a Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó una moción que refuerza la supervisión de los datos recopilados por los lectores automáticos de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés) utilizados por el Departamento del Sheriff.
La moción presentada hace unos días por la supervisora Hilda Solís, tiene como objetivo limitar el acceso de los agentes federales de inmigración a los datos que identifican los lugares de conducción de los angelinos.
Una de las finalidades más importantes de la medida, es que fortalece las leyes existentes que prohíben a las autoridades locales divulgar datos de matrículas de los conductores a agencias federales, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), si es que no se presenta
una orden judicial adecuada.
La aprobación de la medida se produce mientras las redadas continúan en el sur de California.
Según un informe de agosto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), desde el mes de junio se ha arrestado a un poco más de 4.000 personas.
Aunque DHS informó de una desaceleración en los arrestos, las operaciones de deportación han persistido. Es por eso que más allá de conocer sus derechos y el temor de ser detenidos, los angelinos se han preocupado por las posibles violaciones de su privacidad, como el posible intercambio de datos personales con las agencias federales.
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