probable la presentación de cargos penales.

La presión legislativa surge tras la negativa rotunda de la Fiscal General Adjunta, Harmeet Dhillon, de indagar el proceder del agente migratorio. En una carta enviada al DOJ, los senadores calificaron esta omisión como un “cambio radical” y peligroso que prioriza la agenda de deportación masiva del presidente sobre el cumplimiento de las leyes de derechos civiles.

La misiva fue firmada también por figuras clave del Partido Demócrata, entre ellas Dick Durbin, Richard Blumenthal, Cory Booker, Amy Klobuchar y Mazie Hirono.

Renuncias, presión interna y cuestionamientos al DOJ

De acuerdo con informes públicos citados en la carta, varios fiscales federales de carrera dentro de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia se ofrecieron a liderar la investigación del tiroteo contra Good.

Sin embargo, Dhillon dejó claro que la División no abriría el caso, postura que fue respaldada públicamente por el fiscal general adjunto Todd Blanche, quien afirmó que no existía “base” para una pesquisa de derechos civiles.

Esa afirmación, subrayan los senadores, contradice la evaluación preliminar de un agente del FBI, quien determinó que sí existían fundamentos suficientes para iniciar una investigación federal por posibles violaciones a la ley.

La presión desde Washington habría provocado la renuncia de un alto funcionario del FBI en Minneapolis, así como la salida acelerada de varios fiscales de carrera, incluido el jefe de la Sección Penal de la División de Derechos Civiles.

Los senadores calificaron esta decisión como “sumamente inusual”, ya que, según denunciaron, se ordenó a los agentes federales excluir a las autoridades locales de la investigación y no compartir material relevante.