Conadeh insta al Estado a proteger la labor que realizan defensores del ambiente y de la tierra

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) instó hoy al Estado hondureño a garantizar el ejercicio de la defensa de la tierra, el territorio y del medio ambiente, a través de medidas sustanciales encaminadas a proteger la vida e integridad física de sus defensores.

En el marco del Día Mundial de la Tierra, que se conmemora el 22 de abril de cada año, el coordinador de la Defensoría de Pueblos Indígenas y Afro-hondureños del Conadeh, Frank Cruz, destacó la importancia de proteger el ambiente, así como fomentar una conciencia global sobre los desafíos ambientales que enfrenta el país, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

En ese orden, destacó el trabajo que realizan los defensores de la tierra, el territorio y del ambiente en el país, pese a que se ha convertido en una labor de “alto riesgo” para quienes la ejercen.

Alrededor de medio centenar de personas perdieron la vida violentamente, en Honduras, por defender la tierra, el territorio y el derecho al ambiente, entre el 2020 y el 2025, muchos de ellos  en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades encargadas de la seguridad y la investigación en el país, según el ente estatal.

Indicó que, en los últimos años, la criminalización hacia los defensores que buscan proteger la tierra, los ecosistemas y sus territorios, se ha convertido en un peligro tanto para ellos como para sus familiares.

Entre el 2020 y lo que va del 2025, alrededor de 50 defensores de la tierra, los territorios y del ambiente perdieron la vida en circunstancias violentas, lo cual es condenable, dijo Cruz.

En este ambiente de inseguridad al menos  una decena de departamentos del país fueron escenario de muerte para defensores de la tierra, el territorio y del ambiente, sin embargo, el alrededor del 77% de los caos se registraron en Colón, Atlántida y Yoro.

Entre el año 2022 y 2024, el Conadeh atendió 89 quejas por violaciones al derecho a un ambiente sano, identificando que, en su mayoría, son derivadas por conflictos socioambientales por la superposición de los intereses de las empresas o de los terceros contra los derechos de poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Entre los sectores vulnerables mencionó a los pueblos indígenas, comunidades afro hondureñas,  campesinos y defensores de derechos humanos, que cuentan con recursos naturales y bienes comunes en sus territorios.

Ante este escenario de violencia, Cruz considera que el Estado hondureño debe redoblar sus esfuerzos para que estos crímenes no queden impunes y exista una debida diligencia en las investigaciones para esclarecer los hechos.

Indicó que Honduras urge de una política pública integral de protección para los defensores y defensoras de la tierra, los territorios, del ambiente.

“La impunidad de los asesinatos y de otros delitos cometidos contra los defensores de la tierra, los territorios y del ambiente, alimenta aún más la violencia en contra de ellos”, cuestionó.

Muchos de los defensores de la tierra, los territorios y del ambiente son también objeto de amenazas a muerte, persecución, intimidación, judicialización, atentados, detenciones, hostigamiento, agresiones físicas, represión y difamación, señaló.

Mencionó, para el caso, que, las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas están intrínsecamente ligadas a la defensa de sus tierras. La comunidad Lenca, Tolupán, Garífunas, Chortí, Pech y Misquito que tratan de proteger sus tierras ancestrales se enfrentan a menudo a la criminalización, la estigmatización y el acoso judicial.

De las casi 20 sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CORTE IDH) contra el Estado de Honduras, desde 1989, tres de ellas están relacionadas con el asesinato de ambientalistas.

El primer caso fue el Blanca Jeannette Kawas, asesinada el 6 de febrero de 1995.  El segundo caso fue el de Carlos Escaleras, un reconocido defensor del ambiente y de los derechos humanos, asesinado el 18 de octubre de 1997 en Tocoa, Colón. El tercer caso es el de Carlos Antonio Luna López, representante del Movimiento Ambientalista de Olancho, asesinado el  18 de mayo de 1998.